El Colectivo de Profesionales Afectados por la Transición Acelerada, que integran unos 800 profesionales nacidos entre 1967 y 1972, le envió este lunes una carta al presidente, Yamandú Orsi, en la que reclaman que su grupo será el “más perjudicado” por la reforma que impulsa el Poder Ejecutivo para la Caja de Profesionales, que está en negociación en la Cámara de Senadores.

En la carta, a la que accedió la diaria, se señala que el grupo está integrado por “trabajadores de a pie”, y que como profesionales “son y han sido esenciales para construir un Uruguay productivo”. “Somos una fuerza profesional [...], ciudadanos como usted que escuchamos con dolor e indignación que nos tilden de privilegiados”, cuestiona el colectivo, en referencia a varias declaraciones públicas del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

El colectivo sostiene que el proyecto enviado por el Ejecutivo “es mucho más gravoso” para los nacidos entre esos años que la iniciativa de la pasada administración. Como recordó Joaquín Fernández, integrante del grupo, a la diaria, la Ley 20.130 (la reforma del gobierno de Luis Lacalle Pou) creó un sistema provisional común con un régimen de transición a partir de los nacidos desde el 1º de enero de 1973. Los nacidos antes de esa fecha se jubilan con 60 años de edad, mientras que los nacidos luego de 1973 lo hacen con mayor edad, de manera progresiva.

El proyecto enviado por el Ejecutivo, que se encuentra en negociaciones en la Cámara de Senadores, “acelera” esta convergencia, según este grupo, para 1967. “Se acelera la convergencia en perjuicio exclusivamente de los trabajadores profesionales aportantes a la caja, quienes a causa de la transición acelerada que se pretende aplicarnos nos sentimos como la generación que será ‘moneda de cambio’ para que el proyecto de reforma avance”, señala la carta.

El grupo ejemplifica este desencuentro con los casos de aquellos profesionales nacidos entre 1967 y 1972, que están muy próximos a jubilarse con el régimen vigente (30 años de aportes y 60 años de edad). “A quien cumplió con las obligaciones impuestas y aportó en el entorno de 35 años a la caja se lo castiga cambiándole, a poco de jubilarse, las reglas, pero en su claro y flagrante perjuicio: se le eleva la edad jubilatoria”, cuestiona.

Para estos profesionales también habrá un perjuicio sobre el monto de las jubilaciones. En ese sentido, ejemplifican con un profesional de 53 años que se encuentra en la séptima categoría y que aporta 25.700 pesos, y que, según el proyecto, pasaría a pagar 37.280 mensuales. “Ahora pues, en el actual régimen jubilatorio profesional se toman los últimos tres años de aportes para el cálculo de la jubilación. Con la reforma, se nos tomarán los últimos seis, nueve, 12, hasta 18 años de aportes según el año de nacimiento”.

“No podremos jubilarnos a los 60 años de edad”, sino que “se nos eleva, en forma acelerada y discriminatoria, la edad de retiro de 61 a 65 años, según el año de nacimiento. Al crearse un nuevo impuesto, el cual gravará en promedio a las jubilaciones profesionales con el 10% de descuento, percibiremos menos dinero”, asegura el colectivo.

El grupo estima que, entre los años de actividad añadidos y los incrementos de la tasa de aportación para los pasivos y activos, el Estado recaudará 600 millones de dólares sólo en este grupo de 10.000 profesionales. “Resultamos ser, evidentemente, el grupo más perjudicado”, afirma.

“No somos los responsables de la crisis, y menos deberíamos ser los que carguen con el mayor peso de la reforma de la caja profesional. Una caja que lo único que ha recibido son nuestros aportes, y que como contrapartida lo único que nos da es, al fin del período laboral, una jubilación. No gozamos de licencia paga, salario vacacional, licencias especiales, seguro por accidente de trabajo ni seguro de desempleo. ¿Dónde está la justicia e igualdad para todos los trabajadores?”, cuestiona.

Fernández dijo a la diaria que buscan que este reclamo sea atendido por los legisladores que están discutiendo el proyecto, y aseguró que en la Comisión de Diputados que trató la iniciativa fue planteado este punto, pero “pasó solapado”. “El problema que tenemos es que es difícil hacernos visibles, [pero] no queremos que esto pase de largo. Tenemos tiempo hasta el 30”, dijo, en referencia a la fecha límite que estableció el Senado para votar el proyecto, el 30 de junio.