A tres meses de haber dispuesto la suspensión de la aplicación del Decreto 31/025, por el cual el gobierno de Luis Lacalle Pou reglamentó la nueva ley de medios, el actual Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto reglamentario mediante el cual modificó 12 artículos de la reglamentación anterior, derogó siete y agregó otros cuatro.

Entrevistado por la diaria Radio, junto con el economista y doctor en Comunicación Gustavo Buquet, el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, consideró que el nuevo decreto firmado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, era “necesario, positivo, básicamente republicano” y “vuelve al decoro”.

Tanto Buquet como Gómez coincidieron en que el decreto reglamentario de la anterior administración “excedía” los límites de la propia ley de medios aprobada en el segundo semestre de 2024, por lo que el cambio es positivo. “La ley perdió mucho de transparencia y habilitó mucho la concentración de medios, más de lo que se permitía. Este decreto [el de Lacalle Pou], por estas vías, lo hacía menos transparente, o sea, empeoraba esa ley”, señaló Gómez. Por ejemplo, señaló que, mientras que la ley establece que “si alguien compra nuevas radios para seguir acumulando medios, pero no tiene autorización del Poder Ejecutivo, eso es posible de revocación”, el decreto derogado permitía regularizar la situación en lugar de aplicar una sanción.

Con respecto a las transacciones entre privados, Buquet señaló que el anterior decreto establecía que, “si el Poder Ejecutivo no emitía opinión con respecto a esa transacción en un plazo determinado, se daba por hecho”; aspecto que trasciende “lo que planteaba la ley” y “quita transparencia”, al permitir “transacciones entre privados sin la autorización del Poder Ejecutivo”.

A pesar de la pertinencia de las modificaciones, Buquet y Gómez aclararon que el nuevo decreto reglamentario no modifica la ley. “No esperemos ahí los cambios que precisamos hacer en el Parlamento”, advirtió Gómez.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, sostuvo en entrevista con la diaria que no hay que “amputarse la posibilidad” de revisar la ley de medios impulsada por el gobierno de Lacalle Pou, y consideró que sería necesario “darse en algún momento el tiempo de discutir” e intercambiar sobre la normativa. No obstante, reconoció que “también depende” del Poder Legislativo y de un “intercambio político que sea sano, honesto”, dado que el oficialismo no cuenta con mayorías parlamentarias.

En esa línea, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Tinaglini dijo en la diaria Radio que “cualquier modificación tiene que ser muy discutida, muy consensuada”, ya que en el período pasado, aun teniendo la Coalición Republicana las mayorías parlamentarias para aprobar la ley, el trámite “fue complejo”. Sobre los pasos que piensa seguir la bancada del FA, Tinaglini apuntó a evaluar si “están dadas las condiciones para entrar a un debate de estas características” o “tenemos que ver cómo podemos sortear algunos escollos de esta ley”. El diputado consideró que se debe analizar si, mediante decretos reglamentarios, es posible “profundizar” en mayor transparencia de la ley. “Creo que se puede mejorar mucho más”, señaló.

Aunque no se ha profundizado en el tema, el diputado frenteamplista señaló que “ahora se van a empezar a entablar” negociaciones en el ámbito de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas.

Gómez consideró que “el país tiene dos desafíos respecto de la regulación de medios”. El primero de ellos es “revertir los retrocesos de la ley aprobada a fines del año pasado”, en cuanto a transparencia, pluralismo y extranjerización.

Al compararla con la ley anterior del Frente Amplio, promulgada en 2014 y reglamentada recién en 2019, Buquet señaló algunos elementos que deberían ser evaluados. Entre ellos, mencionó la eliminación del concepto de grupo económico, por lo que “es más difícil establecer las conexiones entre propietarios para saber si se cumplen o no la cantidad de medios que puede tener una persona”. También destacó el aumento en la cantidad de frecuencias de radiodifusión permitidas, que pasa de tres a seis, y el incremento de cinco a ocho en la cantidad de operadores de cable que puede tener un único propietario. Además, señaló que “quien ya tiene una licencia como operador de cable tiene capacidad para vendérsela a un grupo extranjero”.

El segundo desafío, según Gómez, es “hacia adelante”: “Nosotros tenemos que actualizar la normativa para incorporar los nuevos servicios audiovisuales en internet”, consideró. El director de Observacom recordó que durante el período de discusión de la ley de 2014, una de las críticas era que “nacía anacrónica porque no incluía a internet”. Para Gómez, si bien la crítica era cierta, “no fue por omisión que no estuvo eso incluido, sino porque en aquellos años, 2010, 2011, 2012, cuando se discutió la ley, no estaba muy claro cómo regular los servicios audiovisuales en internet”. Sin embargo, señaló que, diez años después y sin ese argumento, la nueva ley “también es anacrónica”.

“Cuando discutamos de nuevo el marco regulatorio, creo que hay que contemplar las dos cosas: un ojo hacia atrás, que es revertir retrocesos, pero necesitamos ya meter una discusión de cómo regular estos servicios audiovisuales, que en Europa ya tienen 14 años de ser regulados y acá todavía no tenemos”, apuntó Gómez.

Tinaglini dijo que “puede llegar a haber ciertas voluntades políticas” en torno a la regulación de plataformas audiovisuales de internet, un elemento que está tratando la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología para “ver cómo se puede empezar a regular algunos aspectos de eso, [en los que] que venimos muy atrasados.

“Hay intereses muy fuertes” y es “muy difícil establecer políticas de Estado”

Consultados sobre por qué los procesos de discusión y reglamentación de las leyes sobre servicios de comunicación se extienden tanto en el tiempo, los expertos vertieron distintas opiniones.

Para Buquet, “la derecha actúa con mucha más eficiencia en imponer sus concepciones y llevarlas a la práctica”; en tal sentido, recordó que poco después de asumir Lacalle Pou envió una iniciativa de proyecto de ley de medios al Parlamento, que era “mucho peor en el sentido de limitar la libertad de expresión, promover la concentración, etcétera”. El problema que enfrentó fue que dentro de la Coalición Republicana tenían “diferentes concepciones”. Sin embargo, mientras no se aprobaba la ley, “el Partido Nacional, sobre todo, daba prebendas económicas de forma constante”.

Por su parte, Tinaglini sostuvo que la ley se usó como “moneda de cambio” dentro de la Coalición Republicana, en la que Cabildo Abierto, principalmente, “jugó con este tema”. En línea con Buquet, el diputado del FA recordó que, antes de su aprobación en 2024, la ley “estuvo casi dos años muerta dentro de un cajón, porque no había consenso”. Luego, en 2024, reingresó a la comisión del Parlamento y “en un mes y medio” se puso a consideración y se votó. Señaló que “se hicieron muchas correcciones”, si bien la postura de la entonces oposición era ir por “lo menos dañino que podría salir, sabiendo que tenían los votos”.

“Tanto le costó al Frente Amplio aprobar esa ley entre 2010 y 2014 como le costó a la coalición aprobarla entre 2020 y 2024, ambos con mayorías parlamentarias propias. Creo que el tema es que se trata de un asunto en el que hay intereses muy muy fuertes, en el que es muy difícil establecer políticas de Estado”, consideró.