Tras su paso por Montevideo, Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte y profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, conversó este jueves con la diaria Radio sobre el crimen organizado y los problemas que enfrenta Uruguay.
El año pasado, Luna publicó el libro ¿Democracia muerta? Chile, América Latina y un modelo estallado, en el que analiza los desafíos de este modelo político en la región. En la entrevista explicó que su trabajo de doctorado fue sobre el funcionamiento de la militancia, los partidos políticos a nivel territorial y la vinculación de estos con distintos sectores sociales. “Algo que me empezó a pasar en ese momento, en particular en Chile, es que la gente me empezó a decir, cuando volvía a los mismos lugares donde había hecho trabajo de campo cinco años antes, [que] los partidos se fueron, los partidos no están más, [y] hoy hay otro tipo de organizaciones que están acá en el barrio”, relató.
“Esas organizaciones, en principio, eran de dos tipos, crimen organizado e iglesia evangélica, y empezó a expandirse también muchas veces en tándem con las bandas de crimen organizado a nivel territorial”, apuntó. Señaló que a partir de eso comenzó su preocupación por “la llegada del Estado y de la política a contextos de marginalidad urbana sobre todo”.
En el caso de Uruguay, Luna señaló que, a su juicio, existe “una agenda pública que tiende a ver a Uruguay como una excepción en la región” y “como un modelo de democracia, de partidos fuertes”. “Mirado en perspectiva, mirado desde lejos, yo veo que el país no está aquilatando realmente el tipo de desafío que hoy tiene, [que] tal vez está llegando, y está llegando más retardado que en otros lados”.
Asimismo, indicó que en Uruguay hay “una serie de fenómenos configurados” que a él le preocupan como problemas, pero también por “no ver esto demasiado en la agenda y en la discusión pública”. Estos fenómenos, según dijo, tienen que ver con la infantilización de la pobreza, el sistema educativo con “niveles de deserción guatemaltecos”, algo que no tienen, según afirma, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Chile. “Eso, sumado a cuestiones más contingentes que han ganado espacio en estos últimos tiempos, tiene que ver, por ejemplo, con la expansión de mercados ilegales”, continuó.
En ese sentido, señaló que le parece un “desafío serio” cómo se piensa “la educación y cómo se ve desde sectores juveniles en contextos marginales”, un aspecto “sobre el cual no tenemos muy claro qué hacer”.
Consultado sobre el peso de la imagen pública del narcotraficante Sebastián Marset, Luna planteó que hay una “bifurcación” entre “cómo lo vemos nosotros, desde las élites, desde el ámbito público”, y “cómo se lo ve en los barrios”. “En los barrios Marset es un modelo de rol, es un tipo que salió de ahí y la hizo, y muchos niños hoy quieren ser Marset”, resaltó.
“Es la misma razón por la que uno de los mecanismos de identidad y de construcción de liderazgo en los barrios tiene que ver con el arma que el niño puede cargar”, destacó. Planteó que “rápidamente” se condena el caso Marset y lo que este implica, con “todo lo malo que eso tiene asociado”, pero, a su vez, “lo que nos está costando entender es que mientras nosotros nos indignamos y nos preocupamos, para mucha gente en Uruguay hoy ahí hay un modelo a seguir, y eso es complejo. “No hay mucha diferencia entre el ejemplo de Marset y el ejemplo de [el futbolista] Luis Suárez; son dos vías y caminos alternativos, uno con más posibilidades que otro, dependiendo del niño con el que hables, para lograr hacer lo que quieren conseguir en la vida”, remarcó.
Otro de los desafíos identificados por Luna es el sistema carcelario, ya que en términos comparativos con otros países “las estimaciones de población encarcelada per cápita está en el top 5, [y Uruguay] es el tercero, después de El Salvador y Cuba”.
En ese marco, subrayó que esta situación preocupa porque las cárceles “en el resto de América Latina han sido criminógenas, y lo han sido en términos de que de las cárceles surgen organizaciones criminales muy potentes”. Puso como ejemplo las bandas brasileñas, el tren de Aragua venezolano y “fenómenos de organización carcelaria bien significativos” en Ecuador. Si bien dijo que en Uruguay no hay ese tipo de organización “que coordina mercados criminales”, señaló que sí “está en ciernes”.
Según Luna, con base en información de inteligencia, algo que aparece “recurrentemente” es que “el preso uruguayo es muy difícil de organizar por sus niveles cognitivos”, por lo que, “básicamente, las cárceles hoy son el depósito de gente que ni siquiera tiene capacidades cognitivas suficientes para participar en una organización”.
Sin embargo, dijo que Uruguay “empieza a ser un hub de lavado tradicionalmente, pero también de la circulación de grandes cargamentos”, lo que “genera una serie de derrames a nivel local, te trae más armas, te trae la posibilidad de vinculación entre organizaciones que mueven mucho más dinero que las bandas locales familiares, infiltración de la política, infiltración de la economía legal”. “Creo que nosotros seguimos pensando que Uruguay es un remanso de paz en una región complicada”, consideró.
Sobre los desafíos que señaló antes, Luna indicó que es necesario entender que “las soluciones a los problemas que hoy tenemos, más allá de atacar el problema directo y urgente, van a requerir 20, 25 años”, por lo que “no es un problema de gobierno”, sino de Estado, y lo que se necesita es “abrir un proceso sostenido de coordinación en política pública, de generar datos, testearlos, generar iniciativas, probar, y que esto no sea parte del debate contingente que te hace ganar o perder una elección”.
Por último, sobre el estado de los sistemas de justicia en un contexto de crimen organizado, Luna dijo que están “muy comprometidos” y que, con base en entrevistas con fiscales de crimen organizado de otros países de la región, los ve “en riesgo” y “apretados”. “El poder que tienen estos mercados les pone mucha presión a los sistemas de justicia, que ya son complejos en la región, que tienen fragilidades relevantes”, añadió.
“Si vos mirás Argentina, si vos mirás Brasil, si vos mirás Perú, si vos mirás México, uno de los resortes fundamentales de la crisis democrática de esos países tiene que ver con la politización de la Justicia, y la judicialización de la política”, profundizó, y agregó que “cuando se mira la discusión en Uruguay, parece una pelea entre campos partidarios, una pelea más bien de chicanas en redes sociales, a la que no le estamos tomando el peso, y las consecuencias que eventualmente puede tener para el país, para su democracia, para su modelo de desarrollo”.