A fines de abril de 2025, y en medio de una crisis política que incluyó sanciones a jerarcas de la Armada, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, ordenó una investigación administrativa por la compra de dos patrullas oceánicas al astillero Cardama, valuadas en 90 millones de dólares. Casi diez meses después, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) entregó el informe con las conclusiones a la ministra Lazo, que este miércoles a partir de las 10.00 será interpelada por el senador y exministro de esa cartera, el nacionalista Javier García.

El documento de la ONSC, al que accedió la diaria, señaló que el propio exministro García fue quien llevó la propuesta del astillero Cardama al entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson. Durante este proceso, según la investigación administrativa, se adoptaron “decisiones anticipadas o condicionadas” en lugar de una “completa evaluación técnica y económica del resto de los oferentes”.

Cardama pudo presentar una “segunda oferta mejorada”, pero no hay “información transparente” sobre cómo accedió el astillero español a las observaciones internas que había realizado el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y en el caso de los otros oferentes “no se aplicó el mismo mecanismo de mejora”.

Como ejemplo, en el documento de la ONSC se subrayó que las autoridades uruguayas del MDN sólo visitaron las instalaciones del astillero Cardama, a pesar de que otras empresas interesadas en la compra también habían cursado invitaciones ante la Armada Nacional. “La Armada elevó tres propuestas como recomendadas, pero la visita técnica previa a Cardama y el intercambio exclusivo de información constituyen una ventaja no replicada con los demás oferentes”, concluyó el informe.

Esta “posible vulneración del principio de igualdad de los oferentes”, agregó la investigación, afectaría “la juridicidad del proceso”, incluso dentro de un proceso no competitivo. Con base en testimonios de integrantes de la Armada Nacional, la investigación administrativa constató que durante el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas hubo una “ausencia de evaluaciones técnicas integrales”. Por ejemplo, el informe técnico del contralmirante Gustavo Musso –que cuestionó severamente la capacidad técnica y financiera de Cardama– “no fue incorporado formalmente a la discusión previa” a la decisión que tomó el exministro García junto a sus asesores.

Esa decisión, agregó el documento, “careció de un análisis sobre la viabilidad constructiva, experiencia previa, solvencia y capacidad real” de Cardama para ejecutar un proyecto con estas características. “Se verificó que la decisión política de adjudicar no se acompañó de una adecuada valoración de riesgos operativos, financieros y contractuales, los cuales debieron considerarse imprescindibles en una contratación directa de excepción”, se señala.

La investigación administrativa detalló que el MDN contó con asesoramiento jurídico especializado –en referencia al estudio Delpiazzo– pero este “no se integró adecuadamente al proceso decisorio” y se otorgaron prórrogas a Cardama “sin sustento jurídico claro”. “Las comunicaciones oficiales incorporadas a las actuaciones evidencian que la conducción del proceso de garantía se centralizó a nivel político y directivo del MDN, particularmente en el ministro (de Defensa) y el director general de Recursos Financieros (Damián Galó)”, se indica en el documento.

En cuanto a las prórrogas que se otorgaron a Cardama para la presentación de las garantías, el informe de la ONSC señala que hubo un “apartamiento del deber de prudencia y contralor” que debería regir la administración de los recursos públicos. “Surge de las actuaciones que el ministro de Defensa Nacional de ese momento siempre accedió a las prórrogas solicitadas, pese a las recomendaciones legales y a la posibilidad de rescisión que tenía según el contrato suscripto. La prórroga reiterada y sin motivación expresa constituye una desviación del procedimiento contractual, pudiendo afectar la validez de actos posteriores y comprometer el interés económico del Estado”, concluyeron los instructores de la investigación.

En resumen, según sostuvieron, las autoridades del MDN de la época no actuaron con la “diligencia técnica debida”, un factor que podría “comprometer la razonabilidad del acto administrativo”. El documento también detalló que Cardama no tenía antecedentes en la construcción de patrullas oceánicas “similares” y carece de infraestructura para buques de gran porte: “además de ello, presenta indicadores de riesgo financiero severos, depende de terceros para tareas críticas, aumentando el riesgo contractual. Estas circunstancias fueron conocidas o debieron ser conocidas por la Administración antes de la adjudicación”.

La elección de un proveedor con “riesgo financiero alto y baja capacidad técnica comprobada”, agregó el informe, vulneró el “deber de diligencia” en la protección del interés público y puede configurar una “negligencia administrativa” en el proceso que benefició al astillero de Vigo.

El rol de la Armada y las divergencias internas

La investigación administrativa de la ONSC apuntó a la responsabilidad de las jerarquías políticas del MDN, pero no así contra la Armada, que recomendó al inicio del proceso a tres astilleros que cumplían “requisitos mínimos”, pero “sin decidir ni adjudicar”.

Por el contrario, durante la investigación administrativa, “diversos jerarcas” manifestaron haber formulado advertencias sobre las capacidades, solvencia y riesgos de Cardama, que “no fueron incorporadas” a la decisión que tomaron luego las autoridades políticas del MDN.

“La Armada no participó en la etapa de contratación, ni en la posterior gestión de garantías, por lo que no se le atribuye responsabilidad en estas fases”, concluyó el informe.

De todas maneras, en la investigación administrativa se constataron divergencias entre los testimonios que brindaron el excomandante Wilson y el contralmirante Jorge Ruiz, en particular por hechos que se registraron a finales de febrero de 2025 y que habilitaron el pago de una segunda cuota de 8,2 millones de euros a Cardama.

Uno de los requisitos establecidos en el llamado “hito B” era la aprobación de los planos de la cuaderna maestra de los dos buques que construye Cardama. El 26 de febrero, según consta en la investigación, el entonces comandante Wilson le envió una nota al empresario Mario Cardama para informar que se había cumplido con el requisito, lo cual liberó el pago de esa segunda cuota.

Así lo relató el propio Wilson en la investigación administrativa: “recibimos el diagrama de la cuaderna maestra y los tres contratos. El director de Material Naval me informó que estaba cumplido y se liberó el pago”. Sin embargo, el contralmirante Ruiz, que se desempeñaba como director de Material Naval, declaró ante los instructores de Servicio Civil que el plano de la cuaderna maestra llegó un día después que la nota firmada por Wilson: “Llega el día 27 (de febrero). Ese día yo estaba haciendo el relevo del jefe de Dique de la Armada a las 11 horas. Después de las 15 horas llego a mi casa, bajo los correos y veo que llegó eso. Como al otro día había otra ceremonia en la Escuela Naval, llamé al jefe de Gabinete (Marcelo Da Silva) para coordinar el estudio; y ahí me dice que ya se liberó una carta para el pago del hito”.