Estados Unidos y Cuba, Panamá, Ruanda, Turkmenistán, los insulares Guam, Tonga y Samoa Americana y, por supuesto, El Salvador de Nayib Bukele son los únicos nueve países que, proporcionalmente, tienen más gente encerrada que Uruguay. Al cierre de 2023, en Uruguay había 435 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, una de las tasas de prisionización más altas del mundo.

Otro dato que sobresale en el informe anual del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que fue presentado días atrás en el Palacio Legislativo, es el aumento sostenido de la cantidad total de presos: había 14.968 a finales del año pasado, 559 más que en 2022 y 3.941 más que en 2019. Pero el número ya es viejo; la última actualización, correspondiente al 30 de abril, marca un nuevo récord nacional de 15.767 personas privadas de libertad en el sistema carcelario uruguayo, de las cuales 92% son varones.

El documento elaborado por Petit lo describe como “una tendencia de largo alcance” y señala apenas dos excepciones en las que hubo una contención “y hasta un descenso puntual de las cifras”. Por un lado, la ley de humanización del sistema carcelario (2005) y, por otro, la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (2018). Al margen de esto, la población penitenciaria ha aumentado de forma sostenida y “sin que haya señales que indiquen cuál será su límite”, advierte Petit.

Asimismo, dado que la gente entra y sale de las cárceles, el número actual de 15.767 personas privadas de libertad no refleja cabalmente la dimensión del sistema penitenciario. El año pasado, por ejemplo, hubo 10.850 ingresos y 9.931 egresos. En el informe se calcula que en el transcurso del año hubo más de 25.000 personas afectadas por la privación de libertad.

El comisionado parlamentario penitenciario advierte además sobre el nivel de hacinamiento general que existe en las cárceles administradas por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Actualmente la población penitenciaria excede “en más de 3.000 personas” las plazas disponibles, “superando el 120% de la capacidad nominal”. No obstante, el sistema carcelario es heterogéneo en este sentido, ya que configura la paradoja de que, mientras hay cárceles en las que “la situación es especialmente crítica”, al mismo tiempo hay otras “en las que se aloja a mucha menos población de lo que indicarían sus posibilidades”.

¿Qué cosas hay que hacer?

Todos estos números contribuyeron, de una manera u otra, a que en la noche del 28 de diciembre de 2023 seis reclusos fallecieran en el Comcar producto de un incendio intencional. Las muertes provocaron la conformación de una mesa interinstitucional compuesta por Petit, la Institución Nacional de Derechos Humanos y otros organismos estatales, que elaboraron un documento con las bases para una reforma del sistema penitenciario, el cual ya está siendo entregado a los candidatos presidenciales.

Y hay coincidencias. Por ejemplo, la mesa interinstitucional plantea llevar a cabo una transformación del INR para otorgarle mayor autonomía y “un nuevo formato de gestión y dirección política”. En los programas de gobierno del Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN) se prevé el traslado del INR desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –a crearse en un próximo período de gobierno– para priorizar la tarea rehabilitadora del INR. En el programa del Partido Colorado (PC), en tanto, se propone transformar directamente al INR en un servicio descentralizado.

La mesa interinstitucional también plantea el fomento de “acuerdos de trabajo” con empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para las personas liberadas. En este punto, las bases programáticas del FA hablan de “generar incentivos en el área privada para que se generen ingresos de liberados”, mientras que el programa del PN dice que “resulta necesaria la formación de un programa” que tenga “estímulos fiscales” para aquellas empresas que contraten personas liberadas.

También se propone desde la mesa interinstitucional la creación de mecanismos de asistencias para las familias vinculadas a las personas privadas de libertad, algo que está previsto expresamente en el programa del PC, que promete la “concreción de una política de saturación social para niños, niñas y adolescentes con familiares directos involucrados en el delito”.

Sin embargo, también hay diferencias. La mesa interinstitucional propone “revisar las normas penales” y “realizar los ajustes necesarios en la dosimetría penal” con el propósito de “bajar el hacinamiento y avanzar en la construcción de un sistema de medidas alternativas con capacidad de contención e integración social”, lo cual figura en el programa del FA, pero no en el del PC. En el programa del Cabildo Abierto, en tanto, se propone agravar las penas por tenencia de estupefacientes “según la cantidad de sustancias prohibidas incautadas”, aunque también se incluye la posibilidad de establecer “penas alternativas”.

“La alternativa real es un rediseño del sistema”

Un último dato: el Estado uruguayo gasta aproximadamente 42.000 pesos uruguayos por mes en cada persona privada de libertad, según marca el informe anual del comisionado penitenciario parlamentario. El cálculo, que incluye las remuneraciones del personal penitenciario, los gastos de funcionamiento de los centros de reclusión, las inversiones en infraestructura y demás, supone alrededor de 508.000 pesos al año por cada preso, unos 13.000 dólares.

Sin embargo, 83% de la población penitenciaria carece de condiciones de rehabilitación que permitan “oportunidades de integración social”. De hecho, 43% de las personas privadas de libertad cumplen su pena en condiciones “crueles”, porque implican un sufrimiento que podría y debería evitarse, “inhumanas”, porque atentan contra la dignidad humana, y “degradantes”, porque empeoran las posibilidades de tener una vida digna e integrada a la comunidad, de acuerdo a la clasificación presente en el informe de Petit. El comisionado parlamentario penitenciario señala además que el gasto diario en alimentación es de 88 pesos por cada preso, “cifra que viene cayendo año tras año”.

A modo de conclusión, Petit sostiene que Uruguay tiene “un sistema penitenciario que no coincide con su rica tradición en derechos humanos y políticas sociales” y asegura que “es inviable pensar que podemos seguir aumentando la cantidad de personas presas y creando más y más infraestructura carcelaria”. Hoy por hoy faltan 3.000 cupos, que equivalen a seis cárceles con capacidad para 500 personas, las cuales “al terminarse tendrían una nueva población sin cupo y requiriendo nuevas construcciones”, afirma en el informe.

Según Petit, “la alternativa real es un rediseño del sistema”, con medidas alternativas “fuertes y sustantivas” para los delitos que tienen penas cortas. “Las muy malas condiciones carcelarias de hoy son la fuente de muchos de los delitos de mañana; no habrá seguridad pública sólida sin un sistema penitenciario técnico, rehabilitador y con recursos”, manifestó.