En las últimas horas se conoció que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) aprobó la realización de una auditoría a la Intendencia de Montevideo (IM), la cual tiene origen en un pedido de la Junta Departamental de Montevideo que hicieron los ediles de la oposición. Según lo prevé el artículo 273 de la Constitución de la República, en su numeral 4, se puede requerir la intervención del TCR con un tercio de votos de los curules “para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o a la Administración Departamental”.

En este caso, según informó El País, la solicitud hizo foco en las horas extras que se autorizaron a los funcionarios en el período 2020-2025. El planteo sobre este tema fue realizado por parte de la oposición en distintas ocasiones y, concretamente, fue puesto sobre la mesa en la campaña departamental. Paralelamente, el senador nacionalista Martín Lema también ha solicitado información al organismo de contralor sobre la cantidad de horas extras autorizadas.

Luego de que El País informara sobre la decisión del TCR, Lema señaló en rueda de prensa que se constata un “descontrol de la gestión”. Concretamente, el excandidato a la intendencia capitalina se refirió a la existencia de “una gran cantidad de horas extras pagadas y asignadas” que se autorizaron “fuera de la normativa”. Mencionó, asimismo, que “una cantidad de casos” superan el “límite mensual autorizado”.

“Esta situación se ve agravada porque en una cantidad de casos no se explican las causales de por qué se recurre a esa vulneración de la normativa”, remarcó Lema. “Estamos hablando de plata que va para horas extras, que no sabemos si efectivamente se hicieron, pero sí sabemos que se pagaron”, comentó el senador. “Esto hay que aclararlo y el intendente [Mario] Bergara tiene que actuar inmediatamente, porque no alcanza con decir que la situación financiera es complicada, hay que tomar medidas”, agregó.

“Entendemos que va a ser muy esclarecedora”, indicó Lema sobre la auditoría. “Todas las juntas departamentales pueden hacer lo que se hizo en la Junta Departamental de Montevideo a instancias del coordinador de los ediles del Partido Nacional, Rafael Seijas”, recordó.

La visión de la oposición

El actual presidente de la departamental frenteamplista, Ricardo Russo, reconoció a la diaria que aún no se ha analizado formalmente esta auditoría, dado que el gobierno departamental se encuentra “en pleno proceso de la presentación de la Rendición de Cuentas en la Junta Departamental”. El dirigente frenteamplista consideró, de igual manera, que lo que sucede “es una movida política” que se alinea con las declaraciones realizadas días atrás por el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, sobre la disposición a “trancar muy fuerte” como fuerza política opositora.

“Esa confrontación que está planteando la oposición a nivel nacional también se está reflejando en Montevideo; nosotros entendemos que es una situación compleja porque eso afecta el relacionamiento y el buen juego político de la democracia”, apuntó Russo. En este escenario, detalló que por la falta de mayorías la situación se considera “muy delicada” a nivel nacional, y recordó que en Montevideo también hacen falta “mayorías especiales para aprobar determinadas propuestas o proyectos”.

“El 25 de agosto es el Día del Comité de Base y hay una movilización en todos los barrios; ahí los directores van a ir a los comités, como sucede con los dirigentes nacionales. Si el tema se plantea, lo vamos a discutir, lo vamos a analizar”, adelantó. El presidente de la departamental subrayó que la defensa del gobierno montevideano tendrá un componente “territorial”, dado que, como en otros temas, el FA “siempre tiene maneras colectivas de discutir y de analizar”.

La explicación del TCR

Consultado por la diaria, el ministro del TCR Miguel Aumento explicó que los ediles de la oposición realizaron una “veintena” de consultas sobre las horas extras en la IM en el período 2020-2025, y detalló que el organismo de contralor “no niega ese tipo de solicitudes”, teniendo en cuenta que se trata de “un derecho constitucional que tienen los ediles”.

Aumento destacó, sin embargo, que la particularidad en este caso tiene que ver con lo “extenso” de la solicitud. Asimismo, reconoció que tanto él como los ministros Enrique Cabrera y Flora de Santis dejaron constancia de “alguna objeción” sobre ciertas preguntas que se entendieron que no corresponden.

El ministro del TCR explicó que, luego de aprobada, la solicitud de los ediles se deriva a los servicios técnicos de auditoría. Estos técnicos se encargan de “establecer los criterios de los técnicos” para luego procesar el informe y en una instancia posterior elevarlo a los ministros, que lo analizarán. En definitiva, Aumento reconoció que la duración de la auditoría no se ha “estimado”, aunque, considerando su extensión, espera que lleve “varios meses”.

Aumento también comentó que este es el único pedido de estas características –vinculado a gobiernos departamentales– que se está procesando en la órbita del TCR. Agregó, sin embargo, que algunos representantes nacionales han solicitado “información puntual” sobre la situación en algunos departamentos cuyos números también están comprometidos.