Carolina Camilo y Martín Fernández, ambos asesores de la Prosecretaría de la Presidencia de la República, conversaron este miércoles en la diaria Radio acerca de la necesidad de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una propuesta que forma parte de los 63 compromisos del gobierno y que también estuvo incluida en los programas de gobierno del Partido Colorado y del Partido Nacional.

En ese sentido, Camilo manifestó que “no sólo hay una necesidad, sino que además hay un consenso de esa necesidad” en el sistema político. El actual gobierno, afirmó, está “convencido” de que es necesaria esa cartera, “porque entendemos que el Poder Ejecutivo no puede seguir aislado de los problemas que tienen las personas en el sistema de justicia, sobre todo con el acceso a la justicia”.

Fernández sostuvo que la historia del pasado reciente, durante la dictadura cívico-militar, en el que “existió una concentración propia de los regímenes totalitarios”, lleva a que hoy en día “mucha gente diga: ‘No queremos un Ministerio de Justicia porque invade competencias del Poder Judicial’”. No obstante, el abogado aclaró que el diseño de la cartera que plantea el gobierno es “apegado a la Constitución y está dentro de las competencias y atribuciones que puede ejercer el Poder Ejecutivo”. En ese sentido, acotó que, si bien han analizado experiencias de otros países, como España, Colombia o Argentina, no se busca “copiar modelos”, sino “generar un ministerio que sea de acuerdo al modelo constitucional uruguayo”.

La posible interferencia del nuevo ministerio con las potestades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha sido uno de los aspectos cuestionados. Camilo explicó que en el articulado que se está trabajando “uno de sus artículos es el de no afectar ninguna de las competencias que hoy tiene el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia”, es decir, “que los jueces puedan hacer su trabajo, que es dictar las sentencias y cumplirlas”. Asimismo, añadió: “Todo lo que tiene que ver con el ingreso a la Judicatura, la capacitación de los jueces, los traslados de los jueces, las calificaciones de los jueces, el Ministerio de Justicia no tendría ningún tipo de participación en esos procesos”.

“Nadie quiere interferir en eso, sino ser un mejor articulador y poder llevar las necesidades que tiene el Poder Judicial y las personas que utilizan el sistema de justicia hacia el presupuesto, el diseño de políticas integrales”, acotó Fernández.

Camilo explicó que los problemas de acceso a la justicia son “variados” y que existen “diferentes barreras”, especialmente para las personas más vulnerables, no sólo en el acceso mismo a la justicia, sino también en cuanto al “conocimiento y la promoción de los derechos”. “Las personas tienen que conocer que tienen determinados derechos para así poder reclamarlos”, sostuvo la abogada, y añadió que “el empoderamiento jurídico” es algo que la institucionalidad del Ministerio de Justicia podría “llevar adelante”.

“El Ministerio de Justicia puede desarrollar políticas públicas que tengan que ver con atender necesidades particulares, sobre todo de la población más vulnerable”, sostuvo Camilo. El acceso de las personas a un defensor de oficio, al momento de tener un conflicto, también presenta “grandes dificultades”. Independientemente de la creación de la cartera, la Defensoría Pública, que hoy se encuentra dentro del Poder Judicial, actualmente está en camino a ser descentralizada, a través de un proyecto de ley que fue enviado al Parlamento.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, ha enfatizado en que la propuesta del Ministerio de Justicia debe contar con un “consenso mínimo” para evitar interferencias en su implementación, por lo que su incorporación en la próxima ley de presupuesto depende de llegar a los acuerdos previos necesarios. Fernández señaló que la Prosecretaría de la Presidencia está trabajando en función de la posibilidad de que la creación de la secretaría de Estado sea incluida en el presupuesto quinquenal. Para ello, “se ha avanzado en distintos diálogos con actores políticos, con instituciones, y se está preparando lo que serán las atribuciones y los cometidos”, estos últimos, aspectos importantes en los que “ponerse de acuerdo”.

“No estamos pensando en una institucionalidad que invada al Poder Judicial, sino una institucionalidad que articula, que genera institucionalidad nueva, potente y que de alguna manera genera eficiencias en el sistema de justicia”, subrayó.

“Los distintos partidos políticos mapearon la necesidad de que esto tenía que existir, lo llevaron a sus programas y eso es un poco lo que estamos trayendo de nuevo a la mesa”, acotó el abogado. Sin embargo, la propuesta ha sido cuestionada recientemente por dirigentes de la oposición ante la posibilidad de que el titular sea el prosecretario Jorge Díaz, quien ha afirmado que asumiría la responsabilidad si el presidente se lo pidiera. Para el asesor, “no puede haber una institucionalidad que quede rehén de una discusión menor como es quién sería o quién dejaría de ser el ministro eventualmente”.

Al igual que la descentralización de la Defensoría Pública, la salida del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la órbita del Ministerio del Interior es una discusión que se está dando en paralelo a la del Ministerio de Justicia. “Desde nuestro equipo vemos –y hemos dialogado con las autoridades ministeriales que tienen a cargo esta discusión– que el mejor lugar para que aterrice el INR e interactúe en un sistema es el Ministerio de Justicia”, afirmó Fernández.

“Es imperioso que el INR salga del Ministerio del Interior porque es algo que no se ha realizado desde la salida de la recuperación de la democracia y es parte del problema que nos ha traído hasta acá. El INR debe descentralizarse del Ministerio del Interior y lo que nosotros advertimos, y hay bastante coincidencia, es que dialogaría mucho mejor dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, explicó.

Otro de los cometidos que tendría la secretaría sería asumir la abogacía del Estado, encargándose de los juicios que actualmente se manejan desde la Presidencia de la República. Al respecto, Camilo destacó la característica técnica que tendría el ministerio; en ese sentido, señaló que, “más allá de las políticas públicas que pensamos hacia las personas”, también está vinculado a mejorar lo que el Estado necesita respecto a su abogacía.

“Estamos viviendo una circunstancia histórica, que es que Uruguay está enfrentando siete arbitrajes internacionales. Es algo que no había sucedido hasta este momento, y eso genera una cuestión de estar alerta sobre lo que está sucediendo”, afirmó la abogada, y consideró necesario “tener una institucionalidad que esté especializada” en los arbitrajes internacionales. Por otro lado, “también el Estado tiene que generar su defensa a la interna de nuestro país, porque tenemos juicios contra el Estado que se desarrollan en la Justicia uruguaya”, apuntó.

“El Poder Ejecutivo tiene que prestar especial atención a estos juicios, y entendemos que es necesario contar con una unidad de litigación que respalde las áreas jurídicas del Estado cuando enfrentan este tipo de casos. Se trata de apoyarlas, de contar con especialistas que puedan intervenir, por ejemplo, en la recolección de evidencia o de pruebas, algo que hoy en día es muy difícil de realizar desde una sola repartición del Estado”, agregó Camilo.