La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos recibió con “mucha sorpresa” la noticia sobre la reunión que mantuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, para tratar la situación de los presos en la cárcel de Domingo Arena, condenados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. El encuentro, de carácter reservado, fue a mitad de año.

Según informó este jueves Búsqueda_, Orsi presentó informes elaborados por Sanidad Militar sobre el estado de salud de los represores y consultó cómo debía proceder para que dicha información fuese considerada por el Poder Judicial. De acuerdo al semanario, Pérez contestó que la información debía enviarse directamente a los juzgados que actuaron sobre cada una de las causas y señaló que la SCJ no podía intervenir en el asunto.

Consultado al respecto, Orsi confirmó este jueves en rueda de prensa que mantuvo una reunión con Pérez por este tema, pero aseguró que no le trasladó “ni preocupación ni nada” por la situación de los represores. “Lo que dice Búsqueda, si uno analiza la noticia, es que yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de Sanidad Militar, que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviarse a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto, y me dijo: ‘Eso lo resuelve cada uno de los jueces’”, expresó.

En ese marco, Madres y Familiares afirmó a través de un comunicado que resulta “llamativa e improcedente toda ‘consulta’ o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como sugerencia sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado”. Para el colectivo, “la sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática”.

En diálogo con la diaria, Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares, dijo que en la organización había “total desconocimiento de esa reunión”. “No es una buena señal; genera muchas dudas”, resaltó; y agregó: “Nunca pensamos que se fueran a dar estos hechos”.

Montes de Oca dijo que “no es una buena señal que el Poder Ejecutivo vaya a plantear determinadas cosas al Poder Judicial”, por más que el presidente haya argumentado que no sabía cómo proceder. “Son dos poderes totalmente independientes”, afirmó. En ese sentido, consideró que la respuesta del presidente de la SCJ fue correcta.

“No corresponde presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de un sistema penitenciario hostil. Muy por el contrario: se alojan en un establecimiento con condiciones privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros centros de reclusión, tal como lo ha señalado reiteradamente el comisionado parlamentario”, manifestó Madres y Familiares en el comunicado.

La asociación calificó como “aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional”. “Ninguna señal política debe poner en duda la legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los crímenes más graves de nuestra historia”.

Montes de Oca señaló que hay un pedido pendiente de entrevista con Orsi por otros temas, entre ellos la solicitud al presidente para que dé la orden a las Fuerzas Armadas de que entreguen información sobre los detenidos desaparecidos. Señaló que, en caso de concretarse la reunión, también “será planteada esta inquietud”.

Las personas privadas de libertad “tienen sus mecanismos para hacer llegar sus inquietudes”

La exjueza y actual presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mariana Mota, dijo a la diaria que se trata de “cuestiones que resuelven los jueces dentro de sus competencias”, en este caso, los jueces de ejecución, que tienen a su cargo el control de las sentencias.

Mota indicó que los pedidos de cualquier tipo que formulan los privados de libertad, por ejemplo, respecto a una situación médica, se presentan “ante la Justicia y la Justicia resuelve”, pero “no lo resuelve exclusivamente con un informe particular o privado, sino con informes del ITF [Instituto Técnico Forense]”.

En ese sentido, la presidenta del INDDHH dijo que los informes de Sanidad Militar son “un informe de parte” respecto de personas procesadas “por delitos gravísimos, como son los delitos por los cuales están presas las personas que están en Domingo Arena, que también fueron militares, o que son militares, y que utilizan el servicio de Sanidad Militar”.

Para Mota, en este tema corresponde “considerar y atender que los jueces tienen sus mecanismos, que las personas privadas de libertad también tienen sus mecanismos para hacer llegar sus inquietudes y necesidades, y que los jueces tienen sus formas de resolverlo”.

Señaló que, al menos durante el tiempo en que se desempeñó como magistrada, cualquier circunstancia de salud de los represores recluidos en Domingo Arena “era atendida con toda la prontitud por el Hospital Militar”. Por lo cual “esta cuestión de riesgo de vida yo la pongo entre comillas, porque realmente dudo que sea de esa manera”, señaló.

“Ahí sí hay una diferencia lamentable en relación a los presos por delitos comunes, en cuanto a que ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] tiene a veces sus demoras, a veces tiene problemas para los traslados, etcétera”, apuntó Mota.

Diputado del Partido Nacional retomará iniciativa de prisión domiciliaria

La noticia de la reunión entre Orsi y Pérez ya tuvo un efecto en el Parlamento. El diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi dijo este jueves que presentará antes de fin de año su anunciado proyecto de ley para otorgar la prisión domiciliaria preceptiva a partir de los 70 años en caso de crímenes cometidos antes de 1985.

Goñi había anunciado la presentación de este proyecto a mitad de año. La iniciativa tiene como base un proyecto de ley de Cabildo Abierto (CA) que obtuvo media sanción en la legislatura pasada. En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista dijo que todavía no se presentó debido a que no pudo concretar el apoyo de CA.

Pero ahora, y ante la reunión que mantuvo el presidente por este tema, Goñi considera oportuno retomar la propuesta. “Creo que están las mayorías y creo que también hay una mayoría ciudadana que está queriendo una solución; esa es mi percepción”, afirmó.

El legislador nacionalista señaló que, si bien Orsi negó haber manifestado “preocupación”, igualmente “expresó, de alguna forma, que está pensando en el tema”. “El presidente no le quiso poner preocupación, [pero] se ocupó del tema, que es más que preocupación”.