El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se refirió a algunos de los compromisos de campaña en los que el gobierno ha avanzado en sus primeros 100 días de gestión, a pesar de que no asumió “sabiendo todo lo que estaba pasando”, debido a la falta de “información de calidad” durante la transición.

“Lo primero que [se] hace cuando la casa está desordenada es ordenarla. Esa tarea nos llevó más tiempo del que normalmente sucedería en un cambio de gobierno”, sostuvo el prosecretario al ser entrevistado por la diaria Radio. Díaz destacó la importancia que le otorga el gobierno a “establecer un punto cero”, es decir, “en qué condición nosotros recibimos el país”, para que “quede claro cuál fue la circunstancia y [cuáles] las condiciones en que estaba el país el 1° de marzo de 2025”.

Díaz sostuvo que el proyecto de Rendición de Cuentas de 2024, entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Parlamento el lunes, es un “pasarraya” que establece en “qué estado estaban las cuentas públicas” al cierre del último año de gobierno de la administración anterior. Dijo que se trata de “una situación delicada que hace que el gobierno tenga que tomar las previsiones y las medidas adecuadas para enfrentarla”. Acotó que, aunque “no es el fin del mundo” o “una situación que Uruguay no pueda manejar”, el escenario actual exige “ser proactivo”.

Sin perjuicio de ello, el prosecretario afirmó que “los compromisos de campaña se van a cumplir” y destacó que cada una de las 63 prioridades del gobierno, divididas en cinco ejes temáticos, tiene un “punto focal”, es decir, una dependencia del gobierno que tiene el objetivo de llevarla a cabo.

En lo que respecta al trabajo de la prosecretaría de Presidencia, Díaz anunció que el Ejecutivo tiene listo un proyecto de modificación de la ley contra el lavado de activos y que se ha avanzado con la Junta Nacional de Drogas en “proyectos ambiciosos” relacionados con el tabaco, las bebidas energizantes y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

Díaz mencionó que, a un mes de asumir, “el Ircca estaba instalado”, con su comisión directiva y su director ejecutivo designado, y “se está trabajando para continuar adelante con una política definida en todo lo que tiene que ver con cannabis”. Señaló que “hay prioridades de la Junta Nacional de Drogas en las que estamos trabajando”, entre ellas el “enorme desafío” del consumo problemático de drogas en la población carcelaria y en las personas en situación de calle.

Proyecto de modificación de la ley contra el lavado de activos: gobierno propone bajar a 40.000 dólares el tope máximo para pagos en efectivo

“Nosotros creemos que se había aflojado la cincha en muchos aspectos en el gobierno anterior”, sostuvo Díaz en relación con la normativa vigente sobre lavado de activos, y aseguró que “el combate al lavado de activos va a ser un elemento central de este gobierno”. Adelantó que el proyecto “seguramente” sea firmado por los ministros en el día de hoy, por lo que sólo resta que el Poder Ejecutivo lo envíe al Parlamento para su tratamiento.

El proyecto prevé reducir el tope de las transferencias en efectivo desde el monto establecido por la ley de urgente consideración (LUC), 1.000.000 de unidades indexadas (UI) (hoy unos 145.000 dólares aproximadamente), a una cifra aproximada a los 40.000 dólares, es decir, menos de 300.000 UI. “Estaba en una cifra muy baja durante las administraciones del Frente Amplio, pero el gobierno anterior [la] subió prácticamente a ciento y pico de mil dólares para movimientos en efectivo. Bueno, eso se baja; no volvemos a la cifra anterior, pero es sustancialmente inferior a la que está hoy”, indicó el prosecretario.

Asimismo, se introdujeron cambios en torno a la vigilancia de los sujetos obligados contemplados en la ley, a partir de las modificaciones realizadas en la LUC que, según Díaz, apuntaron a una “vigilancia menos intensiva cuando el dinero pasaba por bancos”.

Otras modificaciones corresponden a “ajustes” a la ley original de lavado de activos, que se aprobó en forma conjunta con el Código del Proceso Penal, por lo que “allí hay unas cuestiones procesales que hacen que la ley de lavado esté redactada como si tuviéramos un sistema inquisitivo cuando hoy rige un sistema acusatorio”, explicó Díaz.

Además, señaló que el proyecto propone corregir una “anomalía” de la ley referida al delito de asistencia, ya que, “por un error”, no refiere a la asistencia al lavado de activos, sino a la asistencia a actividades delictivas precedentes al lavado de activos, lo cual generó que “Uruguay pasara de alguna forma a incumplir con las convenciones internacionales” y a “crear un delito que era una especie de encubrimiento del lavado que ya estaba comprendido por las leyes del Código Penal”.

Díaz también se refirió a una propuesta de la Fiscalía General de la Nación de “eliminar la Fiscalía de Lavado y transformarla”. Señaló que existe “una visión bastante crítica” sobre el funcionamiento de esa fiscalía por parte de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, así como del Ministerio del Interior y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Esto “motivó una propuesta de la propia Fiscalía de aprobar una ley” que autorice a la institución a “transformar” esa Fiscalía y a “redistribuir la competencia en materia de investigación de lavado dentro de las diferentes fiscalías”.

Delitos informáticos

El prosecretario sostuvo que el proyecto sobre la ley de lavado de activos contempla a “todos los delitos informáticos” como delitos precedentes. Dijo que una de las tareas que están en el ámbito de la Prosecretaría es avanzar en “modificaciones legales o en modificaciones” pendientes para que Uruguay pueda integrar la Convención de Budapest, una convención internacional para el combate de los delitos informáticos que Uruguay no ha ratificado porque hay “toda una serie de requisitos que hoy no cumple”.

“Estamos perdiendo una herramienta de cooperación internacional importantísima para combatir los delitos informáticos por no integrar [la Convención de] Budapest, entonces estamos trabajando para eso”, señaló. El prosecretario se refirió a un “corrimiento de los delitos”, que “muchas veces se cometían en la vía pública” y hoy “se cometen a través de internet”. En ese sentido, afirmó que “hay que desmitificar al hacker”, ya que existe una “visión romántica” sobre estas personas.