La interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por la decisión del gobierno de iniciar acciones legales para rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard, firmado por la anterior administración, para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, continúa desarrollándose este miércoles en la Cámara de Senadores. Luego de la primera intervención del miembro interpelante, el senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Nacional Javier García, hizo uso de la palabra Lazo.

“Nos preguntamos qué es lo que provoca hoy esta interpelación. ¿Es acaso cuestionar que el Estado –no el gobierno, el Estado–, ante la flagrante y burda estafa a la que se ha visto sometido el pueblo uruguayo, haya enérgicamente reaccionado en defensa del interés público y adoptado la decisión de promover las acciones que son propias de un Estado de derecho?”, comenzó la ministra, antes de proceder a realizar un repaso de los hechos vinculados a la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce, que fue presentada por la empresa española.

El acuerdo entre el Estado uruguayo y Cardama, firmado por García el 15 de diciembre de 2023, imponía al astillero español la obligación de “constituir dos garantías en un plazo de 45 días desde la suscripción del contrato” para la entrada en vigor del contrato. Lazo señaló que el 25 de enero de 2024, previo al vencimiento del plazo de 45 días, Cardama solicitó una primera prórroga de 30 días para cumplir con las garantías, y luego, el 28 de febrero, pidió un segundo aplazamiento por diez días.

“Existió, por parte de Cardama, una sucesión de solicitudes de prórrogas para la presentación del aval de buen cumplimiento que fueron aceptadas expresa o tácitamente por parte del Ministerio de Defensa Nacional de manera absolutamente inmotivada”, cuestionó Lazo, y apuntó que, siete meses después, el 3 de setiembre, Cardama informó sobre la negativa de la empresa Abitab a otorgar la garantía –en su intervención, García dijo que esto fue por “presiones políticas”–, y posteriormente, el 6 de setiembre, el astillero español presentó el borrador de la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce, compañía que recientemente fue disuelta por el organismo regulador de sociedad anónimas de Reino Unido.

En ese marco, Lazo señaló que el estudio Delpiazzo Abogados, contratado por la anterior administración, advirtió que el borrador no cumplía “con la exigencia contractual”, ya que la garantía “sólo se concede por 365 días, cuando el contrato establece que debe estar vigente 42 meses”, y además “deja librada la posibilidad de ejecución al consentimiento del incumplidor”.

La ministra calificó como una “omisión criticable que desprotegió al Estado” el hecho de que en el contrato no se estableciera, “como impone la práctica contractual y el más elemental sentido común”, que las entidades emisoras de las garantías en favor del Estado “debieran ser de una calificada reputación y solvencia”.

“Contrasta fuertemente esa omisión totalmente perjudicial para el interés del país con otras exigencias del propio contrato en las que, en exclusivo beneficio de la empresa constructora, establecieron, por ejemplo, que la carta de crédito de carácter irrevocable y confirmada deba ser emitida por un banco internacional de primera clase para garantizar los pagos”, apuntó.

El gobierno anterior aceptó “una malísima opción de garantía de cumplimiento de contrato, totalmente objetable”

Lazo continuó con el racconto y apuntó que, finalmente, el 14 de octubre de 2024, el entonces ministro García comunicó a Cardama la aceptación de las garantías.

“Se podría entender, con cierta razonabilidad, mantener algún grado de excepcionalidad o flexibilidad si se consideraran justificados los motivos por los que el constructor se pudo haber visto impedido transitoriamente de constituir las garantías. Pero, en este caso, el retardo pasó todos los límites de lo razonable”, afirmó la ministra, y sostuvo que “esa tolerancia inmotivada, en la medida en que se fue otorgando tácitamente, es injustificable en el marco de una buena administración, y debe, sin dudas, merecer el más amplio y enérgico reproche respecto de quienes manejaron esa desidia con los intereses del Estado”.

La “asintomática demora”, agregó Lazo, “debió oficiar de llamado de atención al Estado en cuanto a que, por alguna razón, las entidades financieras no estaban aceptando a la empresa Cardama”. La ministra rechazó en sala el argumento sostenido por el director general del astillero, Mario Cardama, de que dicho atraso “tenía su causa en algún aspecto regulatorio en materia financiera y de seguros derivado de la coyuntura internacional, vinculado a diversos conflictos bélicos”, concretamente entre Rusia y Ucrania.

“En lugar de advertir que esa demora y la presentación de erráticas propuestas de garantías eran el claro indicio de algo que andaba mal en la ecuación de este negocio, las autoridades anteriores del Ministerio de Defensa Nacional optaron por ignorar esas advertencias y seguir esperando por casi un año más, para finalmente terminar aceptando una malísima opción de garantía de cumplimiento de contrato, totalmente objetable, tanto en el plano formal como en el plano de contenido sustancial, sin tomar los recaudos para analizar la solvencia y reputación del emisor de este aval otorgado por la ignota compañía Eurocommerce”, sostuvo la ministra.

“Es realmente muy difícil poder pensar en hacer las cosas peor”, sentenció Lazo, y afirmó que, “de alguna manera, las autoridades, a través de su pasividad para con la empresa, determinaron que se borrara con el codo aquello que se había escrito con la mano en el contrato”, por ejemplo, que “a los 60 días de firmado el contrato, si no se activaba el mismo, caía de pleno derecho”.