Este miércoles, la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la cámara baja empezará a votar el tan debatido proyecto de ley de eutanasia, y este martes el órgano recibió al senador colorado Pedro Bordaberry, ya que, a pedido de él, se había postergado para agosto la fecha tentativa de votación del proyecto en el plenario.

Bordaberry llevó una larga exposición escrita a la comisión. Señaló que “no es frecuente que se reciba a un legislador de otra cámara”, por eso agradeció la invitación, y subrayó que “la situación política actual, sin mayoría en Diputados y empate en la Asamblea General, es inédita”, por lo tanto, ”impone buscar acuerdos”. Agregó que, por eso, durante el verano trabajó “en un proyecto de ley sobre el fin de la vida”, que presentó el 15 de febrero (recién iniciada la nueva legislatura), en el que propone la ampliación de la figura del homicidio piadoso.

El senador aclaró que, inicialmente, como “todos lo saben”, es contrario al proyecto de ley que están estudiando. “Escribí columnas, así me manifesté. Mantengo mi posición, pero entendí que era necesario buscar puntos de entendimiento, reconocer el trabajo que se ha hecho y ver cómo se podía buscar acuerdos”, insistió. Entonces, explicó que el proyecto de ley que elaboró pretende unir “las dos posiciones, en una propuesta superadora de los antagonismos expuestos”.

Luego repasó los antecedentes en la materia en Uruguay, como el artículo 37 del Código Penal, de 1933, que da potestad al juez a eximir de castigo a quien comete un “homicidio piadoso”, efectuado “por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima”. Bordaberry indicó que esa “solución vigente” establece que el juez “puede perdonar” (textualmente dice que tienen “la facultad de exonerar de castigo”), por lo tanto, en línea con la iniciativa que presentó en febrero, propuso “que se exime de pena, quitando la facultad al juez y haciéndola obligatoria”.

“Se sigue protegiendo el bien jurídico ‘vida’, pero si se sigue el proceso que se establece en el proyecto de ley elaborado por esta comisión, estará exento de pena”, subrayó.

Bordaberry señaló que hay quienes dicen que con este proyecto se está creando un “nuevo” derecho, pero los legisladores no pueden crear o “generar” derechos humanos y “menos contra derechos constitucionales”. Más adelante, sostuvo que “el gran problema” radica en que “admitir que la eutanasia no es delito de homicidio supone, necesariamente, que el eutanasiable no tiene derecho a la vida, es decir, que no hay deber de no matarlo, porque si hay deber de no matarlo, la acción es antijurídica, es culpable, y es homicidio”.

Sin embargo, planteó que “hay un camino de entendimiento”, ya que “se puede alegar el valor social de la compasión para justificar que, en el caso excepcional previsto en el proyecto, pueda entenderse que la compasión es de tal entidad que no sólo se exima de pena a quien realizó la acción objetivamente contraria al derecho a la vida de la víctima, sino, además, y en virtud del valor social de la compasión, no se lo considere subjetivamente homicida, aunque la acción objetiva haya sido de homicidio”.

Luego de la sesión, en rueda de prensa, Bordaberry sostuvo que el artículo 8 del proyecto de ley que impulsa el oficialismo “atenta contra el derecho a la vida”, que es “lo que señalan las cátedras de derecho penal”. El mencionado artículo establece: “No cometen delito y están exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole el médico y los demás integrantes del equipo asistencial que prestan asistencia a quien pide ayuda para morir y actúan de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.

Los blancos de la comisión están en contra

A todo esto, el diputado del Partido Nacional (PN) José Luis Satdjian, luego de la sesión, adelantó en rueda de prensa que tanto él como su correligionario Martín Grezzi, ambos integrantes de la comisión, votarán en contra del proyecto que está a estudio de dicho órgano. De todos modos, sostuvo que “si llegara a tener mayorías”, van a proponer sustitutos que vayan “en el sentido de las garantías”. Insistió con que se debe crear “una comisión de análisis previo”, que esté integrada “por varios médicos”, ya que, en la redacción actual, “se está poniendo todo el peso de la decisión en un solo médico”, porque en el proceso “cada uno” de los profesionales “evalúa solitariamente al usuario”.

“Hay que dar garantías para el usuario, para los trabajadores, los médicos y los familiares, para todos; este proyecto carece de total garantía. Más allá de que estamos en contra de la eutanasia, vamos a proponer estas mejoras en caso de que avance el proyecto”, agregó. Acerca de lo expuesto por Bordaberry, dijo que le pareció “muy interesante”, sobre todo desde el punto de vista “jurídico”. Sostuvo que si bien tienen que discutirlo en la bancada blanca, le parece que hay “cuestiones atendibles” en lo que presentó el senador colorado.

FA identifica “visiones filosóficas distintas”

Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA) Eduardo Preve, también integrante de la comisión, dijo a la diaria ante lo planteado por Bordaberry que en el oficialismo siguen entendiendo que el proyecto debe tener “el abordaje de la perspectiva del derecho humano”, y en ese marco se insertan “la dignidad y la libertad de decisión en el final de la vida”. “En ese sentido, hay un choque de paradigmas: el del derecho humano y el de la despenalización, que son dos corrientes bien distintas de la visión jurídica”, agregó. Preve sostuvo que el abordaje de Bordaberry, si bien “persigue los mismos objetivos, es exclusivamente despenalizador”, por eso considera que hay “visiones filosóficas distintas”.

Preve sostuvo que el procedimiento estipulado en el proyecto “es mucho más garantista” que lo que propone Bordaberry al modificar el Código Penal, y ejemplificó que él, como médico, aunque se le exima de la pena, precisa “las garantías jurídicas”. Destacó que en el proyecto a estudio se exime del delito “siempre y cuando se cumplan las condiciones y el procedimiento” establecidos en la iniciativa; de lo contrario, “ese profesional irá a Fiscalía y seguirá estando penado por el Código Penal”.

Sobre lo propuesto por los diputados blancos, Preve recordó que el proyecto considera la primera opinión, del médico tratante, más una segunda visión, de un médico de la especialidad, de forma independiente; si hay alguna diferencia entre ambos, el caso pasa a una junta médica de tres profesionales. “Lo que se propone por parte del PN burocratiza, y ha demostrado, en Canadá y en España, que hay gente que fallece esperando que la comisión se expida. Por lo tanto, para nosotros esa burocracia no es necesaria”, insistió.

Por último, Preve adelantó que, si no les da el tiempo para votar todo el proyecto este miércoles, harán una sesión extraordinaria antes del 5 de agosto, que es la fecha que pactaron para tratar la iniciativa en el plenario de la Cámara de Diputados.