La transición entre el gobierno que lideraba Luis Lacalle Pou y el ya en funciones, encabezado por Yamandú Orsi, dio lugar a varios encontronazos por decisiones que se tomaron a último momento. El ejemplo paradigmático fue la firma del contrato para la construcción del proyecto Neptuno, pero esto también pasó, en menor medida, con otros asuntos.

Un ejemplo fue la contratación directa de servicios realizada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la Fundación A Ganar por alrededor de 3,6 millones de dólares. Según consta en la resolución firmada por el entonces presidente de la República el 25 de febrero, ese direccionamiento de recursos tiene como objetivo que se gestione y se haga el seguimiento de 230 cupos en centros, hogares o residenciales de larga estadía habilitados por la cartera. Se agregó además que el plazo de vigencia de la contratación se establecería entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

La información difundida en primera instancia por el periodista Eduardo Preve aún no ha generado reacciones públicas del actual gobierno. Sin embargo, la diaria supo con base en fuentes del Mides que las nuevas autoridades están “estudiando” lo sucedido con esta contratación y no se tienen las “herramientas” para valorar “ni positiva ni negativamente” el proceder de sus antecesores.

Más allá del posicionamiento neutral que mantienen los nuevos jerarcas, hay antecedentes de fuertes críticas del actual oficialismo a la relación que mantuvo la administración de Lacalle Pou y algunas intendencias blancas con la Fundación A Ganar. Según reconstruyó la diaria en setiembre de 2022, la fundación había recibido hasta ese momento 426,5 millones de pesos por estos convenios, lo que equivalía en ese entonces a 10,5 millones de dólares. Más de la mitad del total correspondía a los acuerdos con la Intendencia de Maldonado.

Maldonado y el inicio de la relación

La importante presencia de la Intendencia de Maldonado en aquel relevamiento realizado en 2022 no era una casualidad, sino una consecuencia de que la comuna fernandina mantiene una relación estrecha con la fundación desde 2015. Según explicó a la diaria el diputado frenteamplista Joaquín Garlo, al principio de la primera gestión del nacionalista Enrique Antía se utilizó la organización para cubrir “funciones docentes” en centros CAIF para la atención en verano, así como también para cursos creados por iniciativa de la comuna.

Más allá de esta primera experiencia, Garlo cuestionó que luego este tipo de contrataciones a través de la fundación se extendieron para las “funciones más diversas dentro de la administración”. En este sentido, el diputado entiende que detrás de este sistema se esconden “contrataciones directas” que no pueden ser constatadas dado que los contratos entre las personas y la fundación son “privados”. “Hay un bache bastante importante de controles”, indicó.

Desde su punto de vista, con ese proceder la fundación “se ha transformado en una agencia de colocación de militantes del Partido Nacional”. Garlo reconoció que los últimos datos que tiene sobre el movimiento de fondos de la intendencia hacia la organización son de 2021. Hasta ese año, según el relevamiento de la diaria, la comuna había pagado a la fundación 270 millones de pesos.

Como ejemplo de lo que sigue sucediendo en Maldonado, Garlo detalló que en el municipio de Garzón “la mayoría de las personas que prestan funciones son contratos de la Fundación A Ganar. Indicó que, concretamente, los únicos funcionarios públicos allí son “los choferes y maquinistas”.

Rocha y los movimientos recientes

Desde el Frente Amplio (FA) también hubo una postura muy crítica en lo que refiere al relacionamiento de A Ganar con la Intendencia de Rocha. El seguimiento del tema lo hizo el diputado reelecto por el departamento Gabriel Tinaglini. Consultado por la diaria, el representante dijo que ese vínculo “fue y sigue siendo mortal”. “Lo que hace esta fundación es la intermediación laboral pura y cruda”, apuntó el representante, y agregó que a través de la misión establecida a la hora de su constitución como fundación se abre la posibilidad a que la comuna pueda “evadir los aportes patronales”.

la diaria accedió a un pedido de informes que Tinaglini hizo en junio de 2023 al Tribunal de Cuentas, en el que se detalla que hasta ese momento la Intendencia de Rocha había realizado dos licitaciones en las que luego se había llegado a la concreción de un contrato con la mencionada fundación. Una de ellas –abreviada– fue en diciembre de 2020 y la otra –pública–, en noviembre de 2021. En relación con esta última, el tribunal observó el gasto por violar tres artículos del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, pero el intendente Alejo Umpierrez lo reiteró.

El gasto total en el que incurrió la intendencia en ambas licitaciones, calculado en cotizaciones de marzo de 2023, cuando se hizo el pedido de informes, fue de 3,6 millones de dólares. De ese total, 5% le quedó de ganancia a la fundación, alrededor de 181.500 dólares. El resto, algo más de 3,4 millones de dólares, fue derivado a salarios. Dado que los aportes patronales jubilatorios en los gobiernos departamentales es de 16,5%, Tinaglini calculó que en las contrataciones a la fundación la intendencia evadió alrededor de 569.000 dólares.

El diputado apuntó que eso “se siguió incrementando” porque se “siguieron aumentando la cantidad de funcionarios” contratados a través de la fundación. Esto queda en evidencia, por ejemplo, en el llamado “Rocha trabaja”, lanzado el pasado 18 de febrero y que cerró a fines de mes. La Intendencia de Rocha sorteó 300 cupos para brindar trabajo hasta junio y anunció que la contratación de los “beneficiarios” sería a través de la Fundación A Ganar.

En este escenario, Tinaglini subrayó que va a “reiterar” un pedido de informe que ya hizo sin éxito al Ministerio de Educación y Cultura sobre la fundación, ya que entiende que es la cartera la que se debería encargar de analizar si cumple con los fines que la definen como fundación. Situaciones similares a la de Rocha, vinculadas a esta organización, fueron denunciadas también por la oposición de Durazno y Paysandú en el último período.

La exdiputada sanducera Cecilia Bottino indicó a la diaria, en línea con Tinaglini y Garlo, que en su departamento se la utiliza como “una herramienta totalmente clientelar” que, además, a su entender, lleva a la “precarización de las condiciones laborales”.