A menos de diez días de que finalice el plazo definido a fines de abril para renegociar, el gobierno se apresta a tomar una decisión sobre el proyecto Neptuno, una iniciativa que busca construir una planta potabilizadora de agua en Arazatí, en el departamento de San José. Tanto el Poder Ejecutivo como los privados que impulsan la obra auguran días de “intenso trabajo” para definir la salida.

Fuentes de Presidencia señalaron a la diaria que las negociaciones siguen su curso hasta el 23 de este mes y que se encuentran en etapa de finalización. Para el gobierno sigue siendo prioritario asegurar el suministro de agua potable para el área metropolitana hasta, por lo menos, 2045. En ese sentido, se están evaluando todas las posibilidades: una de ellas, según señalaron a este medio fuentes que forman parte de la negociación, es que efectivamente se construya una planta potabilizadora, pero en otra zona del país.

Por otra parte, también se está tomando en cuenta un informe que elaboró OSE en 2013, cuando ya se alertaba sobre las dificultades que acarreaba tener una sola fuente de agua potable y se buscaba generar un plan para solucionarlo. En ese trabajo, al que accedió la diaria, se establecen tres grupos de soluciones hídricas con los objetivos de garantizar el suministro hasta 2045, satisfacer el 100% de la demanda ante una eventual disfunción del actual sistema de agua potable por 60 días y preservar la calidad del agua bruta.

Justamente, una de las soluciones que planteaba este informe (elaborado por Aguasur, cuya accionaria mayoritaria es OSE) era la construcción de una planta potabilizadora de agua con una toma en el Río de la Plata, hacia el oeste del país. Si bien se consideraba Arazatí para esta construcción, ya en 2013 la empresa pública tenía dudas sobre los niveles de salinidad del agua en esa zona, por lo que otra de las iniciativas implicaba construir, además de la potabilizadora, una planta desalinizadora.

El informe recoge un estudio realizado en 2009 por el que se tomaron muestras de agua en Arazatí y en Bocas de Cufré, también en San José, pero más hacia el oeste, en el límite con el departamento de Colonia. “Los resultados de los análisis efectuados permitían considerar esta última ubicación como más adecuada” para la toma del agua, señalaba el texto.

A su vez, y citando una investigación llevada adelante en 2012 por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama, actualmente la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental), se “reafirmaba” la selección de Bocas de Cufré como “punto de captación de agua del Río de la Plata que asegure el uso continuo como fuente para agua potable mediante tratamientos convencionales de potabilización”.

El informe no especifica dónde debería estar ubicada esta nueva planta potabilizadora, aunque sí le daba al Río de la Plata la “capacidad necesaria” para cumplir con el suministro de agua bruta, a través de una planta capaz de procesar cuatro metros cúbicos por segundo al oeste de Montevideo.

De todos modos, en el gobierno saben que no bastará con una sola obra para cumplir el objetivo de asegurar el agua potable para el área metropolitana. En ese mismo informe se especifican varias obras complementarias que se deberían realizar, más allá de la alternativa principal.

De hecho, fuentes de la negociación entre el gobierno y el consorcio indicaron a este medio que el Ejecutivo mantiene la propuesta de construir una represa en Casupá, Florida, tal como fue anunciado en campaña electoral. En el informe elaborado por Aguasur se indica que esta solución debería ir acompañada por otras obras, como una ampliación de las capacidades de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, entre otras.

El período de negociación entre el Ejecutivo y los privados comenzó formalmente el 24 de abril. Ese día, las partes conformaron dos equipos de negociación, uno técnico y de ingeniería y otro legal, con el objetivo de encontrar una salida al tema en un plazo de 90 días.

El gobierno fue crítico con el proyecto Neptuno desde que la administración de Luis Lacalle Pou anunció que lo impulsaría. A pocos días de abandonar el poder, el expresidente firmó el contrato y desde ese momento el actual Poder Ejecutivo busca remediar esa decisión. El gobierno entiende que el proyecto tiene varias objeciones ambientales, económicas y sociales que no lo hacen viable, mientras que pone a Casupá como la obra primordial en esta dirección.

En una rueda de prensa el 14 de abril, el presidente Yamandú Orsi señaló que la represa en Casupá “no termina de sustituir” el problema identificado de abastecimiento de agua potable, mientras que sobre Neptuno comentó que lo que “no convencía” era el “lugar”. Un mes después, Orsi fue nuevamente consultado por este tema y señaló que lo que se estaba evaluando era si las “obras pueden ser otras”, en tanto existe un contrato firmado que hay que respetar. “Con eso no se juega, es un dato de la realidad. No podemos detenernos un momento, por más visión encontrada que tengamos. La conversación implica cómo seguimos, no cómo paramos y rompemos todo”, dijo.

Paralelamente a esta negociación, las organizaciones ambientales y sociales se movilizan con la intención de lograr que el Ejecutivo anule el contrato con los privados.