La Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo (DVVM) presentó este miércoles en la Junta Departamental (JDM) su informe anual 2024-2025, que recopila las actuaciones del organismo desde que asumió su titular, el sociólogo Daniel Arbulo, en junio del año pasado, así como el plan de trabajo para este año. A su vez, se hace énfasis en los desafíos que presenta la defensoría y se emiten recomendaciones para mejorar el trabajo.

La presentación estuvo a cargo de Arbulo, quien señaló que los asuntos que la DVVM considera de relevancia para trabajar son las personas sin hogar, las infancias, las viviendas vacías, la pirotecnia y la mediación. En el primero, se afirma que la respuesta para atenderlo, “ya sea punitiva o basada en servicios”, aún es “insuficiente para darle solución” y “no aborda las causas de esta situación”.

Indican que la respuesta institucional frente a esto se limita a “trasladar el problema a otro lugar”: un refugio del Ministerio del Desarrollo Social, otra plaza u otro barrio. “Esta lógica de ‘desplazamiento’ evidencia la ausencia de una estrategia pública estructural que realmente garantice que estas personas dejen de vivir a la intemperie”.

El papel que adopta la DVVM al respecto es “alertar sobre la situación y seguir siendo parte de las articulaciones de promoción de derechos”, en el sentido de que la problemática “no empieza en una oficina ni termina en otra, así como no es exclusivamente municipal, departamental o de ámbito nacional”.

Sobre las infancias, apuntan que tres de cada diez hogares con niños y niñas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y desde la DVVM hay interés en “contribuir a que niños, niñas y adolescentes sean reconocidos como sujetos activos de la política pública departamental”. En ese sentido, perciben la “ausencia de una política transversal de servicios públicos que incorpore la perspectiva de las infancias en aspectos como los espacios públicos y la movilidad”.

En lo vinculado a la mediación, que definen como “una instancia de diálogo entre las partes con el objetivo de solucionar una problemática” y que es “voluntaria, gratuita y confidencial”, apuntan que uno de los desafíos del período es, además de consolidar el área, “desarrollar metodologías y estrategias territoriales que reflejen esta perspectiva orientada a estimular la convivencia y la tolerancia en las comunidades”.

Las líneas de acción planteadas por la DVVM son: consolidarla institucionalmente, optimizar los servicios de atención a la ciudadanía, el área de mediación comunitaria y el área de comunicación; asegurar la presencia en los territorios de la defensoría, que permita la descentralización de servicios y articule con organizaciones barriales; y asumir la agenda temática de forma proactiva.

¿Cuántos casos atendió la Defensoría?

El informe arrojó también que en el primer año de gestión de Arbulo se presentaron 1.263 asuntos por parte de vecinos y vecinas: 89 fueron casos colectivos y el resto, 1.174, fueron individuales, lo que representa el 93,9%. La DVVM destaca que la primera categoría “es muy relevante”, ya que estos asuntos colectivos incorporan notas de reclamo con diez firmas y, en algunos casos, con cientos de adhesiones.

Según se indica, muchos de los casos colectivos están vinculados a la convivencia comunitaria, mientras que “otros se relacionan con críticas a políticas públicas que inciden en la vida cotidiana de las personas participantes”.

La mayoría de los casos presentados provienen del municipio B, con 14,5%, y el municipio G es el que menos presentó, con 6,6%.

La convivencia es el tema que más aparece entre los asuntos que se presentan, con 42,9%. Le siguen las edificaciones (8,70%), la limpieza (6,88%), la contaminación acústica (6,885), los espacios públicos (5,62%) y la vivienda (3,64%).

Casi la mitad de los asuntos (44,5%) ingresan por teléfono, seguido por Whatsapp (19,9%), correo electrónico (14,8%), de manera presencial (10,5%), por una visita al barrio en cuestión (7,3%).

En una entrevista con la diaria de 2024, Arbulo señaló que la DVVM “no es una oficina de quejas”, sino un lugar donde se toman estos casos y se les da seguimiento.

El informe subraya que la solución a los problemas planteados “tiene que ver con normas establecidas y su puesta en práctica”, pero sobre todo “con la convivencia y las formas de vincularse entre vecinos y con el Estado”.

Presupuesto y autonomía

En el informe la institución afirma que la DVVM “no ha logrado, ni hay perspectivas inmediatas de alcanzarlo, una autonomía que le permita tomar decisiones operativas de manera independiente”. Por lo tanto, resalta que “abordar esta debilidad es clave” y, en esa línea, es preciso “consolidar una institución de promoción de los derechos humanos en el territorio de Montevideo”.

Para eso, consideran necesario que el gobierno departamental pueda “asumir nuevos compromisos” en lo vinculado a definir el presupuesto para la DVVM. La dotación y la partida para gastos de funcionamiento de esta institución son fijadas por la JDM, y la DVVM puede suscribir convenios de cooperación con organizaciones nacionales, internacionales, privadas o gubernamentales, y debe rendir cuentas al legislativo departamental.

Asimismo, consideran que el contexto actual “es un momento clave” para “avanzar en la consolidación de la autonomía presupuestal”. Esto implica “unificar los montos ejecutados anualmente y acordar, en el marco del presupuesto quinquenal departamental, la creación de un fondo que contemple los gastos previstos y asegure la incorporación de nuevas propuestas acumuladas a lo largo de los años”.

En ese sentido, plantea la necesidad de “contar con equipos más permanentes” y que la designación de personal se haga mediante concurso público. A su vez, sugiere que se pueda “contar con los recursos y la autonomía de gestión suficientes para realizar análisis externos de políticas públicas y su impacto en las vecinas y vecinos”.