Tras la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el proceso de rescisión del contrato con el astillero español Cardama Shipyard, la diaria Radio recibió a Aníbal Pereyra, senador del Frente Amplio (FA), para repasar lo que dejó la instancia parlamentaria: “Mostró lo turbio de todo esto, que configura una gran estafa al Estado uruguayo”, opinó.
“Plantean que empezar mal fue la conferencia de prensa del presidente. No, esto empezó cuando se firmó el contrato previo a una selección de astilleros muy turbia. Ayer el interpelante fue interpelado y no respondió, quedaron muchas preguntas sin contestar”, consignó. Opinó que lo que hizo García fue “defender a Cardama” y que, entre las interrogantes, recordó que le preguntaron si “llamó al presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE) dos o tres veces para que otorgara el aval”, aunque no hubo una respuesta. Sobre la carta de crédito, opinó que “claramente hubo por parte del MDN hacia el Banco República un acoso permanente para que la otorgara, en enero de este año”.
El legislador leyó correos entre el entonces director de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa, Damián Galo, y las gerencias del BROU. Indicó que en ese intercambio los jerarcas del banco “una y mil veces” decían que “la operación detallada se trata de una operación de alto riesgo” y que podría implicar “un riesgo reputacional para el banco”, según citó textual: “Surgen elementos de riesgo que entendemos que se deberían aclarar para mitigarlos. Se encontró numerosa información negativa respecto a Cardama (...). Dicha información está referida a la capacidad que tiene de afrontar el proyecto y de presuntas contradicciones en la forma de financiarlo”, leyó Pereyra desde un correo que remitió el banco al MDN.
También en base a documentación, indicó que el directorio del banco recibió el 23 de enero a la gerenta de Negocios Centralizados, quien en ese momento “advierte sobre las debilidades que atraviesa la empresa Cardama”. Sin embargo, el expresidente Salvador Ferrer toma la decisión “contraria a los informes” de otorgar la carta de crédito y “claramente tiene un aval político del gobierno”: “Ferrer no toma una decisión de esta magnitud sin todas las cartas del MDN y sin que el presidente de la República esté en conocimiento. Había interesantes asados en enero en Punta del Este”, afirmó.
Otro elemento es que el entonces comandante en jefe de la Armada Nacional, Jorge Wilson, el 26 y 27 de febrero, a dos días de cambiar el gobierno, remitió una carta en la que “certifica y avala la documentación sobre la carta maestra”, algo que “era determinante” para que “el mismo 27 de febrero [la empresa certificadora] Lloyd’s contestara raudamente habilitando a que se pague”, reconstruyó. “Lloyd’s se ha planteado en este proceso que es una garantía, nadie lo discute, pero garantiza este pago a través de la documentación de la Armada, o sea del MDN, y esto dispara todos los pagos en forma automática”, señaló. Dijo que “es todo muy estructurado, afinado”, y que en su visión hay “decisiones políticas que configuraron una gran estafa”.
“Otra cosa que la ministra demostró es que, en las pruebas de túnel en que se hace una simulación, los técnicos que están allá establecen que todo indica que puede tener afectaciones constructivas. El contrato determina que se paga hasta el 90% del valor total de las OPV y el 10% queda para el final. Si no flota, Cardama queda sin cobrar el 10%, pero ya cobró todo lo otro. Es un contrato leonino y no hay historia en el Estado uruguayo de que haya un contrato de estas características”, cerró.
Finalmente, sobre la posibilidad de conformar una Comisión Investigadora en el Senado, dijo que “claro que es posible” y que “mantenemos dentro del Parlamento todos los caminos para seguir investigando”, aunque aún no acordaron un momento preciso para la definición. Respecto a si se rescindirá el contrato o no, reiteró que “lo que se quiso instalar ayer en la interpelación es que el gobierno no tiene rumbo”, parte de “la retórica que están planteando”, y dijo que “no puedes rescindir un contrato si no consolidas todos los procesos legales para hacerlo”, y “es tan contundente todo esto que no hay otro remedio que quienes son los responsables creen bombas de humo”.
“En términos oceánicos, el gran pez piloto de todo este proceso se llama Javier García”, aseveró. Sobre el rol del otro exministro de Defensa blanco, Armando Castaingdebat, dijo que “ya venía el barco andando” y tuvo que seguir con “la lógica que le había instalado el pez piloto”.
El punto de vista blanco
Durante la misma mañana, el espacio radial de la diaria también recibió al senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy. “Creo que en los últimos meses nos hemos sorprendido por el cambio repentino y sucesivo de opiniones de voceros o referentes muy importantes del gobierno”, adelantó. Camy cuestionó que durante la interpelación “la ministra dice que al día de hoy no se rescinde el contrato”, por lo que detectó “un ida y vuelta” en un “tema crucial”, así como el hecho de que “no hay solidez, seriedad ni un rumbo definido”.
Además, otros temas “no quedaron claros”. Por un lado, si bien “a todas luces” parece que la garantía de fiel cumplimiento “es trucha”, se preguntó “por qué entonces, si hay una garantía trucha y el gobierno tiene la sospecha de estafa y fraude, se siguió con el cumplimiento de pagos”. También criticó que los representantes del oficialismo “no pusieran el acento” en “lo principal”, acceder a las patrulleras. Dijo que “han pasado 20 años” y “en 15 años de gobierno del FA, incluido un tiempo de bonanza económica singular, no priorizó esto”, a pesar de que “Uruguay es más grande en territorio marítimo que en tierra”, que “el estuario del Río de la Plata es uno de los más transitados del mundo” y que “aumenta cada vez más el tráfico marítimo mundial”.
“Yo sentí, con total franqueza, que era una excusa para que no se hablara del tema, y por eso me preocupó. Decían ‘las lanchas oceánicas no discutimos que son necesarias, estamos todos de acuerdo’”, planteó.
En ese sentido, dijo que la credibilidad del sistema político “le preocupa en este momento”: “Hace diez años que no encontramos acuerdo político para nombrar los ministros de la Suprema Corte de Justicia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para cambiar la integración de la Corte Electoral, para cambiar la integración del Tribunal de Cuentas de la República, para nombrar un fiscal de Corte titular; no logramos acuerdos hace una semana para nombrar al comisionado parlamentario de cárceles, y hace 20 años que tenemos acuerdos políticos refrendados de que precisamos dos patrullas oceánicas, y por hache o por be no nos ponemos de acuerdo”, listó.
Sobre presuntas irregularidades, precisamente respecto a la presunta firma falsa de un notario español en un acta de manifestación que presentó Cardama, Camy precisó que el notario Luis Calabuig de Leyva “no habría ratificado la denuncia sobre la falsedad de la firma”. “Yo estoy de acuerdo con que ante cualquier sospecha, duda o situación vinculada a presuntas irregularidades –a cosas que se entiende que no fueron bien hechas– se encamine el proceso de solucionarlas, y esto incluye, naturalmente, la investigación de presuntas responsabilidades”, acotó. Reiteró que “el tema son las consecuencias”, y decir que se va a rescindir el contrato “puede implicar consecuencias muy graves para el país”, que van desde “perder una cantidad muy importante de dinero” hasta “el costo que puede tener las instancias que va a generar”.
En la misma línea y vinculado a los resultados de la investigación administrativa que elaboró la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Camy dijo ser “partidario de todas las investigaciones siendo gobierno, oposición o lo que sea”, y criticó que “no se investigó a los dos exministros de Defensa Nacional” a pesar de que, si son “responsables políticos”, deberían “ser consultados”. “La investigación es garantía para todos; es garantía para el que tiene la responsabilidad de administrar y gestionar, y es garantía para el investigado, el presunto sospechoso. El primer responsable siempre tiene que estar, se tiene que arrancar por ahí”, dijo. Por último, opinó lo mismo sobre la posibilidad de conformar una Comisión Investigadora en el Senado: “¿Cuál es el problema de investigar?”, preguntó.
Por último, aunque no cuestionó los reportes del personal uruguayo en Vigo respecto a la calidad del trabajo de Cardama, reiteró algunos planteos de García: señaló que “está prácticamente descabezada la Armada Nacional” y que “el único oficial general que está hoy de los seis de mayor rango de la Armada es especializado específicamente en esto”, pero que “no fue considerado ni tenido en cuenta”. Además, señaló que los técnicos en Europa “no pasaron por la escuela de especialidades de la Armada para estos temas”.