Este jueves se firmó el contrato entre OSE y el Consorcio Aguas de Montevideo que habilita la construcción de una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana, conocido como proyecto Arazatí-Neptuno.
Luego de una reunión en la sede de transición con el excandidato nacionalista Álvaro Delgado, el presidente electo, Yamandú Orsi, dijo que el tema estuvo presente en el encuentro y que en la mañana de este jueves le envió una nota al mandatario actual, Luis Lacalle Pou, para expresarle su “discrepancia” sobre “la oportunidad de que se firme” el contrato.
“Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad”, con que, “faltando tan poco para un cambio de gobierno, se firme”, remarcó. En ese sentido, indicó que espera que el memorándum de entendimiento paralelo firmado entre OSE y el consorcio “sea lo más amplio posible”.
Orsi comentó que en la primera reunión que mantuvo con Lacalle Pou tras ganar el balotaje el mandatario le “transmitió su voluntad de firmar este compromiso”.
Consultado sobre si Lacalle Pou respondió la nota que Orsi le envió este jueves, el exintendente canario dijo que no y que “obviamente” hablarán de nuevo, pero que aun así considera que “está claro cuáles son las posiciones”.
Tal como expresó el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, Orsi dijo que con los cambios propuestos por el gobierno actual y el consorcio “no es mucho lo que se modifica”, pero “deja algunos espacios”. “Tenemos que seguir trabajando”, señaló, y agregó que el gobierno actual “está hasta el final del mandato y tiene que avanzar y tiene que tomar decisiones”.
El mandatario electo subrayó que la propuesta presenta “objeciones u observaciones” que al gobierno entrante les “preocupan”. “Concretamente, hay un tema de estructura financiera que nos preocupa, un tema del pólder que aparentemente podría modificarse, y un tema del lugar donde se hace la toma de agua”, apuntó.
Sobre cuáles pueden ser las consecuencias para el próximo período de gobierno, Orsi sostuvo que, “como todo contrato, te obliga”, y que se trata de compromisos que asume el Estado, no un gobierno, por lo que “hay que leer bien lo que se está haciendo, lo que establece no sólo el contrato, sino todos los agregados que tiene ese compromiso”, o también “esa intención que establece en una cláusula que hasta prevé, me parece, alguna adenda o una modificación”. “Ahí tendremos que operar para poder reconsiderar y poder corregir, si es que se puede corregir”, destacó.
Por otro lado, sobre si la iniciativa puede afectar los recursos necesarios para construir la represa de Casupá, en Florida, el presidente electo planteó que “afecta” los “recursos de la propia OSE” por “una ingeniería financiera que se ha manifestado y que implica que año a año la institución tiene que poner recursos”.
Orsi consideró que “el tema del agua potable es un tema prioritario y hay que resolverlo”, y consideró que no hay que esperar “diez, 20 años más para resolverlo”. “Nosotros definimos que avanzaremos con Casupá”, agregó.
Ortuño: “Un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales”
Ortuño, quien fue director de OSE en representación del Frente Amplio (FA) entre 2020 y 2023 y uno de los actores políticos más críticos con el proyecto, expresó en su cuenta de X que la firma es “un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales”, y “deja a OSE en [una] situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua, saneamiento en todo el país y realizar obras estratégicas como Casupá”.
En el posteo de X, Ortuño agregó que la firma “afecta significativamente la capacidad de acción del nuevo gobierno electo por la ciudadanía” y también “limita los acuerdos nacionales para construir la política de Estado que el país necesita para el cuidado y el abastecimiento del agua, por el que seguiremos apostando”.
Ceretta: “Habría que dejarlo sin efecto”
En diálogo con Informativo Sarandí, el abogado Juan Ceretta, quien patrocinó la medida cautelar iniciada por organizaciones de la sociedad civil para que no se firme el contrato, valoró que la firma es “una muy mala noticia para el país”.
Ceretta, quien fue propuesto por el Partido Socialista para ser candidato a la Intendencia de Montevideo (IM), apuntó que una vez que el contrato está firmado se crean obligaciones para el Estado, como multas de carácter económico en el caso de que “una de las partes se eche para atrás”, lo que significa un “compromiso” y una “obligación económica también para el Estado”.
Consultado sobre qué resorte legal puede haber y cómo se puede accionar, el abogado dijo que “desde lo político” el contrato “se puede dejar sin efecto”, aunque “es natural” el análisis de las consecuencias económicas y las sanciones que mencionó.
Para Ceretta, se trata de un acuerdo que compromete “seriamente” lo ambiental en Uruguay, y “habría que dejarlo sin efecto, más allá de las multas que pudieran existir”.
“Cuando hay intereses más importantes para la comunidad, como lo ambiental en este caso, como el impacto, como el daño ambiental que este proyecto va a causar, evidentemente suma mucho más proteger esos bienes, que son invaluables, más allá de los compromisos económicos que se hubieran asumido”, concluyó.
Por su parte, Verónica Piñeiro, gerenta de Ambiente de la IM, que fue propuesta como candidata de cara a las elecciones departamentales en Montevideo por el Partido Comunista del Uruguay, expresó a través de su cuenta de X que la firma “es una irresponsabilidad” y que “cuesta entender que a poco más de 30 días de terminar el mandato se avance con un proyecto millonario sin sustentabilidad política ni social”. “El gobierno del FA no debe sentirse comprometido por esa firma”, sentenció.