Entre sillas de plástico, un atril con un micrófono y papeles con la palabra “Voto” escrita en ellos, la Junta Departamental de Montevideo sesionó este jueves de forma ordinaria en el Museo de la Memoria (MUME), a 50 años de la firma del acta fundacional del Plan Cóndor por parte de las dictaduras de Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay.
El Plan Cóndor fue la coordinación represiva entre las inteligencias militares de estos seis países en los años 70 y 80, que se inició formalmente el 28 de noviembre de 1975 con la firma del acta de fundación en Santiago de Chile. Esta coordinación sirvió para estandarizar prácticas represivas en la región, así como para especializar y destinar recursos humanos y materiales de los estados para confrontar a los opositores a las dictaduras.
La idea de llevar adelante la sesión en el MUME fue del edil del Frente Amplio (FA) Diego Romaniello, quien en su intervención destacó que los 50 años de “aquella maquinaria represiva de la historia” exige “no olvidar, y también nos exige actuar”.
El edil frenteamplista se refirió al actual contexto internacional y sostuvo que “hoy la injerencia externa ya no opera mediante dictaduras ni pactos explícitos para violar derechos humanos”, sino que “persisten formas más sutiles”, como “presiones económicas, condicionamientos financieros, imposiciones culturales y manipulación mediática e ideológica”.
“Por eso es imprescindible defender nuestra identidad latinoamericana, nuestras culturas originarias y nuestra solidaridad entre pueblos”, sostuvo Romaniello; y afirmó que la soberanía “se construye todos los días, en cada decisión política, social y comunitaria”. “Vivimos un momento delicado en donde los discursos de odio se viralizan, erosionan la convivencia democrática y generan desconfianza”, lamentó.
“El desencanto con la política crece, especialmente entre jóvenes que sienten que la política no habla de sus problemas ni de sus sueños; ese alejamiento no puede dejarnos indiferentes, porque cuando la política se vacía, otros llenan ese espacio con mensajes simplistas, violentos o directamente antidemocráticos”, expresó el edil del FA.
Juan Ceretta: “Necesitamos saber la verdad”
A su turno, el edil del Partido Nacional (PN) Gonzalo Gómez –el único curul de la oposición que intervino en la sesión– agradeció a Romaniello por llevar adelante la iniciativa y señaló que recordar el Plan Cóndor es “recordar la firma del terrorismo de Estado transnacional” y “entender que en ese momento había un grupo consolidado de jerarquías políticas y de jerarquías civiles que, de manera autoritaria, coordinados por otras potencias extranjeras, estaban en nuestro suelo y en el suelo del Cono Sur coordinando la muerte, los asesinatos y la tortura”.
El edil del PN recordó en particular los asesinatos en manos de la dictadura uruguaya en 1976 de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y dijo que los cuatro “lucharon desde el momento mismo que se instaló la dictadura desde el exilio para volver a lograr la democracia”. “No la vieron nacer nuevamente en Uruguay, lucharon y perdieron la vida por ello”, resaltó.
Asimismo, Gómez aseguró que esa lucha “no es de izquierda ni de derecha”, ya que “ahí confluían todos los partidos políticos y las autoridades de todos los partidos para intentar recobrar la democracia”. “Había unos compañeros en el exterior, como fue el caso de Wilson Ferreira, que en Europa y en diferentes cumbres, y mismo en el Congreso de Estados Unidos –que fue el [país] que coordinó la Doctrina de Seguridad Nacional en nuestro país y en el Cono Sur–, logró persuadir, junto con otros compañeros, para lograr la enmienda Koch y que se cortara la ayuda militar y la ayuda de la represión en nuestro país”.
La edila del FA Gimena Urta resaltó que “la aparición de los archivos del terror en Paraguay en 1992 reveló las comunicaciones formales entre los servicios de inteligencia” de los países involucrados, a través de “documentos clasificados como secretos, reservados o confidenciales” que “mostraban listas de personas perseguidas”, así como también “informes detallando coordinaciones, donde se pactaban vuelos, intercambios de prisioneros y operaciones conjuntas”.
En el caso de Uruguay, Urta señaló que los archivos de inteligencia militar localizados en dependencias del ejército de la Armada, documentos hallados en la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia y los informes de la Comisión para la Paz “permitieron reconstruir trayectorias de víctimas, ubicaciones temporales, movimientos transfronterizos y la coordinación entre organismos represivos”.
Por su parte, el edil frenteamplista Juan Ceretta expresó que el aniversario conmemorado “no debe ser sólo un acto de memoria”, sino que “debe ser un punto de inflexión”. “Necesitamos políticas claras, sostenidas en el tiempo, archivos abiertos y un compromiso del Estado que no vacile”, afirmó.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
“Necesitamos saber la verdad, necesitamos que entreguen los documentos, necesitamos que confiesen dónde están”, resaltó Ceretta; y destacó el compromiso de las nuevas generaciones “que también marchan en silencio cada 20 de mayo y que son parte del reclamo colectivo por verdad y justicia, porque entienden que esta reivindicación no les es ajena”.