Desde las 10.00 de este martes transcurre en la Cámara de Diputados la quinta y última interpelación del año. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, fue convocado para informar sobre el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien entre marzo y noviembre de este año continuó con sus trabajos en tres mutualistas privadas en simultáneo a la función pública.

La oposición ha acusado al titular del prestador de salud pública de violar el artículo 200 de la Constitución de la República, que prohíbe a los directores de servicios descentralizados –como ASSE– “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”. Por este mismo tema fue interpelada días atrás la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

El pasado 6 de noviembre, horas antes de que Danza anunciase en una conferencia de prensa que se dedicaría “de forma exclusiva a la función pública”, el directorio de la Jutep dictaminó que no había existido incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y las “funciones profesionales” que realizó el jerarca “en las instituciones de asistencia médica colectivas del sector privado”.

El fallo de la Jutep tuvo como sustento varios informes jurídicos que determinaron que no hubo un incumplimiento de la carta magna. Así lo señalaron, por ejemplo, documentos del estudio de abogados Delpiazzo y del propio Ministerio de Salud Pública. No obstante, el dictamen finalmente aprobado fue contrario a la postura de la asesoría letrada de la Jutep, que concluyó que sí existió una incompatibilidad.

La resolución de la Jutep, servicio descentralizado que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), fue aprobada con los votos de los dos representantes del oficialismo, la presidenta, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti. El director por la oposición, Luis Calabria, votó en contra.

“Los directores de la mayoría se rieron de la asesoría letrada del organismo”

El miembro interpelante, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, hizo referencia, en primer lugar, a la ausencia de las autoridades de la Jutep este martes en el llamado a sala. “Nos resultó llamativo que el señor ministro no se haya hecho acompañar por las autoridades de la Jutep, pero es el derecho del ministro, naturalmente”, comentó. En la anterior interpelación, Danza sí acompañó en sala a Lustemberg, aunque en ningún momento de la sesión hizo uso de la palabra.

“El punto de partida de la interpelación del día de hoy tiene que ver con una situación institucionalmente muy delicada y muy grave, una situación que nosotros ya hemos catalogado públicamente, y lo queremos reiterar ahora, como de abuso de poder”, afirmó Abdala.

El legislador nacionalista dijo que “este tipo de decisiones son decisiones propias de los gobiernos totalitarios”. “Yo no le estoy atribuyendo fines totalitarios al gobierno”, puntualizó, pero señaló que esto no significa que no se haya “incurrido en decisiones que tienen naturaleza totalitaria”.

Según Abdala, tanto Ferraris como Asti “no actuaron como lobos solitarios”, sino que lo hicieron en connivencia con el gobierno encabezado por Yamandú Orsi con el objetivo de “apañar al doctor Danza, que había que sostenerlo a cal y canto”, y de “apuntalar el relato oficial con relación a todo este episodio”. A su juicio, en el fallo de la Jutep hubo “abuso de poder” y “una situación de inconducta funcional” por parte de los directores del oficialismo.

El diputado del PN definió la resolución aprobada el 6 de noviembre como “un verdadero fraude”. “Si nosotros hablamos de fraude es porque notoriamente es una resolución de alto contenido político a los efectos de cumplir una finalidad política, que es la de servir al relato oficial”, expresó.

Con relación al proceso interno que tuvo la Jutep antes de pronunciarse sobre la situación de Danza, Abdala apuntó que “el 25 de setiembre la doctora Ferraris dijo públicamente que la Jutep tenía totalmente estudiado el caso Danza”, a pesar de que en aquel entonces todavía no se había encargado a la asesoría letrada del organismo la elaboración de un informe al respecto, lo cual se hizo a instancias de Calabria, quien recién asumió como director el 7 de octubre.

De todos modos, según Abdala, posteriormente “los directores de la mayoría se rieron de la asesoría letrada del organismo”, porque “cuando el informe fue elevado a consideración del directorio de la Jutep lo desestimaron absoluta y olímpicamente, apartándose de él sin el más mínimo fundamento”. Esto último, sostuvo, “es lo injustificable”.

Ya en su primera intervención, el miembro interpelante solicitó la renuncia de Ferraris. “Entendemos que ya no hay razones suficientes para que permanezca en su cargo”, manifestó.

Asimismo, Abdala dijo que “probablemente el ministro Mahía no haya tenido arte ni parte en todo esto”, ya que “no hay ninguna resolución que lleve su firma”. No obstante, señaló que al titular del MEC le corresponde la responsabilidad objetiva del asunto, dado que la resolución de la Jutep forma parte de una decisión del gobierno “en el sentido más amplio y más completo del término”.

“Hablar de totalitarismo es un exabrupto que ninguna acción del gobierno justifica”

A su turno, Mahía explicó en primer lugar cuáles son las potestades que tiene el MEC sobre la Jutep de acuerdo a la normativa vigente. “Los organismos descentralizados no se encuentran sometidos a una subordinación jerárquica del poder central”, indicó. Lo que existe, señaló, es una “tutela administrativa”, que “es básicamente un control de legalidad o legitimidad que ejerce el Poder Ejecutivo sobre los actos administrativos dictados por servicios descentralizados”.

En tal sentido, el ministro sostuvo que el fallo de la Jutep del 6 de noviembre “está dentro de las competencias” del organismo de contralor, al margen de que su contenido pueda ser o no “opinable”. Por lo tanto, concluyó que no le corresponde al Poder Ejecutivo –en este caso al MEC– ejercer la tutela administrativa a través de la interposición de un recurso anulatorio ya que el fallo de la Jutep fue legítimo. “No hubo irregularidades institucionales, no hubo manipulación de la Jutep y se actuó conforme a derecho”, resaltó.

“El Poder Ejecutivo, respetando la autonomía del servicio descentralizado, y esto lo quiero decir con total claridad, no tuvo injerencia ni presión indebida alguna en la decisión adoptada por el directorio de la Jutep”, afirmó Mahía.

La resolución aprobada con los votos de Ferraris y Asti, insistió el ministro, podrá ser “técnicamente discutible”, pero, en cualquier caso, “responde a razones de oportunidad, conveniencia o mérito que determina la propia Jutep y que exceden claramente el ámbito competencial del control de legalidad del Poder Ejecutivo en el correcto ejercicio de la referida tutela administrativa”.

Con respecto al documento elaborado por la asesoría letrada de la Jutep, que marcó la existencia de una incompatibilidad en la situación laboral del presidente de ASSE, Mahía dijo que, “como todo informe técnico, se sabe conforme a principios de derecho administrativo” y “no posee un efecto vinculante para el jerarca del organismo”, en referencia al directorio de la Jutep, “que en todo momento puede apartarse del mismo en forma debidamente fundada y motivada”, que es como “terminó laudando la Jutep”.

En cuanto a las afirmaciones de Abdala, el titular del MEC consideró que “hablar de totalitarismo es un exabrupto que ninguna acción del gobierno justifica”, dado que “no hay una sola prueba, no hay una sola demostración, ni la más mínima, de ninguna de las cosas que acá se afirman”.

Mahía aseguró que el Poder Ejecutivo no intervino en el dictamen de la Jutep. “En mi caso, nadie, ni el presidente ni nadie en nombre del presidente, me pidió que actuara en ningún sentido sobre este tema, y obviamente tampoco lo aceptaría”, agregó.

El ministro, además, advirtió sobre las consecuencias de “confundir un desacuerdo técnico con manipulación política”. “En el mejor de los casos, es un error conceptual; en el peor, una forma de deslegitimar a un organismo porque no se coincide con las expectativas que se tiene en las resoluciones que toma”, expresó.

“Lo que no se debería hacer, sin afectar la credibilidad del sistema institucional, es imputar intenciones, inventar quiebres donde no los hay o deslegitimar organismos porque un dictamen no se ajusta a las preferencias de quien formula las acusaciones”, manifestó Mahía.