Entre risas y rodeada de funcionarios del Palacio Legislativo, la vicepresidenta Beatriz Argimón saludó a los medios de comunicación que estaban presentes y, de inmediato, “visto que notoriamente no hay quórum”, levantó la sesión extraordinaria de la Asamblea General que había sido citada para este miércoles a las 14.00 para tratar el veto del presidente Luis Lacalle Pou al artículo 72 de la nueva ley de medios. La sala de la Cámara de Representantes estaba absolutamente vacía.

Afuera, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez dijo a la prensa que los partidos políticos con representación parlamentaria “decidieron, entre las posibilidades que siempre existen, no ingresar a sala” e indicó que a partir de ahora “opera el mecanismo establecido en el artículo 139” de la Constitución de la República. Allí se establece que, una vez transcurridos 30 días desde la primera convocatoria de la Asamblea General, lo que formalmente ocurrió este miércoles, las observaciones del Poder Ejecutivo a la ley aprobada –es decir, el veto– “se considerarán aceptadas”.

Para levantar las observaciones del Poder Ejecutivo hacía falta una mayoría especial de tres quintos de la Asamblea General. El único partido contrario al veto era Cabildo Abierto, responsable justamente del artículo 72, que tiene tres senadores y 11 diputados, es decir, 14 de los 129 legisladores que componen la Asamblea General.

El artículo 72 consagraba el derecho de los ciudadanos a recibir “una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” e imponía a los medios de comunicación la obligación de dar información “imparcial” y “equilibrada” en “todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término”, y fue introducido en la Cámara de Senadores y aprobado con los votos de la coalición de gobierno. Sin embargo, cuando el proyecto de ley volvió a la Cámara de Diputados, el texto fue criticado por legisladores del Partido Colorado, que incluso amenazaron con no votarlo; no obstante, dado que no podían proponer cambios al tratarse de la tercera cámara, finalmente terminaron aprobándolo por segunda vez. Al día siguiente, Lacalle Pou lo vetó.

En el mensaje que envió a la Asamblea General, Lacalle Pou sostuvo que el artículo 72 suponía “una obligación incompatible con la libertad de expresión”, ya que “no sólo obliga a los medios a cómo deben comunicar”, sino que además define “qué tipos de contenidos deben comunicarse”. El presidente aseguró que observar este artículo “resulta imprescindible en un Estado de derecho” para “salvaguardar el derecho y la garantía jurídica de la libertad de expresión como derecho humano que deriva de la forma republicana de gobierno”.

Rodríguez estimó que la nueva ley de medios, que deroga la actual, será promulgada por el Poder Ejecutivo a principios de octubre. Consultado sobre la decisión de no ingresar a sala, donde tenía que producirse una votación nominal por sí o por no, consideró que “no tenía mucho sentido reeditar un debate que ya habíamos dado tanto en el Senado como en Diputados”. Resaltó que “había una mayoría muy importante” a favor del veto del Poder Ejecutivo.

El senador del Frente Amplio José Carlos Mahía coincidió en que “hoy no era la instancia de reabrir un debate”. En una rueda de prensa reiteró que la oposición comparte el veto de Lacalle Pou al artículo 72, “una parte de la ley que era muy peligrosa para la democracia”.

De todos modos, Mahía sostuvo que la nueva ley de medios “es mala” porque “cambia reglas de juego que eran buenas para el país” y “genera una concentración de medios en algunas pocas manos”, además de obstaculizar “una participación social y civil” en los medios de comunicación “que estaba instalada y que ya no está”. “Seguramente en el futuro se podrá volver a hablar de este tema; habrá que dar la discusión en otros términos y fuera de campaña” electoral, agregó.