Este lunes por la mañana, con la presencia del expresidente Luis Lacalle Pou, el Directorio del Partido Nacional (PN) sesionó de forma extraordinaria para tratar la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la compra de dos patrulleras océanicas. El presidente del Directorio, Álvaro Delgado, confirmó que, al margen del “respaldo a la gestión al frente de la cartera” de los exministros de Defensa Nacional Javier García y Armando Castaingdebat, su partido procederá a solicitar “explicaciones al gobierno por esta decisión incomprensible e irresponsable”, por lo que resolvieron “pedirle a la bancada parlamentaria del Partido Nacional iniciar los contactos con el resto de los partidos de la oposición para interpelar a la brevedad a Sandra Lazo por una situación realmente grave e irresponsable”.

“La responsabilidad ante el Parlamento es de la ministra de Defensa. Le vamos a pedir explicaciones y ahí seguramente, si es honesta consigo misma, va a ser incompatible la continuidad”, adelantó Delgado, pero sin dar detalles sobre la cámara en la que se hará la interpelación.

“Hay un objetivo: dejar al país sin estas patrulleras oceánicas necesarias y reclamadas. Uruguay queda indefenso en su mar territorial para el control del narcotráfico y la pesca ilegal”, afirmó Delgado, y agregó que la medida “expone al país” a “perder la seguridad jurídica que tenemos y por la que nos respetan en el mundo”, así como a “demandas internacionales realmente millonarias por un capricho irracional y seguramente ideológico y político”.

Para Delgado, las decisiones que tomó el gobierno reflejan “un patrón” y un “interés político” que busca “desmontar una serie de iniciativas que se aprobaron en el gobierno anterior y que son absolutamente necesarias”, situación que “empezó con Arazatí, sigue con las patrullas oceánicas, y están reviendo el proyecto anunciado, adjudicado y financiado para el saneamiento de 61 localidades del interior del país”.

En el mismo sentido, el exministro de Defensa y actual senador García opinó que “el gobierno del Frente Amplio [FA] se ha transformado en una empresa de demoliciones de los logros y los derechos conquistados por el gobierno de la Coalición Republicana”.

Sobre los cuestionamientos a la elección del astillero, García dijo que “la Armada Nacional fue quien recomendó al Ministerio de Defensa” elegir a la empresa española. Puntualizó que el exjefe del Estado Mayor de la Armada Nacional Gustavo Musso, quien elaboró el informe que ubicó a la empresa española en último lugar, es sólo “uno de los seis que integran la Junta de Almirantes”. Agregó que “el embajador español en Uruguay comunicó vía carta que era un astillero confiable, seguro y que había trabajado con el gobierno español”. El directorio compartió la misiva en cuestión, en la que el diplomático español Santiago Jiménez Martín consignó que su gobierno se comprometía a “hacer un seguimiento de esta operación y presentar su apoyo”.

García dijo que la resolución del gobierno supone “regalar nuestro mar al crimen organizado y amputarnos la posibilidad de custodiarlo”. “El Frente Amplio acaba de decidir no tener patrulleros en el mar, regalárselo al crimen, regalárselo a quienes van a robar nuestra riqueza, nuestro trabajo y nuestra pesca”, aseveró. En su visión, “poner de excusa un tema administrativo para echar por tierra [el contrato] y hacerles pagar a los uruguayos una millonada cuando estamos al borde, a pocos meses de tener patrullado nuestro mar es una responsabilidad enorme y realmente vergonzante”, finalizó.

El también exministro Castaingdebat, por su parte, cuestionó que la discusión se centre en el proceso de elección de la garantía y dijo que, mientras “hay gente que está tratando de hacerle ver a doña María que se está discutiendo una garantía”, se está “tratando de dañar la honorabilidad, cristalinidad y lo que fue el gobierno anterior”. Además, evaluó que la discusión y los dichos por la calidad de las obras “es una verdad a medias”, ya que “quien tiene que cuestionarlo es una consultora con más de 100 años de historia [que] no sólo no la ha cuestionado, sino que la aprobó y certificó”, lo cual permitió “proceder a la liberación de los pagos”.

Al mismo tiempo, dijo que los oficiales de la Armada apostados en España “no fueron a controlar el aspecto técnico”, sino que “eso se definió en un informe muy amplio que le dimos a la ministra Lazo y a la Comisión de Defensa para que tuvieran varios meses antes de asumir y reclamaran si no estaban de acuerdo con algo del aspecto técnico o con algo del aspecto contractual”, consignó. “Ojo cuando se dice que hay defectos de construcción. Quien tiene que certificar hasta ahora no ha hecho ningún informe”, aseguró.

En tanto, una fuente blanca señaló a la diaria que si bien todavía no definieron en qué cámara impulsarán la interpelación, por lo conversado hasta ahora, se inclinarían por que sea en la cámara alta y el miembro interpelante “va de suyo” que sería García. La fuente agregó que los nacionalistas que piensan que debe hacerse en el Senado argumentan que, si bien en esa cámara el oficialismo tiene mayoría, por lo menos se puede dar un debate “de otro nivel” y, al mismo tiempo, evitar eventuales rispideces con Cabildo Abierto (CA) en la cámara baja.

Robert Silva planteará una reunión de la coalición para definir la cámara

A todo esto, el senador colorado Robert Silva dijo a la diaria que los colorados apoyan la interpelación a Lazo “como mecanismo para esclarecer toda la situación” que se generó con la decisión del gobierno. “Creo que no se respetaron las formas, independientemente del fondo del asunto, y hay que dilucidar la situación generada, para dar garantías, credibilidad y encontrar una solución a este problema que generó el gobierno”, sostuvo.

Silva dijo que les propondrá a los coordinadores blancos coordinar una reunión de la bancada de la Coalición Republicana para que les informen mejor del tema y definir “en qué cámara se hace” la interpelación. Recordó que esto es un tema que le compete tanto al PN como a CA, ya que el cabildante Rivera Elgue fue el subsecretario del Ministerio de Defensa en el período pasado; no obstante, señaló que los colorados, como integrantes de la coalición, piensan que “hay que esclarecer todas estas situaciones que se han generado, no hay duda”.

“Está en juego la credibilidad del país. Esta actuación del gobierno, en la forma en que la hizo, pone en tela de juicio la seguridad y certeza jurídica que el país tiene habitualmente. Entonces, esto hay que aclararlo”, insistió.

En tanto, consultado por la diaria, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que todavía no sabe en qué cámara se hará la interpelación, pero, de todas maneras, su postura es “bienvenido todo lo que sirva para explicar”. Aseguró que si la interpelación se llega a hacer en el Senado, “va a ser después del presupuesto, por lo menos el 15 de diciembre”.

En cuanto a la incidencia de CA en el proceso que terminó con la construcción de las patrulleras oceánicas en el período pasado –a través del entonces subsecretario, Elgue–, Perrone señaló que él como legislador nunca supo “mucho de cómo era el tema de las lanchas”. “Pero no porque eran herméticos con nosotros, sino porque tampoco preguntamos mucho: confiábamos y nos pareció un proceso normal”, finalizó.