Todavía está pendiente una discusión en torno a la compra de la estancia María Dolores, ubicada en el sur de Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). A instancias del senador colorado Pedro Bordaberry, el directorio del INC concurrirá nuevamente al Parlamento, en régimen de comisión, para profundizar en el aspecto jurídico de la adquisición del campo de 4.400 hectáreas en el que el gobierno tiene previsto instalar 16 tambos y generar alrededor de 160 puestos de trabajo.

Según consta en la versión taquigráfica de la última sesión de la Comisión de Ganadería del Senado, Bordaberry sostiene que, con base en el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas -que con mayoría de votos de la oposición observó la compra-, “esto es una compra directa”, por lo cual, “de acuerdo a lo que establece la ley, se necesitan cuatro votos conformes, que no estaban”.

Al momento de aprobar la compra de María Dolores en el directorio del INC, el oficialismo aún no había completado la nueva integración del directorio del instituto, por lo que la resolución fue aprobada con tres votos a favor y dos en contra.

Asimismo, Bordaberry señaló en la comisión que en el INC ya existe un informe, elaborado en 2018, en el que se señala que “se necesitan cuatro votos” para una compra directa. “Es un tema técnico jurídico, pero de fácil entendimiento”, aseguró.

El senador colorado sostuvo que, dado que el directorio del INC tiene previsto ratificar la compra pese a la observación del Tribunal de Cuentas, la nueva convocatoria al Parlamento procura “evitar que se incendie la pradera”, es decir, “tratar de prevenir que las cosas sucedan”.

“No se trata claramente de una compra directa”

Por este asunto, el directorio del INC solicitó un informe externo a la Universidad Claeh. En el documento, al que tuvo acceso la diaria, se hace en primer lugar una distinción entre los distintos mecanismos que el instituto tiene a disposición para adquirir tierras, a través de la ley que creó el organismo (11.029). El INC puede recurrir a “negocios jurídicos típicos del derecho privado”, tales como la compraventa y el arrendamiento, por un lado; y por otro, puede comprar campos mediante “instrumentos propios del derecho público”, como, por ejemplo, la expropiación.

La tercera alternativa que prevé la ley es justamente la que se utilizó para la compra de María Dolores. Se trata del “derecho de tanteo” o “compra preferente” bajo determinadas circunstancias. El estudio externo marca que “la ley establece una prerrogativa excepcional —propia de la naturaleza pública del INC—, por la cual el enajenante tiene la carga de ofrecer el predio en venta al INC en igualdad de precio y demás condiciones, y sobre las bases de un negocio previamente concertado con un tercero, pudiendo el INC aceptar o desestimar la oferta realizada”.

El informe de la Universidad Claeh es contundente al establecer que, en el caso de una “compra directa”, el directorio del INC precisa una mayoría especial de cuatro votos. El principal argumento para este requerimiento “consiste precisamente en que se trata de una compraventa en base a un acuerdo al que se ha llegado sin que exista ningún procedimiento previo de determinación del valor en base a ofertas reales”, algo que no se aplica en el caso de la “compra preferente”.

En estos casos, cuando el INC adquiere un terreno por el “derecho de tanteo”, “no se trata claramente de una compra directa donde el negocio jurídico es producto de un proceso de negociación, con tratativas, propuestas y contrapropuestas, etcétera, donde el INC participa como si fuera un particular”, sostiene el informe de Claeh.

Por el contrario, “se trata de un proceso de adquisición competitivo, donde el INC compite con el particular interesado en la adquisición del predio ofrecido”, lo cual “aleja las sospechas de falta de transparencia que pudiera existir en un proceso de ‘compra directa’”.

“No parece razonable por ello que, para estos casos en que la enajenación se hace en base a un ofrecimiento que preceptivamente requiere la ley, se exijan cuatro votos conformes de los miembros del directorio”, concluye el informe, que lleva la firma del profesor titular de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad Claeh, Juan Pablo Saavedra Methol.

Según supo la diaria, aparte de este documento, el directorio del INC maneja otro informe, elaborado por un estudio jurídico externo, en el que se sostiene que existen dos mecanismos distintos para la adquisición de campos: la “compra directa” y la compra por el artículo 35 de la ley 11.029, esto es, la norma que se aplicó para la compra de María Dolores.

Carlos Enciso: María Dolores “es un factor de desarrollo a apoyar en Florida”

Mientras prepara lo que será su exposición en el Parlamento, el presidente del INC, Alejandro Henry, visitó este jueves Florida y se reunió con el intendente Carlos Enciso y el diputado departamental Álvaro Rodríguez Hunter, ambos del Partido Nacional.

En conferencia de prensa, sentado al lado de Henry, Enciso tomó distancia de las críticas que han hecho algunos dirigentes nacionalistas a la compra del INC. “Acá falta población, cierran tambos, falta industrialización”, resaltó el jefe departamental, que cuestionó “la mentalidad netamente capitalina, urbana, portuaria, montevideana de los que generan opinión”. “Además eso genera el desconocimiento, los clichés, los eslóganes, los maniqueísmos de mucha cosa que hemos visto en los debates en estos tiempos”, agregó.

Enciso sostuvo que, “políticamente”, el debate sobre la compra de María Dolores “se dio en las esferas de Montevideo” y a nivel de “las cúpulas partidarias”. “Nosotros partimos de la base de que esto es un hecho consumado y estamos de acuerdo con que es un factor de desarrollo a apoyar y explotar en Florida, así que por eso estamos en esta sintonía”, manifestó.

Por su parte, Rodríguez Hunter afirmó que el emprendimiento a desarrollarse en el predio adquirido por el INC “significará sin duda un impacto real en lo que tiene que ver con el empleo, el desarrollo y la educación” en Florida.

“Creo que María Dolores se puede transformar en un polo no sólo productivo, sino también educativo y de desarrollo de las próximas generaciones”, expresó. “Como diputado del departamento sólo me resta agradecer, apoyar, acompañar y en lo que esté a nuestro alcance creo que, junto con el intendente, vamos a estar apoyando”, subrayó Rodríguez Hunter.

En la conferencia de prensa también participó Carlos Arrillaga, exintendente y productor rural del departamento. “Acá estamos rodeados de productores que, lamentablemente, han ido desapareciendo, y esto indudablemente cae como una excelente idea; sinceramente, no he encontrado ningún productor lechero que no esté totalmente de acuerdo”, manifestó. Para Arrillaga, “cuando se habla en contra es porque no se conoce lo que significa esto”.