El 31 de julio, el gobierno resolvió reducir el descuento del impuesto específico interno (Imesi) de 40% a 32% para la adquisición de combustibles en estaciones de servicio ubicadas cerca de la frontera con Argentina, medida que está vigente desde el 1° de agosto. Un mes antes, el 20 de junio se había ratificado, mediante una resolución, el 40% aplicado por la anterior administración y también por un decreto de 2007 para que “resulte equiparable el precio reducido de los referidos combustibles en Uruguay con el de los combustibles similares que se comercialicen en el exterior”.

La medida sólo aplica a las zonas fronterizas con Argentina, es decir, Fray Bentos, Paysandú y Salto; en el caso de Brasil, el descuento se mantiene en 32%, como ya se había establecido, y rige en Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión.

Esto fue criticado por el senador del Partido Nacional (PN) Javier García este miércoles en la media hora previa de la sesión del Senado. García dijo que se trata “quizás” del “primer aumento de impuestos” del gobierno, que “va teledirigido” a las personas que “más han sufrido la diferencia de cambio con Argentina”. “Mazazo tuvieron, mazazo llevan ahora”, retrucó.

Por esta razón, García dijo que este jueves va a convocar formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Dirección General Impositiva a la Comisión de Hacienda del Senado, para “escuchar en qué se ha motivado esto y por qué no se procedió como en otras circunstancias”. Además, solicitará la revisión “de forma urgente” de la medida.

El senador consideró que la decisión se tomó de forma “inopinada, sin consultar a los protagonistas locales”, y que “en tiempos de diálogos” “no hubiese costado nada dialogar y hablar con los comercios, con las ligas, con los trabajadores, con los sindicatos”.

A su vez, señaló que es “una contradicción tremenda” esta resolución con el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados en la madrugada de este miércoles, que dispone medidas económicas para los comercios de frontera.

Comerciantes piden que se revise la medida y que “se prioricen políticas públicas que contemplen la realidad del interior”

Por su parte, el Centro Comercial de Salto, el Centro Comercial e Industrial de Paysandú y la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro emitieron un comunicado el lunes en el que expresan “preocupación” por la reducción del beneficio del Imesi, que a pesar de que “se trata de un ajuste menor en términos de recaudación fiscal del Estado”, “su impacto en las economías locales es significativo”.

“La diferencia de precios entre Uruguay y Argentina ha provocado históricamente un fuerte desplazamiento del consumo hacia el país vecino, afectando no sólo a las estaciones de servicio, sino también al comercio, los servicios y el empleo en nuestras ciudades”, apuntan.

Afirman que el beneficio fiscal es “una herramienta clave para mitigar las consecuencias de esta desigualdad estructural”, y que la reducción decretada “debilita aún más la competitividad del comercio formal en la frontera y pone en riesgo la sostenibilidad de numerosas empresas locales”.

En la misma línea que García, solicitaron la revisión de la resolución y exhortaron a que “se prioricen políticas públicas que contemplen la realidad del interior, protejan la actividad económica y el empleo en la frontera”. A su vez, advirtieron que la medida “podría tener un efecto contrario al buscado, incentivando el contrabando, el informalismo y la evasión, con perjuicios no sólo para el comercio legal, sino también para la propia recaudación del Estado”.