El martes la Asamblea General sesionará con seis nombres sobre la mesa para elegir un candidato que ocupe el cargo vacante por la renuncia de Bernardo Legnani en el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). En la instancia se podrán realizar hasta dos votaciones y quedará electo quien alcance dos tercios de los votos. Si esto no se logra, se convocará nuevamente al plenario y se podrá elegir al nuevo integrante por mayoría absoluta.
Cuando se complete esta vacante, será momento de abordar uno de los temas que más polémica generó este año en torno a la INDDHH. Concretamente, se trata de la denuncia por acoso laboral contra la presidenta del directorio, Carmen Rodríguez. Luego de que el planteo fuera realizado formalmente por parte de la responsable del Área de Salud Mental de la institución, Mónica Giordano, se inició un protocolo que concluyó el 13 de febrero cuando el Consejo Directivo emitió una resolución donde daba cuenta de la existencia de conductas “activas y omisivas” por parte de Rodríguez.
La resolución determinó que las conductas de Rodríguez llevaban a “un ambiente hostil de trabajo y que afectaron el desempeño laboral de la denunciante”. El resultado del protocolo fue remitido al entonces novel Parlamento, que es quien tiene la potestad de tomar medidas sobre el Consejo Directivo de la INDDHH.
La ley que creó la institución establece en su artículo 52 que el “cese del cargo” de miembro del Consejo Directivo tiene como alguna de las causales “asumir una conducta que lo hiciere indigno de su investidura”, “actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo” o “haber incurrido en falta grave a los deberes inherentes al cargo”.
Para que esta destitución sea confirmada deberá ser respaldada “por el mismo número de votos” por los que fue electo el director en cuestión, en sesión especial de la Asamblea General convocada al efecto.
El tratamiento actual
El informe, luego de ingresado al Parlamento, fue remitido a la comisión bicameral que le da tratamiento a la conformación del Consejo Directivo de la INDDHH. Constanza Moreira, presidenta de la comisión, comentó a la diaria que luego de completada la vacante de Legnani, el “primer punto en el orden del día” de la comisión será la denuncia de acoso laboral contra Rodríguez. La legisladora detalló que la comisión sesiona los jueves después del 18 de cada mes, por lo que se prevé que el primer tratamiento del tema sea el jueves 21 de agosto.
Antes de cualquier análisis de fondo, legisladores de la comisión comentaron a la diaria que será necesario dirimir dudas “respecto a la competencia” del propio órgano legislativo para abordar el tema. En este sentido, el planteo tiene que ver con que la comisión tiene cometido tratar la conformación del Consejo Directivo, pero no así, específicamente, un eventual proceso de destitución.
En este escenario, se pidieron informes a las cátedras de derecho administrativo y de derechos humanos de la Universidad de la República; también hay un informe jurídico interno de asesores de la comisión. Si del análisis de estos informes se definiera que la comisión no tiene competencia, se deberá elevar un informe a la presidencia de la Asamblea General que deberá, según se prevé, crear una comisión especial dedicada al tratamiento de la destitución.
En cualquier caso, los legisladores que integran la actual comisión o que integrarán la que sea creada deberán analizar si se cumplen los criterios establecidos en el artículo 52 de la ley que creó la INDDHH para definir o no el pasaje del tema a la votación del Plenario de la Asamblea General. Si sucediera eso, la destitución de Rodríguez quedaría confirmada por un número de apoyos a la destitución igual o superior a los 120 votos que la apoyaron para que fuera directora en agosto de 2022.
La bancada de senadores nacionalistas ya recibió a Carmen Rodríguez para escuchar su descargo. Luego de ese ámbito, mostraron su respaldo hacia la directora de la institución y alegaron una posible “persecución política”. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que sin el apoyo a la destitución por parte de al menos 28 de los 38 miembros blancos del legislativo, esta no podrá efectivizarse.
Los reclamos
La Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos visitó el lunes el Palacio Legislativo para reunirse con algunos legisladores del Frente Amplio. Según dijo en rueda de prensa Lilián Celiberti, vocera de la organización, los planteos realizados tienen que ver con la necesidad del “fortalecimiento de la institución”.
En ese marco, definió como una “paradoja” que exista una ley que prevé la sanción de acciones de acoso laboral y la institución que “debe velar por el cumplimiento” tenga como presidenta a alguien a quien se definió como autora de ese comportamiento luego de ser “investigada de forma independiente”. “Nuestra tarea como organizaciones de la sociedad civil es llevar adelante el tema, ponerlo sobre la mesa y que también las otras bancadas asuman su responsabilidad al respecto”, concluyó luego de anunciar que se buscará mantener reuniones con las otras bancadas parlamentarias.
Consultado por la diaria, el diputado frenteamplista Alejandro Zavala, que fue parte de la reunión, señaló que se entiende que “no está bien” que se tenga en la presidencia de la institución a alguien “con una denuncia de acoso laboral” y sobre quien recae, además, una “resolución del Consejo Directivo de que hubo acoso laboral”.