Interpelaron al Mides por la muerte de una adolescente en Rivera: “La situación del INAU es insostenible”, aseguró Nane

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) interpeló este jueves desde las 10.00 a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por la situación actual de los centros de atención de niñas, niños y adolescentes.

La citación al titular del Mides, Alejandro Sciarra, y demás autoridades se enmarcó en el caso de la muerte de una adolescente de 16 años que estaba embarazada, se encontraba bajo el amparo del INAU en Rivera y era víctima de explotación sexual en el marco de salidas no acordadas. La joven falleció el 8 de mayo, luego de que se le realizara una cesárea ante un parto prematuro.

Al finalizar la interpelación, la bancada de senadores del FA solicitó la “renuncia del Directorio del INAU, de su directora general, de la Dirección Departamental de Rivera, de la Dirección del Hogar Femenino de Rivera y de la Coordinación del Hogar Femenino de Rivera, como así también de la Dirección Departamental de Rocha”, y le solicitó al Poder Ejecutivo que declare “la emergencia nacional de las infancia y adolescencias, disponiendo de fondos presupuestales o extra-presupuestales que posibiliten y habiliten contar con mayor recursos materiales y humanos de manera inmediata”. La moción no fue aprobada.

En cambio, la cámara aprobó por 15 en 28 votos la moción que propuso el oficialismo, que expresó “su respaldo a lo expresado por el señor ministro [de Desarrollo Social] y el director del INAU en atención a que se ha observado el estricto cumplimiento y apego a lo dispuesto por la Constitución de la República, siendo satisfactorias sus respuestas a todas las interrogantes planteadas en sala”.

Nane: “Si no rompemos el círculo de desprotección, rompemos a las gurisas”

Al inicio de su exposición, que duró un poco más de una hora, Silvia Nane aseguró que la situación de la adolescente fallecida en Rivera “dejó al descubierto las distintas vulneraciones” que transitó antes, y “abrió un debate sobre hechos invisibles, que son las situaciones que viven las niñas, niños y adolescentes bajo sistema de protección del INAU”.

“Decidimos hacer esta interpelación porque la situación del INAU es insostenible o, mejor dicho, porque el INAU no sostiene las vidas de niñas, niños y adolescentes”, apuntó la senadora, y advirtió que “seguramente sea una sesión incómoda”. “Quiero invitarles a transitar esa incomodidad con respeto y a no conformarse con el estado de las cosas”, agregó.

En ese sentido, dijo que su presentación apuntaba a “entender cómo funciona el circuito de desprotección, para ver si podemos romperlo por algún lado, porque, si no lo rompemos, rompemos a las gurisas y a los gurises”. “Es imprescindible que pensemos urgente algo que cambie aunque sea un poquito para bien la vida de estos gurises y gurisas, porque hay que hacer lo que está bien, y esa razón debería bastar. Aun si no bastara, hay muchas otras razones que vamos a compartir en esta sesión”, señaló.

Nane aseguró que el caso de Rivera es sólo uno de muchos otros que revelan que “tenemos un sistema de protección que no protege”, entre otras cosas porque “está desbordado” y porque “no funcionan las interacciones” entre los distintos actores involucrados.

En ese sentido, se refirió a cifras de 2022 del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), que señalan que 30% de las víctimas de explotación sexual ese año eran infancias y adolescencias “bajo protección estatal, es decir, bajo protección del INAU”. “Es una cifra grande para una institución que debería cuidarlos y no exponerlos a situaciones de riesgo”, enfatizó.

Planteó otros datos para dimensionar el problema. Por un lado, dijo que hay un aumento sostenido de los oficios que presenta el Poder Judicial para solicitar la intervención del INAU ante situaciones de vulneración de derechos. Entre 2020 y 2023 prácticamente se duplicaron.

Por el otro, puntualizó que entre 2020 y 2023 creció 21% el ingreso de niñas, niños y adolescentes a centros del INAU, y dijo que una de las cosas “más preocupantes” es cómo se puede ver en estos casos la “asociación entre internación, institucionalización y pobreza”. En esa línea, dijo que, entre los motivos de ingreso al sistema de protección, el factor “problemas vinculados a condiciones materiales de la familia” se duplicó en los últimos años. “¿En serio no hay nada que hayamos podido hacer cuando se nos venían los gurises encima antes de recurrir a la institucionalización? Nadie elige dónde nace”, afirmó Nane, apelando específicamente a las autoridades del Mides.

La senadora frenteamplista enumeró distintos centros residenciales del INAU donde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Institución Nacional de Derechos Humanos detectaron diversas situaciones irregulares, como condiciones edilicias “espantosas”, “sobrepoblación”, violencia “entre adolescentes y entre funcionarios” e incluso infancias y adolescencias con medicación psiquiátrica pero sin seguimiento médico, y dijo que, frente a distintos informes, la respuesta del INAU fue tardía o nula.

Nane también mencionó el problema de las salidas no acordadas, en las que las gurisas y gurises quedan “expuestos al riesgo”, en situaciones de consumo problemático de sustancias y explotación sexual, entre otras, y dijo que muchas veces “no salen a buscarlos”. En 2023 hubo más de 9.400 de estas salidas no autorizadas en hogares del INAU, según informó la legisladora. “No nos preguntemos adónde se van los gurises, sino de dónde se van”, apuntó.

“El problema no es Rivera, pero en Rivera hay un problema”

Nane dijo que a partir del caso de Rivera “nos encontramos con otros en todo nuestro país”. “El problema no es Rivera, pero en Rivera hay un problema que, si no lo miramos, no lo vamos a entender”, afirmó la senadora, antes de detenerse en la situación crítica en este departamento.

En ese sentido, aseguró que Rivera es el departamento en donde 75% de las situaciones de explotación sexual “se da con niñas, niños y adolescentes que viven en hogares del INAU”. Le siguen, “de lejos”, Maldonado y el resto de los ocho departamentos a los que llega el programa En Ruta de la organización Gurises Unidos, enfocado en la prevención, abordaje y acompañamiento de situaciones de explotación sexual en infancia y adolescencia. Nane dijo que en ninguno de esos departamentos las situaciones detectadas en hogares del INAU supera a las que se dan en contextos intrafamiliares u otros.

Por otra parte, dijo que los informes de los equipos itinerantes de Gurises Unidos indican “dificultades” para trabajar con el equipo del Hogar Femenino de Rivera. Remarcó que allí aparece que la dirección del hogar se contactó con la organización el 30 de noviembre de 2023 para pedir “orientación” respecto del caso de una adolescente víctima de abuso sexual y explotación sexual en Sant’Ana do Livramento. Gurises Unidos propuso una reunión urgente y desde el centro respondieron que “la gravedad era media y no ameritaba una reunión urgente”, por lo que el encuentro se llevó a cabo 11 días después.

A esto se suma que un mes antes, en octubre de 2023, el Comité de Recepción Local (CRL) del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia “se retira de Rivera y dice en un informe que se presentaron ‘dificultades de funcionamiento’, ‘discrepancias técnicas’ y la ausencia reiterada de representantes del INAU”, relató Nane. “Dejó de reunirse el CRL en uno de los departamentos con mayores índices de explotación sexual. ¿Cómo es posible? ¿Se hizo algo para restituir los vínculos interinstitucionales?”, cuestionó la senadora.

Antes de plantear las preguntas concretas para las autoridades del INAU y el Mides, recordó que todo esto se da en un momento de “retiro del Estado del territorio” y cuando el “INAU parece que ahorra plata”, al haber devuelto 60 millones de dólares a rentas generales entre 2020 y 2023.

La respuesta del INAU

Cuando fue el turno de Sciarra, el ministro le cedió la palabra al presidente del INAU, Guillermo Fossati, para que se encargara de responder las 66 preguntas dirigidas mayoritariamente a este organismo.

El jerarca empezó su oratoria respondiendo directamente a una crítica que minutos antes había hecho Nane, cuando cuestionó a Fossati por decir que la adolescente que falleció en Rivera “mostraba indiferencia a los peligros a los que se exponía” y sugerir así, a su entender, que “la culpa fue de ella”. El presidente del INAU contestó: “Efectivamente y lamentablemente, por las situaciones que transitan”, algunas adolescentes que están al amparo del INAU “terminan perdiendo la capacidad de poner freno a sus conductas y se enfrentan a riesgos”.

Durante el resto de la exposición, Fossati no respondió a las preguntas concretas planteadas por la senadora del FA, sino que brindó un panorama general sobre distintas acciones que desarrolla el INAU para fortalecer el sistema de protección a la infancia y la adolescencia.

En particular, reconoció que es necesario “reforzar el trabajo interinstitucional” para generar un “efectivo sistema nacional para la defensa de los derechos de niños y adolescentes”, así como “fortalecer las estructuras y mecanismos operativos”, y “las políticas, programas y servicios para que el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que está en nuestras leyes, se refleje en su vida cotidiana”.

Por otra parte, explicó que el foco del instituto está en el “acogimiento familiar” y en su promoción como una alternativa a la institucionalización.

Luego le cedió la palabra a la directora general del INAU, Dinorah Gallo, que se encargó de responder a las preguntas sobre cómo aborda el organismo los casos de explotación sexual. La jerarca dijo que cuentan con cuatro equipos dedicados a la atención de niñas, niños y adolescentes en estas situaciones: el Proyecto Travesía (que funciona en Montevideo), uno que opera en Paysandú y dos equipos itinerantes que trabajan en los demás departamentos en el marco de convenios con Gurises Unidos y El Paso.

Gallo dijo que el objetivo general de estos dispositivos es “promover la protección y el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de trata y explotación sexual”, mientras que el objetivo específico es “brindar atención integral tendiente a modificar la situación”. También dijo que se contempla que sean “espacios de encuentro donde desarrollar actividades de disfrute” y que puedan alcanzar “la construcción de un proyecto de vida alternativo”. Resaltó que todo el trabajo se hace desde un “enfoque de género y diversidad”.

Después de esto se votó un cuarto intermedio. Cuando se reanudó la sesión, Nane dijo que, por el momento, no había habido respuestas concretas a las preguntas que planteó, sino citas a “manuales de procedimiento” y “marcos teóricos”. “No venimos a discutir marcos teóricos, sino cuestiones que están pasando hoy. Al principio me tomé el atrevimiento de invitarnos a permanecer en la incomodidad de lo que no nos gusta, pero no lo vamos a hacer, seguimos respondiendo con manuales de procedimiento”, apuntó la senadora, y agregó: “Tengo la esperanza de que, en lo que queda de este tiempo, alguna pregunta sea respondida”.

Por otra parte, puso en cuestión que el abordaje de la explotación sexual tenga un enfoque de género, como aludió Gallo, “con un presidente del INAU que sigue sosteniendo que es una característica de la vulneración que la gurisa que se murió en Rivera quisiera tener muchos novios; no puedo discutir sobre esas bases de contradicción”.

Aclaraciones sobre el caso de Rivera

Después del cuarto intermedio, la titular de la Subdirección General de Gestión Territorial del INAU, Marina Cal, brindó algunas respuestas a las preguntas sobre cómo se manejó el caso de la adolescente que falleció en Rivera.

Entre otras cosas, dijo que hubo instancias de contacto con el equipo de En Ruta en Rivera “en distintas oportunidades” y que en la mayoría “seguramente fue abordada la situación de la adolescente en cuestión y de otras adolescentes”. Al mismo tiempo, confirmó que quienes integraban el equipo que trabajaba en el Hogar Femenino al momento de la detección de la situación de violencia sexual de la adolescente continúan en sus cargos, excepto por el caso de una técnica que pasó a desarrollar funciones en un centro de varones.

Cal dijo que las repercusiones de la muerte de la adolescente en sus compañeras “son varias”, incluidas “la posible identificación con las situaciones vividas, el inevitable dolor por la pérdida, consumir noticias sobre su compañera en redes e informativos”. La directora señaló que el equipo técnico y los educadores que trabajan en el centro “intentaron e intentan abordar el hecho traumático a nivel grupal y a nivel individual si se requiere”.

Acerca de la situación de la hija de la adolescente fallecida, Cal afirmó que está en buen estado de salud, con los controles médicos al día, y que en julio ingresó a un hogar infantil. Según dijo, el 3 de setiembre habrá una audiencia para “continuar determinando su situación en términos jurídicos”. Además, aseguró que la Fiscalía solicitó un examen de ADN de la niña y el presunto progenitor.

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Carlos Camy: “Falta un compromiso mayor del sistema político”

En su intervención, el senador del Partido Nacional Carlos Camy aseguró estar “conforme” con las respuestas de las autoridades del INAU y consideró que lo ocurrido “no era para una interpelación”, sino que se podría haber “saldado en el ámbito de una comisión correspondiente en la comisión permanente que lleva estos temas”. Sin embargo, señaló que cree que “hay una suerte de lavado de conciencia” y que “falta un compromiso mayor del sistema político de contralor de la gestión del INAU” y de “seguimiento de las responsabilidades de la gestión”.

“Las respuestas nacionales tienen que surgir, y así se espera del coraje de dialogar entre los que tenemos diferencias, no en enfrentarnos cada vez que tengamos un problema difícil”, apuntó el senador, y añadió que “este problema de hoy no es nuevo, todos sabemos que no es nuevo”.

Por su parte, la senadora del FA Sandra Lazo estuvo de acuerdo con que “es un problema de todos” pero que “hay algunos que tienen más responsabilidad que todos”. “Esa responsabilidad histórica de la que hablábamos nos toca cuando asumimos una responsabilidad”, indicó. “Es una preocupación que además, para descartar cualquier tipo de suspicacia del momento político que vivimos [por las elecciones nacionales], también le preocupa a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ha hecho recomendaciones en el caso de Rivera”, subrayó.