“Cada día hay indicios más fuertes” de que “existió un engaño o una puesta en escena” respecto a que “existía una garantía de fiel cumplimiento”, un elemento “esencial” que, “si no se constituye, el contrato no entra en vigencia”, aun después de estar firmado, señaló el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en diálogo con la diaria Radio, tras el anuncio de rescisión del contrato con el astillero vigués Cardama Shipyard por las patrullas oceánicas.
Para Díaz, está claro que el fraude “se configuró en Uruguay” porque “el señor [Mario] Cardama, por la información que tenemos, entregó personalmente los avales en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN)” y el acuerdo “entró en vigor en base a una garantía inexistente”.
“Hubiera esperado que vinieran con nosotros a hacer la denuncia”, comentó sobre la actitud de la oposición, y evaluó que, “en lugar de ser abogados del Estado, son abogados de la empresa”. “Acá hay gente que tiene fueros y ha dicho de todo. Preocupa que haya dirigentes políticos que parecen ser los defensores de la empresa privada y no del Estado uruguayo”, manifestó.
Díaz también abordó algunas de las críticas que se le achacan a la actuación del actual gobierno. “Si en lugar de ejecutar la garantía hubiéramos llamado a Cardama, nos hubieran enviado la renovación de esta misma garantía trucha y seguiríamos engañados hasta día de hoy”, dijo sobre los señalamientos de que no hubo una notificación previa sobre la rescisión del contrato al empresario, como él mismo indicó en declaraciones a la prensa.
Ante los dichos de Cardama en los que señaló que efectivamente renovó la garantía pero se demoró en remitirla, el prosecretario dijo que pocos minutos antes de la conferencia de prensa en la que se hizo el anuncio “el MDN recibió un correo electrónico con la renovación de lo inexistente”, ya que el trámite también se hizo con Eurocommerce, la empresa británica indagada por el gobierno uruguayo.
Por otro lado, Díaz dijo que, al margen del proceso para rescindir el contrato y la investigación administrativa que lleva adelante la Oficina Nacional del Servicio Civil en la órbita del MDN, también tomaron medidas en el ámbito internacional conjuntamente con el estudio jurídico Arnold & Porter, con sede en Londres, tal como adelantó El Observador y confirmó la diaria: “Queremos denunciar en Reino Unido esta situación, concretamente para que la Fiscalía de la Corona o las agencias de investigación de Scotland Yard investiguen a Eurocommerce y lleguen hasta las últimas consecuencias”, puesto que, además de las irregularidades que señaló el Poder Ejecutivo, “cambiaron el domicilio en su página web a un sitio donde hay miles de empresas y muchas de ellas con problemas de lavado de activos”, aseguró con referencia a lo que informó Búsqueda.
En el plano nacional, por otra parte, la causa estará a cargo del fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos Alejandro Machado. Si bien le correspondía a Sandra Fleitas, la funcionaria pidió abstenerse por su vínculo “de amistad” con el exdirector de Secretaría del MDN en el quinquenio anterior, Fabián Martínez: “Fue quien recibió las garantías de parte de Mario Cardama”, dijo Díaz, y “no está en el expediente, porque no hay, pero hay un acta firmada”.
“Lo llamativo de este proceso es que no hay un expediente administrativo donde esto se sustancie, y la información que se maneja ha sido reconstruida a través de cadenas de mails, parte de ella en el MDN y el resto en el estudio jurídico Delpiazzo, contratado por el MDN”, aclaró, y añadió que “ayer o anteayer” la ministra de Defensa, Sandra Lazo, “recibió toda la información y mails de Delpiazzo”. En ese sentido, afirmó que, “como no hay un expediente, no hay actos administrativos del MDN fundamentando la prórroga” que se le otorgó al empresario para la entrega de las patrullas, y desconoce los motivos por los que se tomó la decisión de extender los plazos.
En la misma línea, vinculado a los funcionarios de la administración anterior responsables de otorgar los permisos de las sucesivas extensiones –proceso que se alargó durante 11 meses y acumuló varios intentos antes de llegar al banco británico que el Poder Ejecutivo señala como “empresa de papel”–, Díaz dijo que “en algún caso hay constancia de que fue el ministro [Armando] Castaingdebat”, pero “el tema es que no hay un acto administrativo, sino correos electrónicos que van y vienen”.
“Cuando Cardama presenta la garantía ya estaba la advertencia de Delpiazzo Abogados de que los plazos estaban vencidos, y hay un elemento más que surge ahora en el que, aparentemente, Cardama en el proceso de discusión y negociación del contrato no quería que estuviera la cláusula de garantía de fiel cumplimiento, pero al final la terminó aceptando”, afirmó.
Por otra parte, descartó la participación del área Jurídica del MDN: “De lo que nosotros tenemos a la vista y pudimos acceder, la Jurídica del MDN no intervino en nada en el proceso de constitución de la garantía”. Sin embargo, mencionó que “quien aparece en la foto de la firma del contrato y figura como escribana, Mora Pintos, está imputada ni más ni menos que por trata de personas y era parte de la Jurídica”. Rápidamente aclaró que el hecho configura “un detalle anecdótico que no agrega nada”, pero en su opinión revela que “este nivel de incertidumbre es producto de un manejo con bastante desidia y poco apego por las formalidades”.
Díaz también se refirió al procedimiento de los pagos, ya que se empleó un mecanismo que “no es el habitual”, y por esa razón también buscarán que se investigue. En el sistema, que “se pactó en febrero de este año”, no hay “un control del MDN y es prácticamente algo automático”. Explicó que el constructor se presenta ante el Deutsche Bank con un certificado de Lloyd’s, la empresa certificadora, que avala el cumplimiento de un hito en concreto y se le comunica al Banco República para que se realice la transferencia de dinero entre entidades financieras. “Hay otro problema de diseño del contrato que es el papel de Lloyd’s, en el entendido de qué tipo de controles hace, algo que estamos tratando de dilucidar”, afirmó.
Ante la posibilidad de que exista mediación o se sustituya la garantía y el contrato continúe –una posibilidad que manejó este martes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone–, Díaz dijo que “la mediación prevista en el contrato refiere a aspectos técnicos”, pero “en cualquier procedimiento de esta naturaleza habrá que sentarse a conversar”. Además, el abogado dijo que “no contesta preguntas hipotéticas”, y “cuando se presenten las analizaremos”, porque tiene “una cultura política que indica que, si integro un gobierno, las cuestiones las planteo al ministro directamente, en el Consejo de Ministros o al presidente de la República”, dado que existen “caminos para plantear los temas”.
“El Estado uruguayo definió que Uruguay tiene que tener OPV. El Estado uruguayo inició estos procedimientos. El gran problema es que el Estado uruguayo fue engañado y nuestra responsabilidad, como sus representantes, es hacer la denuncia”, finalizó.