La sesión de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes que recibió el viernes pasado a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, tuvo momentos tensos y reproches cruzados, según consta en la versión taquigráfica de la reunión.
Al inicio, el diputado colorado y exsubsecretario de Industria, Walter Verri, remarcó que la gestión de Ancap durante el gobierno de Luis Lacalle Pou fue “mucho mejor que la que recibimos en 2020”. “Hoy Ancap tiene una situación patrimonial mejor a la que tenía en el 2020, tiene un endeudamiento estructural 76% más bajo”, destacó. También mencionó que el gobierno anterior recibió Ancap con un patrimonio de 790 millones de dólares y lo entregó con un patrimonio de 826 millones, y que tuvo ganancias en el período por 220 millones.
Sobre el precio de los combustibles, Verri destacó que en los cinco años del gobierno anterior se estuvo “500 millones por debajo de la paridad”, cuando durante el último gobierno del Frente Amplio se estuvo “800 millones por encima”.
Por su parte, la ministra de Industria reiteró que sólo en cuatro de los 45 ajustes de los precios de los combustibles la administración anterior ajustó de acuerdo al precio de paridad de importación (PPI), como ahora la oposición le reclama al gobierno que lo haga; en los restantes casos lo hizo por debajo o por encima. Señaló que el PPI “es el primer factor que se considera como un precio de referencia del importador más eficiente”, pero es “el primer eslabón de la cadena”. “Después, tenemos tres elementos más antes de llegar al precio de venta al público, que lo que hacen es traducir todo el proceso de refinería en el Uruguay. Al precio de paridad de importación se le adicionan los impuestos y, luego, la paramétrica que se paga a los sellos, es decir, a los distribuidores: Ducsa, Disa o el que sea. Después, continúan los impuestos y se consideran los fletes y, también, lo que se paga al estacionero, al dueño de la estación de servicio. Una vez hecha toda esa cuenta, llegamos al precio de venta al público”, indicó la ministra.
Cardona cuestionó que el “no reconocimiento en las tarifas, tal cual lo estipulaba la metodología planteada por el propio gobierno”, “hizo que Ancap resignara ingresos por un total de 541 millones de dólares” en el período pasado. Sobre las acusaciones de la oposición de que Ancap busca “hacer caja” con los combustibles, remarcó que el ente no hizo transferencias a Rentas Generales ni en los gobiernos del Frente Amplio ni en el gobierno pasado.
Respecto al balance de 2024, “el año más crítico en materia de resultados del ejercicio”, la ministra señaló que “la diferencia no reconocida en tarifas de combustibles” respecto al PPI fue de 55 millones de dólares. Además, afirmó que en el negocio del pórtland se multiplicaron por 12 las pérdidas ese año. “Además del resultado negativo, esto responde a un deterioro impresionante de las plantas de producción de pórtland en las tres áreas que tenemos: Paysandú, Montevideo y Minas”, sostuvo.
Mala gestión de la parada de la refinería y crédito a corto plazo
Por otra parte, la ministra negó que la parada de la refinería en 2024 explique el monto de las pérdidas sufridas por el ente ese año, como argumenta la oposición, que apunta a la conflictividad laboral como el factor que prolongó la parada más tiempo del previsto. Cardona recordó que en 2017 se realizó la última parada técnica y ese año Ancap tuvo ganancias por 39 millones de dólares.
Por su parte, la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, que estuvo presente en la sesión, coincidió en que las paradas “no implican necesariamente que los estados financieros de dicho año deban arrojar resultados negativos”. “Dado que es una actividad programada, permite tomar las previsiones necesarias a efectos de que esta se realice de la forma más eficiente posible. Esto incluye compra de repuestos y equipos a tiempo, contratación de las empresas y servicios y gestión de los recursos humanos involucrados. Cualquier retraso provocado por una mala atención de estos aspectos tiene un fuerte impacto económico debido a la pérdida del margen de refinación sumado al sobrecosto de los productos importados”, advirtió la jerarca. “Por eso es tan sensible y se prepara con muchísima antelación una parada de refinería, desde aspectos técnicos hasta aspectos de gestión humana. Se acuerdan las modalidades de trabajo con tiempo porque es un tema muy sensible la carga de trabajo que hay”, añadió San Román.
Otro tema planteado por las autoridades fue el crédito tomado por Ancap por 160 millones de dólares y que debe cancelarse antes del 29 de mayo de 2026. La ministra afirmó que la empresa estatal tiene sólo “un año y unos meses” para pagar este crédito, “lo que representa un ahogo financiero si se compara la cifra a pagar en un año y medio con las ganancias promedio de Ancap”. “Las condiciones del préstamo que acabamos de detallar llaman la atención en un país con buen grado inversor. Entonces, surge la duda de por qué no se negociaron mejores condiciones para ese crédito”, cuestionó.
Cardona anunció que se buscará “reperfilar ese préstamo, porque queremos usar el grado inversor que tiene Uruguay, porque entendemos que las condiciones podrían haber sido otras, porque entendemos que podríamos tener más tiempo”.
Sobre el final de la sesión, Cardona criticó que “cuando se necesitó planificar con gestión, en el 2024”, el gobierno anterior tuvo “números negativos”. Sobre las pérdidas del pórtland, afirmó que pasaron de dos millones a 24 millones porque “no hubo gestión”, “no hubo inversiones en las plantas de pórtland ni se modificó el negocio”.
Finalmente, sobre la conferencia que realizó el viernes junto al presidente Yamandú Orsi, remarcó que no indujo en error al primer mandatario y señaló que los números negativos de Ancap “por supuesto que tuvieron una consecuencia en el resultado fiscal del Uruguay”: “Es parte de lo que golpeó a los números fiscales nacionales del sector público”. “Los números de Ancap y de UTE pegan y pegan fuerte, porque mueven la aguja de Uruguay”, concluyó.