El gobierno contrató a una empresa privada para reforzar la inspección de la construcción de las dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya por parte del astillero español Cardama Shipyard, informó este lunes el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en una entrevista con el programa Desayunos informales de Canal 12. Se trata de Bureau Veritas, una compañía especializada en procesos de certificación.
“Queremos saber, no solamente por nuestros representantes, sino a través de una opinión imparcial, qué es efectivamente lo que está pasando ahí”, fundamentó Díaz. Actualmente hay dos militares uruguayos en Vigo, donde está ubicado el astillero de Cardama, monitoreando el avance de la construcción de las patrullas oceánicas. De manera adicional, Bureau Veritas controlará –a partir de este martes– “la calidad de los materiales, la trazabilidad de los materiales, la calidad de las soldaduras, etcétera”, apuntó el prosecretario de Presidencia.
Asimismo, Díaz señaló que los militares en España “están cumpliendo una misión”, la de “representar al Estado uruguayo”. “No son espías”, subrayó, en respuesta a las declaraciones que hizo el pasado miércoles el senador del Partido Nacional Javier García durante la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por el anuncio del actual gobierno de iniciar acciones legales para rescindir el acuerdo con Cardama.
En la sesión, García, quien en el período pasado, como ministro de Defensa Nacional, firmó el contrato con la empresa española, dijo que a los militares en Vigo “los mandaron a investigar el astillero e hicieron tareas de inteligencia”. Según Díaz, “esta afirmación del senador García es grave y va a tener consecuencias graves”. El jerarca confirmó que los dos militares ya solicitaron que un tribunal de honor se pronuncie sobre su misión en Vigo.
Consultado sobre el rol de la empresa Lloyd, que ha certificado el cumplimiento de determinadas etapas del contrato, Díaz manifestó: “Lloyd está controlando determinadas cosas en función de un contrato que tiene con Cardama, contrato que nosotros desconocemos. Lo único que sabemos es que ha certificado determinados hitos, que son hitos muy formales”.
Sobre el acuerdo entre Cardama y el Estado uruguayo, el prosecretario de Presidencia dijo que el gobierno está “llevando pasos adelante en el procedimiento administrativo para llegar a la resolución de rescisión del contrato”. Para esto último, señaló, el gobierno “tiene que graficar, documentar y probar todos y cada uno de los incumplimientos que tiene la empresa”. Aseguró que todo esto “va en la misma línea que marcó el presidente de la República” en la conferencia de prensa de mediados de octubre en la que se hizo el anuncio.
“Hubo un fraude; creo que eso es absolutamente indiscutido”, afirmó Díaz. Y añadió: “Hasta ahora seguimos sin garantía de fiel cumplimiento; seguimos teniendo un contrato por 90 millones de dólares y no tenemos garantía”.