Un estudio publicado recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca del gasto tributario de Uruguay sugiere que “sería beneficioso realizar una reevaluación detallada” de los costos y beneficios del régimen de incentivos a la inversión.

“Una reforma fiscal relativamente modesta que reduzca los gastos fiscales podría crear un espacio adicional para el gasto público productivo y mejorar el crecimiento a largo plazo de Uruguay”, sostiene el informe. Concretamente, basado en simulaciones macroeconómicas, el informe concluye que la reforma tendría el potencial de aumentar los ingresos fiscales en 0,4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe señala que los gastos fiscales en Uruguay “han aumentado con el tiempo”, siguiendo la tendencia observada en países de altos ingresos. Aunque “las economías avanzadas a menudo utilizan los gastos fiscales como herramienta de política para promover la inversión, la inclusión social o el desarrollo regional”, en Uruguay “el sistema de gastos fiscales es complejo”: con alrededor de 180 incentivos fiscales activos, “que permanecen en vigor durante décadas”.

Para el FMI, estas exenciones fiscales “limitan la flexibilidad fiscal y reducen el potencial de reasignación de recursos hacia la inversión pública productiva, la infraestructura y los programas sociales”.

Al mismo tiempo, subraya que “Uruguay tiene uno de los niveles más altos de gasto fiscal en América Latina”: en 2024, por concepto de exoneraciones fiscales, el país resignó ingresos equivalentes al 6% del PIB. “Es muchísima plata, son 2.400 millones de dólares por año”, dijo a la diaria el economista y diputado por el Espacio 1001 del Frente Amplio, Bruno Giometti, quien difundió en su cuenta de X el informe.

“Seguramente, una parte grande de esos 2.400 millones de dólares están bien gastados, pero quizá hay margen para mejorar la eficacia en eso”, afirmó Giometti, en línea con lo que sugiere el informe.

El gasto tributario se distribuye “aproximadamente por igual entre individuos y empresas, con poca variación a lo largo de los años”; en tanto, “una fracción muy pequeña de los ingresos que se extravían corresponde a los no residentes”, indica el informe. Las exenciones son la forma principal de gasto fiscal, y el IRAE y el IVA “representan más del 60% de los ingresos totales perdidos”. Estos tributos, junto al impuesto al patrimonio, son pasibles de ser exonerados en el marco de la ley de promoción de inversiones.

Los sectores de la construcción, la salud y la energía son los más beneficiados, “lo que los convierte en objetivos potenciales para las reformas”, afirma el documento. La construcción, a través del régimen de vivienda promovida –que pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas–, genera un volumen significativo de exoneraciones fiscales.

Para Giometti, el estudio es “un insumo interesante”

En cuanto a otros rubros, como la industria, Giometti consideró que las actividades en base a materias primas agrícolas “seguramente tengan una competitividad bastante alta sin necesidad de tantas exoneraciones”, por lo que “es algo que, desde nuestro punto de vista, hay que ir analizando de manera permanente”.

Para el diputado, esto “es algo que en general pasa como por debajo del radar; a veces se discute mucho los fondos que van para el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] o para las políticas sociales, se pone mucho ojo en cómo se gestionan esos recursos y está bien, pero después hay recursos muchísimo más grandes que se destinan a exoneraciones fiscales a empresas que, muchas veces después, por ejemplo, se van del país”.

Al realizar una comparación regional, el estudio “concluye que la mayoría de los países similares a Uruguay tienen un grado menor de exoneraciones fiscales en relación al PIB”, señaló Giometti. Para las economías avanzadas, el nivel de gasto es de 5,5% del PIB, en los mercados emergentes, de 3,1%; y en América Latina y el Caribe, de 4,1%.

Para el diputado, el estudio resulta “un insumo interesante”, en la medida en que “el FMI, que en general tiene posiciones bien conservadoras o liberales en materia económica, plantea que es pertinente, desde el punto de vista de ellos, modificar algunos aspectos de la promoción de inversiones para gastar menos en esta materia”.

Giometti consideró que el informe “deja abierta una cuestión que también para la izquierda es valiosa, que es si sirve ahorrar en gastos que hoy están destinados quizás a grandes transnacionales, a grandes empresas, y esos fondos los podemos redirigir a políticas sociales o a promoción de inversiones a empresas más pequeñas que lo necesiten en la industria nacional”.

El informe asume que los ingresos resultantes de la reforma propuesta se traducirían en “un incremento del gasto público productivo, preservando el equilibrio fiscal”. Como alternativa, también señala que “las autoridades fiscales podrían considerar mantener los niveles actuales de gasto público para reducir el déficit fiscal”; aunque se debe “calibrar adecuadamente las respuestas conductuales ex ante de los hogares y las empresas, ya que la actividad económica puede responder bastante a la eliminación de incentivos específicos”.

Oddone: “Hemos decidido mantener, en línea general, esos esquemas de incentivos tributarios”.

Consultado en rueda de prensa sobre el trabajo del FMI, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló que, en la medida en que este sugiere una “revisión de ese gasto tributario para asegurarse de que esa renuncia fiscal efectivamente contribuya al crecimiento”, se trata de “algo que cualquier gobierno, en particular el nuestro, realiza de manera permanente”. No obstante, afirmó: “Por ahora, hemos decidido mantener, en línea general, esos esquemas de incentivos tributarios, lo cual, a lo largo de todo el periodo, seguiremos evaluando e introduciendo modificaciones”.

Al margen de la respuesta del ministro, Giometti señaló que sí se prevén modificaciones al régimen de promoción de inversiones, como se anunció en agosto. Señaló que, “en conversaciones más recientes, han dicho que van a tener antes de fin de año el decreto que ajusta los detalles del mecanismo de promoción de inversiones”. “El decreto seguramente genere algunas modificaciones en los criterios de asignación de la promoción de inversiones, habrá que ir evaluando los resultados que va generando eso y, eventualmente, proponer nuevas modificaciones normativas más adelante”, señaló el diputado.

Con respecto a los cálculos del FMI, según los cuales Uruguay podría generar un ahorro de 0,4 puntos del PIB mediante una reforma fiscal, consideró que “es algo que no es menor: son 300 millones de dólares”. Señaló que, en el contexto de una discusión presupuestal donde “estamos discutiendo cómo reasignar 140 millones en total, el FMI nos está diciendo que mejorando este sistema de exoneración de inversiones podríamos ahorrar el doble de eso, y que esos fondos los disponga el Estado para hacer cosas”.

“El tema de las exoneraciones fiscales tiene que estar sobre la mesa, Uruguay exonera más que los países de la región, destina mucha plata a eso, y hay que ir monitoreando cuánto de esa plata se puede ahorrar sin generar consecuencias negativas y generar un espacio fiscal mayor”, afirmó Giometti.