Tras más de cuatro años de movilizaciones socioambientales, sindicales, análisis académicos, técnicos y acciones jurídicas, el gobierno de Yamandú Orsi descartó el proyecto Neptuno-Arazatí, iniciativa promovida por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast –reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo–. En este contexto, en un día movido, en el que el gobierno también convocó a una reunión tripartita por la situación de la pesca, en la noche de este viernes también hubo una conferencia de prensa para dar a conocer, de manera oficial, el descarte del proyecto Neptuno.

La conferencia estuvo encabezada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y el representante del consorcio, Alejandro Ruibal.

Sánchez expresó que el acuerdo al que se llegó en estos tres meses de negociación es “cambiar algunos de los términos del contrato” firmado días antes de que el expresidente Luis Lacalle Pou terminara su mandato. Es así que, según explicó, se utilizará ese mismo contrato para construir una planta potabilizadora en la cuenca del río Santa Lucía en la zona de Aguas Corrientes, que procesará hasta 200.000 metros cúbicos de agua, que se sumarían a los 670.000 que la actual planta produce. “Esta nueva potabilizadora va a permitir tener justamente cerca de 900.000 metros cúbicos de producción de agua potable que garantiza el abastecimiento”, detalló.

En ese sentido, destacó que es “clave” poder garantizar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana hasta 2045, ya que “es un factor importante para el bienestar de todos nuestros ciudadanos”. De esa forma, señaló que cuando se inició el proceso de negociación, el “objetivo principal” era garantizar este acceso, en el marco de una rediscusión de un contrato que “oportunamente” firmó el Estado uruguayo con el consorcio, “con los mismos objetivos y en el mismo paraguas”, ya que lo firmado “establecía justamente fortalecer la seguridad del sistema de agua potable para el área metropolitana”.

Además de la construcción de esa planta, Sánchez anunció que el contrato va a implicar la construcción y reparación de cañerías sobre la “quinta línea de bombeo que ya existe”, lo que “garantiza”, “fortalece” y “robustece” el sistema de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana”. El secretario de Presidencia también destacó que se va a construir una reserva de agua bruta en la zona de Solís Chico, sumado a una “pequeña potabilizadora”. De esa forma, continuó, se podrá “solucionar los problemas de acceso al agua potable de toda la Costa de Oro, desde Jaureguiberry hasta el arroyo Pando”.

Explicó que estos “componentes” formaban parte de los “ejes” incluidos en el contrato original, que estaban centrados en la toma de agua del Río de la Plata, y que, en función de las restricciones fiscales y “necesidades económicas del país”, lograron “realizar estas obras” en el marco de este contrato, con “un costo de dos tercios de lo que estaba planteado”. “Es decir que logramos abaratar un tercio los recursos que estaban disponibles para la construcción de lo que era en aquel momento el proyecto Neptuno”.

Sánchez subrayó que con la incorporación de 200.000 metros cúbicos más de potabilización y la futura construcción de la represa de Casupá “con represamiento de agua potable, de agua bruta”, se da “garantía” y “robustez” al sistema de abastecimiento.

Gestión a cargo de OSE y multas

Otra de las novedades anunciadas por Sánchez, y que tiene que ver con un aspecto que fue un punto central en las discrepancias con este proyecto, es que “la gestión de la potabilizadora de agua potable” va a estar a cargo de OSE y no del consorcio, como en el contrato original. “Salvamos las discusiones o las interpretaciones con respecto al artículo 47 de la Constitución de la República”, afirmó, en referencia a la disposición de la carta magna de que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Ahora comenzará una etapa “bien importante”, añadió, que implicará modificar las “adendas correspondientes al contrato”, y que este pase al Tribunal de Cuentas, “a efectos de que la cristalinidad, la transparencia y el apego a las normas sea lo que corresponde hacer en este tipo de situaciones”.

El gobierno firmó una prórroga hasta el 31 de agosto para cambiar las cláusulas del contrato, y también para que el Tribunal de Cuentas “pueda considerar esa revisión” y así el año que viene se pueda comenzar las obras, y “cumplir con el objetivo”, que es garantizar el acceso al agua potable.

Consultado sobre si el Estado tiene que pagar alguna multa por estas modificaciones, Sánchez respondió que no, ya que “lo que prima es la autonomía de las dos partes”. “Si ese contrato no se cumple por una de las partes, obviamente todos los contratos tienen multas, pero en este caso ambas partes hemos acordado modificar oportunamente el contrato, y por tanto no hay ninguna multa”, explicó.

Agregó que “varios de los estudios que están planteados” sobre la cuenca del Santa Lucía indican que se trata de una cuenca que “da garantías de poder justamente cumplir con el abastecimiento”. A su vez, destacó que los terrenos donde se va a construir “son parte de OSE”, por lo que “no hay que expropiar ningún tipo de terreno”.

En cuanto a si para hacer este tipo de obras no correspondía un llamado a licitación, como fue planteado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable, Sánchez dijo que el camino que se eligió es “ampliar el contrato”, lo cual “sucede en muchas obras públicas donde se amplían los contratos y se incluyen otras obras”. “Es en ese marco y en ese paraguas legal que nosotros lo que estamos haciendo es: el conjunto de obras que estaban localizadas en un lugar, las colocamos en otro lugar y estamos haciendo las mismas obras”, detalló, y agregó que por eso “no es necesario” hacer otro llamado a licitación.

Negociación con el consorcio

El secretario destacó la “flexibilidad” de los privados en el proceso de negociación así como “su voluntad de trabajar profesionalmente” para “garantizar ese objetivo central”. “Lo hemos hecho de una manera muy cómoda, muy tranquila, con muchos debates, con varias mesas que estuvieron trabajando los aspectos jurídicos, los aspectos técnicos, los aspectos ambientales, y hemos llegado a esta conclusión que es una muy buena solución para el país”, profundizó.

En ese sentido, Ruibal resaltó que desde el consorcio trabajan para el Estado uruguayo, y que su intención es “que le vaya bien al Estado uruguayo, independientemente de los gobiernos”. “Eso es una cosa importante, y todo lo que hemos hecho fue con la mejor intención”, remarcó.

Por lo tanto, dijo que estas obras generarán empleo y también ayudarán a “bajarle el riesgo a la compañía de agua OSE, que hoy en día justamente está administrando una situación compleja”.

“Vamos a seguir apoyando, vamos a seguir involucrados, vamos a seguir marcando nuestros puntos cuando no opinemos lo mismo, como lo hemos hecho, pero vamos a seguir apostando al país”, concluyó, y remató con una frase en latín: Roma locuta, causa finita, que significa “Roma ha hablado, el caso está terminado”.

Ministerio de Ambiente: “buena solución para el país”

Por su parte, el ministro Ortuño escribió en su cuenta de X que el acuerdo alcanzado es “una buena solución para el país y para la población. Lo es en tanto con estas obras, junto a la Construcción de la Represa de Casupá, se asegura el abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana y la Costa de Oro, se ahorran importantes recursos del Estado y se cumple con lo establecido en la Constitución de la República consagrado en un plebiscito con amplio apoyo ciudadano”.

Además, el ministerio destacó “el aporte de la academia y de las organizaciones sociales en este proceso, así como la oportunidad y la necesidad de avanzar hacia una verdadera Política de Estado sustentada en amplios consenso que tenemos por delante”.