Dos días después de que la bancada de la Coalición Republicana y el Frente Amplio no llegaran a un acuerdo sobre la situación de Venezuela por la asunción de Nicolás Maduro como presidente, 14 de los 38 estados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitieron una declaración “preocupados por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela”.
A su vez, muestran preocupación por las “persistentes violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos, así como por los recientes hechos ocurridos el 9 y 10 de enero de 2025”, cuando Maduro tomó juramento como presidente.
Los países firmantes son Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Entre los que no firmaron están Colombia, Haití, Cuba, Honduras, México, Bolivia y Brasil.
En el comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los estados miembros rechazan el acto de asunción de Maduro “por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral” e instan a la comunidad internacional “a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional en Venezuela”.
Asimismo, exigen “al régimen dictatorial venezolano” que “restablezca el orden democrático, permitiendo una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, así como “a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, nacionales y extranjeras, incluidos los presos políticos, garantizando el pleno respeto de sus derechos fundamentales”.
Exigen también “el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, el derecho a reunirse pacíficamente, el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos sin represalias, la protección contra arrestos o encarcelamientos arbitrarios y el derecho a un juicio justo, así como proteger a los beneficiarios de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y que “sean una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela”.
En el comunicado exhortan a Venezuela a que respete el derecho internacional, en particular la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, “cesando cualquier hostigamiento y asedio contra las personas asiladas en instalaciones diplomáticas y consulares en territorio venezolano”, apuntan.
Expresan su “solidaridad” con las “personas que se han visto obligadas a abandonar su país y reconocer los extraordinarios refuerzos de los países de acogida para recibir a migrantes y refugiados venezolanos”, y reafirmaron la “solidaridad” con el pueblo venezolano, “así como su firme compromiso con el respeto de los derechos humanos de los venezolanos”.