Los pasillos del Palacio Legislativo y su anexo están movidos por estos días. Si bien el presupuesto quinquenal acapara la mayor parte de la atención, también suceden otras cosas en las salas del Parlamento. El 6 de agosto, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la cámara alta recibió a la senadora del Frente Amplio (FA) Blanca Rodríguez para comenzar a tratar el proyecto de ley que presentó en junio para crear un comisionado parlamentario para las infancias y las adolescencias.

A pedido de los senadores que integran la comisión, se elaboró una agenda de delegaciones para conocer su opinión sobre la iniciativa. El primero en comparecer fue el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU); el segundo, Unicef; y el tercero, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que concurrió el miércoles.

A diferencia del INAU y Unicef, que se mostraron favorables a la creación de un ombudsman para las infancias y adolescencias, la INDDHH expresó su desacuerdo con la iniciativa. En la INDDHH entienden que se pueden superponer las competencias entre la institución y la nueva figura a crearse. En diálogo con la diaria, la presidenta de la INDDHH Mariana Mota dijo que el organismo que preside ya realiza el monitoreo “de la misma forma” que propone el proyecto del FA.

“Esas herramientas de las visitas no anunciadas, de pedir información, de acceder a información, todo eso ya lo tiene la institución, por un lado, por su ley marco en el acceso a la información que tiene el Estado, y por otro lado, por las facultades específicas que tenemos para poder acceder a lugares sin previo aviso para hacer las inspecciones que correspondan”, explicó.

Mota se refirió, a su vez, al aspecto vinculado a la defensoría dentro de la INDDHH, que “aborda el universo de las denuncias” que llegan a la institución, y señaló que “muchas de ellas tienen que ver con infancias y adolescencias”. La titular de la INDDHH indicó que se trabaja en las investigaciones particulares de cada caso y en vínculo con los organismos que son denunciados, por ejemplo, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) o la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en lo que tiene que ver con “situaciones de exclusión o discriminación educativa” o “problemas vinculados a la vivienda, a la salud, o lo que fuera”.

Para la INDDHH, en definitiva, crear un comisionado que se encargue de las infancias y las adolescencias por fuera de la institución “implicaría un solapamiento de las competencias de ese comisionado con la institución en muchas áreas”, lo cual “afectaría gravemente a la institución en su funcionamiento, porque tendría que estar coordinando con otro organismo externo por competencias que son idénticas, y por formas de actuación que también son idénticas”.

Sobre si un eventual cambio de redacción haría viable al proyecto, Mota consideró que el hecho de que la figura no esté planteada dentro de la INDDHH “ya es un problema”. Señaló que, en caso de crearse la figura, habría una duplicación de un gasto del Estado para “hacer lo mismo”.

Comité de Derechos del Niño advierte por duplicación de competencias

En síntesis, Mota consideró que la creación de la figura propuesta por el FA podría significar un retroceso en las políticas vinculadas a la infancia, y sostuvo que el Comité de Derechos del Niño –un organismo de Naciones Unidas– observó y señaló que una duplicación de competencias puede, en primer lugar, generar confusión “hacia quienes está destinada esta protección” y a qué organismo acudir cuando se necesite.

En segundo lugar, puede significar “un debilitamiento presupuestal”, ya que el Estado “tiene que sostener dos organismos de igual manera para que esto funcione”. En tercer lugar, el Comité de Derechos del Niño se refirió a “lo ilógico de que haya dos organismos haciendo lo mismo”. Agregó que los comisionados de este tipo “no son reconocidos” por el Ganhri (Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos), un espacio que también es de Naciones Unidas.

Apuntó que el Ganhri sólo reconoce las instituciones nacionales de derechos humanos por cada país, y no como una variedad de organismos, ya que “el objetivo es que haya uno solo” y “se centre en las competencias”. “Lo que sirve es que interactúen entre ellas: que el Mecanismo Nacional de Prevención [contra la Tortura] interactúe con lo que hace la defensoría porque tiene informaciones que pueden complementarse y puede hacerse un mejor trabajo”, detalló.

Si bien puntualizó que actualmente no hay un área específica en infancias y adolescencias en la INDDHH, Mota señaló que han solicitado un refuerzo presupuestario para hacerlo. “Tenemos poquito más de diez años de existencia, precisamos también desplegar esto, y para eso precisás refuerzo presupuestario”, afirmó, y sostuvo que también lleva tiempo incorporar, informar y especializar personas para trabajar en esta área.

La titular de la INDDHH remarcó que el organismo todavía tiene una vida institucional breve –se creó en 2012–, y señaló que, “al igual que otras instituciones de otras partes [del mundo], se va fortaleciendo en el funcionamiento, creando áreas específicas de trabajo incorporando técnicos y profesionales”.

“Nosotros empezamos teniendo diez funcionarios cuando se conformó la institución en 2012, y ahora somos alrededor de 50 funcionarios en la institución, más otros funcionarios que trabajan en otras competencias [...], pero, en realidad, se ha ido incrementando y se ha ido especializando en áreas, que es lo que se prevé y se propone en general en todas las instituciones”, expresó.

Mota dijo que las preocupaciones sobre la pobreza infantil, las violencias y la “excesiva institucionalización” requieren políticas públicas que “aborden efectivamente esa problemática”. “El monitoreo, la información, la detección de los problemas existen en la institución y se profundiza, pero falta la otra parte”, afirmó.

Robert Silva: “No podemos incurrir en eso de creer que la creación de nuevas entidades nos va a servir”

Para el senador del Partido Colorado (PC) Robert Silva, integrante de la comisión que tiene a estudio el proyecto, hubo “un antes y después” luego de la comparecencia de la INDDHH. Silva dijo a la diaria que la opinión de la INDDHH “fue contundente” en cuanto al “retroceso” que significaría la creación de un comisionado parlamentario para las infancias y las adolescencias. “Es un claro y rotundo retroceso en las políticas de infancia para este país, así lo plantearon”, señaló.

Silva, quien en un principio tenía una posición favorable a la iniciativa, ya fijó una postura contraria al proyecto. “Hay que reforzar lo que ya tenemos con las estructuras burocráticas administrativas y de gestión que el país ya tiene. No podemos incurrir en eso de creer que la creación de nuevas entidades nos va a servir para defender derechos que hoy pueden estar afectados como lo están”, expresó.

El senador del PC, que luego de la comparecencia de INAU en agosto ya había advertido sobre una posible superposición de competencias, adelantó que, si bien es un tema a discutir con el resto de la bancada colorada, no votará el proyecto del comisionado, ya que, a su entender, “hay que reforzar lo que ya tenemos para que no sea un retroceso”.

Por su parte, la presidenta de la comisión, la senadora del FA Liliam Kechichian, dijo a la diaria que le sorprendió la posición de la INDDHH, dado que la bancada del oficialismo no considera que pueda suceder lo que advierte la institución. “La prueba está en que el comisionado parlamentario [para el sistema penitenciario] ha podido funcionar en armonía”, añadió.

Si bien está previsto que la bancada de senadores del FA analice este lunes el tema, Kechichian dijo que por el momento mantienen la postura de acompañar el proyecto. Se prevé que el miércoles 8 los legisladores voten la iniciativa en la comisión para que se trate en el plenario el miércoles 15, es decir, antes de que el presupuesto quinquenal ingrese a la Cámara de Senadores.

Mota consideró que el comisionado parlamentario de cárceles tendría que estar en la INDDHH

El jueves, Jimena Fernández, una de las directoras de la INDDHH, dijo en rueda de prensa que la diferencia que hay entre la iniciativa del FA y la figura del comisionado parlamentario penitenciario es que este se creó cuando todavía no existía la institución. De todos modos, consideró que “hoy en día estaría duplicando competencias”.

Consultada al respecto, Mota dijo que fue tema de conversación en la comisión, en la que pusieron el ejemplo de Costa Rica, que cuando creó su institución nacional de derechos humanos absorbió la defensoría de la infancia que había sido creada anteriormente.

A partir de este ejemplo, según relató Mota, surgió la pregunta entre los senadores de si el comisionado parlamentario penitenciario debería estar dentro de la institución. “A mi juicio, y al juicio de algunos que consideramos esto, sí: debería agregarse, porque el proceso fue igual. Al principio existió el comisionado parlamentario para cárceles y luego se creó la institución”, manifestó.

“¿Por qué han permanecido ambos? Bueno, en realidad han permanecido porque, si bien hay un solapamiento entre la competencia del comisionado parlamentario para las cárceles y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, dentro de la institución se refiere a una parte acotada de la competencia del mecanismo, que son los privados de libertad adultos”, explicó. Mencionó que el mecanismo también atiende la situación de infancia, los hospitales psiquiátricos, los adolescentes infractores, por lo que, si bien se superpone, “se fue resolviendo a través de los años, con más o menos dificultades, pero se fue resolviendo una coordinación de acción”.

Mota reconoció que “lo ideal sería que todo el comisionado parlamentario pudiera también estar dentro de la institución, con toda su experiencia, con todos sus técnicos, con todos sus profesionales”, pero puntualizó que, en cualquier caso, se trata de un tema que debería resolver el Parlamento.

Por su parte, el flamante director de la INDDHH, Juan Miguel Petit, quien hasta mediados de setiembre fue comisionado parlamentario penitenciario, apuntó en la comisión que “no tiene sentido” desmantelar una figura para insertarla dentro de la INDDHH, donde existen otras actividades. “El comisionado parlamentario tiene una línea específica, muy centrada en los derechos civiles y políticos; en este caso, en la aplicación de una sentencia judicial y el cuidado de que la ejecución de esas penas se haga sin vulneración de otros derechos”, detalló Petit, según consta en la versión taquigráfica.

“Ya existe. Está funcionando. Tiene una cantidad de actividades y es conocido [...]. Y la especialización, ya que existe, es lógico mantenerla. Si no existiera el comisionado y se creara la institución, no tendría sentido agregarle comisionados específicos y temáticos. Por eso, creo que tiene lógica mantener esa institucionalidad, que llevó mucho tiempo construir y que, de alguna manera, funciona dentro de esa autonomía”, resaltó.

Petit agregó que, en el caso del sistema penitenciario, la INDDHH se encarga de las comisarías, los centros psiquiátricos y la justicia juvenil, pero “dejó el terreno del sistema carcelario para el comisionado parlamentario”. En cambio, la figura que se busca crear para las infancias “va a llevar a un choque de trenes”, ya que ambas instituciones “se van a tener que congeniar”: “¿Quién se va a hacer cargo de estudiar cada denuncia?”, cuestionó.