A cinco días del anuncio de la cancelación del proyecto Neptuno-Arazatí por parte del gobierno, y luego de casi tres meses de negociación con el consorcio privado Aguas de Montevideo, responsable de la construcción de la obra, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, conversó con la diaria Radio sobre la modificación del contrato que permitirá la construcción de una planta potabilizadora en la cuenca del río Santa Lucía, en la zona de Aguas Corrientes, la cual, junto con el proyecto de la represa de Casupá, aseguraría el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana y la Costa de Oro.

“Vamos a dotar al país de un sistema de infraestructura que por primera vez va a garantizar y asegurar el abastecimiento de agua potable para la mayor proporción de la población de Uruguay, que no está asegurada el día de hoy”, afirmó el ministro. Ortuño indicó que Casupá será la “obra fundamental” de ese sistema, porque sin ella no se podría “ni enfrentar una futura sequía ni garantizar y asegurar el abastecimiento de agua en 2045 o en el mediano plazo”.

El secretario de Estado, quien se desempeñó como director de OSE en representación del Frente Amplio durante el período pasado, sostuvo que el proyecto Neptuno “interrumpió el trabajo” que venía realizando la empresa pública para concretar la represa de Casupá. Aseguró que, durante los primeros meses del anterior gobierno, “todos los cuerpos gerenciales y técnicos”, así como el entonces presidente de OSE, Raúl Montero, “estaban embarcados” en el proyecto de Casupá. Sin embargo, “el gobierno sorprende con una decisión política sin fundamento técnico a contrapelo de los numerosos informes y sucesivos documentos de planificación estratégica de OSE” y apuesta a la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, en San José, que pretendía tomar agua del Río de la Plata.

Las nuevas obras acordadas por el actual gobierno incluyen la planta potabilizadora en la cuenca del río Santa Lucía, que, en total, permitirá procesar cerca de 900.000 metros cúbicos de agua, así como un fortalecimiento de las principales líneas de bombeo, la construcción de una reserva de agua bruta en el arroyo Solís Chico y una pequeña planta potabilizadora que permitirá abastecer a balnearios de la Costa de Oro que hoy no tienen agua potable. Sobre esto último, Ortuño puntualizó que, en el marco de los 30 días adicionales de prórroga, se está trabajando en los “aspectos técnicos de emplazamiento, costo y gestión”.

Según el ministro, “son las únicas obras que aseguran poder dar continuidad al abastecimiento de agua potable en una situación de sequía que puede ocurrir en el futuro”, a diferencia del proyecto Neptuno, cuya construcción –según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo– no garantizaba ese objetivo, incluso en un escenario de sequía de menor magnitud que la ocurrida en 2023. “La evidencia de la realidad nos demuestra que, cuando nos quedamos sin reservas de agua bruta y agua dulce en la represa de Paso Severino –67 millones de metros cúbicos que no fueron suficientes–, lamentablemente, los uruguayos que vivimos al sur del país nos quedamos sin agua potable”, sostuvo Ortuño.

El gobierno se propone finalizar la construcción de la represa de Casupá durante este período, para lo cual lanzó este martes el llamado para la precalificación de empresas interesadas en ejecutar la obra. En tanto, en el caso de la planta en el Santa Lucía, se dedicarán los meses que restan del año “a realizar los estudios técnicos correspondientes”, con el objetivo de iniciar las obras en 2026.

Ortuño consideró que “la relevancia del acuerdo y de las decisiones políticas adoptadas” es que, al final de esta administración, se contará con “un sistema robusto que nos permitirá cumplir con el objetivo programático y compromiso del gobierno de asegurar el agua para los uruguayos hasta mitad de siglo”.

El ministro se refirió a los estudios de impacto ambiental sobre el proyecto de Casupá y aseguró que serán profundizados a partir de la actualización que está realizando OSE y que realizará el Ministerio de Ambiente con la colaboración de la Facultad de Ingeniería, a fin de establecer los sistemas de gestión ambiental que garanticen el cuidado de la calidad del agua y de los ecosistemas asociados al río Santa Lucía. Además, se prevé incluir un área protegida asociada a la construcción de la represa, así como “la implementación efectiva del plan de gestión de la cuenca del Santa Lucía, que se estableció con medidas de segunda generación y, lamentablemente, en el período pasado no fueron instrumentadas”, afirmó el secretario.

La construcción de la represa implicaría la tala de una superficie importante de monte nativo –alrededor de 400 hectáreas–. Al respecto, Ortuño sostuvo que “hoy por hoy no está establecido, porque se están estudiando también alternativas”, pero aclaró que, “en caso de que deba haber tala de monte nativo”, los aspectos de gestión ambiental “van a redundar en el desarrollo de medidas de compensación ambiental”.