La no renovación de los contratos zafrales de un grupo de trabajadores del municipio lavallejino de Batlle y Ordóñez el pasado 31 de julio generó las primeras tensiones entre el oficialismo y la oposición. En este marco, el intendente de Lavalleja, el frenteamplista Daniel Ximénez, y el alcalde de Batlle y Ordóñez, el colorado Conrado da Cunha, fueron a dar explicaciones a la Junta Departamental el pasado 21 de octubre. Según dijo a la diaria la exsenadora y actual edil nacionalista Carol Aviaga, las personas que se vieron afectadas por esta decisión fueron nueve, de las cuales cinco reclamaron ante el gobierno y la Junta Departamental.

La molestia de la oposición nacionalista, según la curul, tiene origen en que el intendente había asegurado en la campaña electoral que “iba a cuidar a la parte más frágil de los trabajadores de la intendencia”. Con este discurso, según Aviaga, el jefe comunal visitó diferentes lugares municipales durante los primeros 15 días de gestión, explicando a los zafrales –que terminaban su contrato el 31 de julio– que se les iba a renovar el contrato hasta diciembre. Esto sucedió también en Batlle y Ordoñez, donde días después el grupo de funcionarios se quedó sin trabajo, según la dirigente nacionalista.

Consultado al respecto, Ximénez explicó a la diaria que asumió al frente de la Intendencia de Lavalleja luego de varios períodos donde “el aumento y la rotación de personal se multiplicaba en el período electoral”. En ese marco, remarcó que lo que hizo en el caso de Batlle y Ordoñez “fue respetar la voluntad del alcalde” Da Cunha. El jefe departamental reconoció que podía “haber revertido” la decisión, pero apuntó a que al inicio de su gestión se “había comprometido a dar un apoyo y a trabajar de forma coordinada con los alcaldes”. Agregó además que su gestión pretende guiarse en las contrataciones por concursos y por sorteo, y en este caso eran “todas designaciones directas”.

Luego de estos despidos “sin una evaluación”, Aviaga advirtió sobre la posibilidad de que, al vencerse hoy otra importante cantidad de contratos zafrales, más trabajadores municipales quedaran sin trabajo. “Está generando todo un ambiente para que eso pase, hemos visto que ha recorrido medios nacionales diciendo lo complicada de la situación de la intendencia”, comentó la edil, haciendo referencia a Ximénez.

El intendente, sin embargo, sostuvo que no habrá bajas en los contratos zafrales que vencen hoy. “Estuvimos estudiando y hay una carga social muy importante, una desocupación muy importante en Lavalleja, y va a tener un impacto muy importante si dejamos a 300 personas sin trabajo”, indicó.

Ximenez recordó que en su momento había anunciado que “iba a haber un corte” en los contratos zafrales y se iban a “regularizar a aquellos que no caen en el período electoral”. En esa línea, aseguró que eso “seguramente” se va a hacer, pero luego de tomarse “el tiempo de estudiar persona por persona para no avasallar y vulnerar a gente que está en condiciones socioeconómicas realmente jodidas”.

“Lo vamos a hacer de forma gradual. Sé que la intendencia va a hacer un esfuerzo para mantener esos contratos”, comentó el jerarca. Por lo pronto, detalló que se va a “distribuir ese personal” zafral excedente en “diferentes áreas”, porque actualmente “hay superpoblación de trabajadores” en ciertos lugares.

Ximénez reconoció que en este proceso gradual no se logrará llegar a una “situación ideal”. “La intendencia se manejó siempre, contando a los zafrales, con 1.100 o 1.200 [funcionarios], y nosotros hoy tenemos 1.800”, apuntó el intendente para graficar el excedente de la plantilla. Sin embargo, puntualizó: “Si nosotros sacamos la diferencia, se arma un lío social”.

La situación económica y los gastos

“Si estuviera tan complicado, no hubiera gastado los dinerales en esta Semana de Lavalleja”, cuestionó Aviaga. Apuntó que, desde su asunción en julio, el intendente ha contratado de forma directa a varias personas por arrendamiento de servicios con sueldos que van de 80 a 120.000 pesos. “Acá se entregaron los números bien, lo que ahora este señor está queriendo justificar [es] la acción política de dejar a gente sin trabajo”, afirmó la edil.

“Estamos con problemas, sobre todo para el último mes” del año, remarcó Ximénez. En ese sentido, adelantó que “si es necesario” se va a tomar un crédito con el Banco República “para pagar los sueldos y los aguinaldos”. “Nosotros anteponemos el problema social al dinero. Hemos tenido reuniones con el gabinete para ajustar los gastos, reprogramar cosas que se iban a hacer este año para el año siguiente y tratar de no tomar el crédito, para que, si tomamos el crédito, sea lo menor posible”, comentó el intendente.

Dado los “problemas económicos”, Ximénez reconoció que “estuvo arriba de la mesa no hacer la Semana de Lavalleja”. No obstante, se ponderó que se trata de un evento “para la gente de Lavalleja”. “Creo que no nos equivocamos porque atrás de la semana de Lavalleja uno ve los eventos y toda la gente que trabajó y están chochos”, indicó el intendente.

Sobre los contratos por arrendamiento de servicios, Ximénez planteó que se enmarcan en “una fuerte apuesta para revertir el porcentaje de profesionales que están vinculados a la intendencia, que actualmente no llegan al 2%”. Apuntó a la necesidad de contar con “gente que sepa, gente capacitada, que ayude a los buenos técnicos de la intendencia”.

“Son gastos que para mí son inversiones en Lavalleja. Es la forma de cambiar la forma de gestionar, porque el Partido Nacional dejó una administración del siglo anterior. Hay algunas áreas no administrativas que parecen que son del otro siglo, del XIX”, concluyó.

Los datos

En el informe presentado durante la comparecencia ante la Junta Departamental para hablar de la situación de Batlle y Ordoñez se hace referencia a la “tasa de retención” de los contratos zafrales entre las administraciones anteriores de Adriana Peña y Mario García, ambos nacionalistas. De un total de 1.210 zafrales, 435 continuaron durante el primer año del gobierno de García. En tal sentido, en el informe se señala que hubo “una pérdida de continuidad significativa incluso entre gobiernos del mismo partido político”.

“Tras la drástica reducción aplicada por la administración Mario García en su primer año de gobierno, que implicó una pérdida de más de la mitad del personal zafral, los años siguientes muestran un crecimiento acelerado y poco planificado del número de trabajadores”, se subraya en el informe. “La cantidad de personas que fueron al menos una vez contratadas bajo régimen eventual durante cada año pasó de 574 a 968”, se agrega.