La interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por la decisión del gobierno de iniciar acciones legales para rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard, firmado por la anterior administración, para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, continúa desarrollándose este miércoles en la Cámara de Senadores. Luego de la primera intervención del miembro interpelante, el senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Nacional Javier García, hizo uso de la palabra Lazo.

“Nos preguntamos qué es lo que provoca hoy esta interpelación. ¿Es acaso cuestionar que el Estado –no el gobierno, el Estado–, ante la flagrante y burda estafa a la que se ha visto sometido el pueblo uruguayo, haya enérgicamente reaccionado en defensa del interés público y adoptado la decisión de promover las acciones que son propias de un Estado de derecho?”, comenzó la ministra, antes de proceder a hacer un repaso de los hechos vinculados a la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce, que fue presentada por la empresa española.

El acuerdo entre el Estado uruguayo y Cardama, firmado por García el 15 de diciembre de 2023, imponía al astillero español la obligación de “constituir dos garantías en un plazo de 45 días desde la suscripción del contrato” para la entrada en vigor del contrato. Lazo señaló que el 25 de enero de 2024, previo al vencimiento del plazo de 45 días, Cardama solicitó una primera prórroga de 30 días para cumplir con las garantías y luego, el 28 de febrero, pidió un segundo aplazamiento por diez días.

“Existió, por parte de Cardama, una sucesión de solicitudes de prórrogas para la presentación del aval de buen cumplimiento que fueron aceptadas expresa o tácitamente por el Ministerio de Defensa Nacional de manera absolutamente inmotivada”, cuestionó Lazo, y apuntó que, siete meses después, el 3 de setiembre, Cardama informó sobre la negativa de la empresa Abitab a otorgar la garantía –en su intervención, García dijo que esto fue por “presiones políticas”–, y posteriormente, el 6 de setiembre, el astillero español presentó el borrador de la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce, compañía que recientemente fue disuelta por el organismo regulador de sociedades anónimas de Reino Unido.

En ese marco, Lazo señaló que el estudio Delpiazzo Abogados, contratado por la anterior administración, advirtió que el borrador no cumplía “con la exigencia contractual”, ya que la garantía “sólo se concede por 365 días, cuando el contrato establece que debe estar vigente 42 meses”, y además “deja librada la posibilidad de ejecución al consentimiento del incumplidor”.

La ministra calificó de una “omisión criticable que desprotegió al Estado” el hecho de que en el contrato no se estableciera, “como impone la práctica contractual y el más elemental sentido común”, que las entidades emisoras de las garantías en favor del Estado “debieran ser de una calificada reputación y solvencia”.

“Contrasta fuertemente esa omisión totalmente perjudicial para el interés del país con otras exigencias del propio contrato en las que, en exclusivo beneficio de la empresa constructora, establecieron, por ejemplo, que la carta de crédito de carácter irrevocable y confirmada deba ser emitida por un banco internacional de primera clase para garantizar los pagos”, apuntó.

El gobierno anterior aceptó “una malísima opción de garantía de cumplimiento de contrato, totalmente objetable”

Lazo continuó con el racconto y apuntó que, finalmente, el 14 de octubre de 2024, el entonces ministro García comunicó a Cardama la aceptación de las garantías.

“Se podría entender, con cierta razonabilidad, mantener algún grado de excepcionalidad o flexibilidad si se consideraran justificados los motivos por los que el constructor se pudo haber visto impedido transitoriamente de constituir las garantías. Pero, en este caso, el retardo pasó todos los límites de lo razonable”, afirmó la ministra, y sostuvo que “esa tolerancia inmotivada, en la medida en que se fue otorgando tácitamente, es injustificable en el marco de una buena administración y debe, sin dudas, merecer el más amplio y enérgico reproche respecto de quienes manejaron esa desidia con los intereses del Estado”.

La “asintomática demora”, agregó Lazo, “debió oficiar de llamado de atención al Estado en cuanto a que, por alguna razón, las entidades financieras no estaban aceptando a la empresa Cardama”. La ministra rechazó en sala el argumento sostenido por el director general del astillero, Mario Cardama, de que dicho atraso “tenía su causa en algún aspecto regulatorio en materia financiera y de seguros derivado de la coyuntura internacional, vinculado a diversos conflictos bélicos”, concretamente entre Rusia y Ucrania.

“En lugar de advertir que esa demora y la presentación de erráticas propuestas de garantías eran el claro indicio de algo que andaba mal en la ecuación de este negocio, las autoridades anteriores del Ministerio de Defensa Nacional optaron por ignorar esas advertencias y seguir esperando por casi un año más, para finalmente terminar aceptando una malísima opción de garantía de cumplimiento de contrato, totalmente objetable, tanto en el plano formal como en el plano de contenido sustancial, sin tomar los recaudos para analizar la solvencia y reputación del emisor de este aval otorgado por la ignota compañía Eurocommerce”, sostuvo la ministra.

“Es realmente muy difícil poder pensar en hacer las cosas peor”, sentenció Lazo, y afirmó que, “de alguna manera, las autoridades, a través de su pasividad para con la empresa, determinaron que se borrara con el codo aquello que se había escrito con la mano en el contrato”, por ejemplo, que “a los 60 días de firmado el contrato, si no se activaba el mismo, caía de pleno derecho”.

La ministra también recordó que, junto a la garantía de Eurocommerce, se entregó un “acta de manifestación” en la que el notario español Luis Calabuig de Leyva presuntamente certificaba que otra persona, Francisco Sabater Cabanes, se había presentado en su estudio para garantizar que una tercera persona llamada Alex Walsh contaba con “facultades suficientes” para firmar el aval en representación de Eurocommerce. Por este tema, Calabuig de Leyva denunció días atrás ante la Policía española la falsificación de su firma.

“Los documentos son elocuentes: de un rápido análisis jurídico notarial de los documentos agregados por Cardama se desprende que no surge el control por parte del notario de la personería jurídica de Eurocommerce, ni tampoco la representación legal y las facultades del señor Francisco Sabater Cabanes. Tampoco surge del documento ningún tipo de control, ni personal ni de legitimidad, del señor Alex Walsh para actuar en representación de la empresa y estar en condiciones de emitir un aval”, afirmó Lazo. Sostuvo, asimismo, que, “con este nivel de vaguedad, de verdadera puesta en escena, de formalidad y pretendida legitimidad, fue que se aceptó por parte de los funcionarios una documentación que ni formal ni sustancialmente era apta para generar efectos jurídicos”.

“El daño a la administración es claro y notorio”

El 22 de octubre de este año, ya en la actual administración, venció la garantía de Eurocommerce que Cardama debía haber renovado 30 días antes. Frente a esto, “nuestro país decidió legítimamente ejecutarla [la garantía]” para “salvaguardar los intereses del Estado recurriendo a los mecanismos previstos”, señaló Lazo.

Ese mismo día, el gobierno informó en una conferencia de prensa su intención de rescindir el contrato con Cardama. Sin embargo, minutos antes del anuncio, “en el correo oficial de esta ministra, y encontrándose junto al presidente de la República a la hora exacta 18.17”, llegó “un correo oficial donde el señor Francisco Cardama nos envía la renovación del aval, remitiendo la misma garantía a cargo de Eurocommerce, lo que lógicamente aumenta la sospecha y la suspicacia respecto del accionar de la propia empresa constructora”, apuntó Lazo.

Este documento enviado a último momento, agregó la ministra, contenía “la misma dirección, sello, firma del señor Walsh, etcétera, que las contenidas en las notas que enviaron un año atrás, con el agravante de que Eurocommerce ahora, según registros de accesos públicos, está en proceso de disolución forzosa”. Asimismo, señaló que “la fecha estampada está literalmente mal, ya que parecería que la renovación fue emitida el día 26 de setiembre de 2024”.

Dicho esto, Lazo informó en la interpelación que el documento con el que Cardama pretendió renovar la garantía a último momento fue “recientemente periciado por parte del Ministerio del Interior, emergiendo nuevos indicios de su falsedad intrínseca”. En concreto, mencionó que en el informe policial “se desprende que este nuevo documento que contiene en apariencia una firma autógrafa del citado señor Walsh no es una digitalización de un documento físico, sino que su existencia es de carácter electrónico”.

Asimismo, Lazo dijo que en el análisis realizado por el Ministerio del Interior se constató “otros indicios” de la irregularidad del documento, los cuales “denotan que no sólo nunca fue un papel físico firmado, sino que se abría armado a partir de pedazos de otros archivos electrónicos”

“El daño a la administración es claro y notorio: la imposibilidad de exigir la garantía de fiel cumplimiento del contrato de Eurocommerce deja a la administración pública en situación de desventaja sin poder hacerse de la misma ante el incumplimiento en la renovación”, aseveró la ministra.

Por otro lado, Lazo calificó de “demoledor” el informe que el actual gobierno solicitó al notario español Ignacio Martínez-Gil, que concluyó que las copias del acta entregadas por Cardama al Ministerio de Defensa Nacional son “absolutamente falsas”. “Cuando uno lee el informe no puede menos que indignarse primero y luego también sentir un poquito de vergüenza ajena ante la penosa imagen para nuestro país”, expresó.