En abril de este año, integrantes de cinco organizaciones civiles remitieron una nota firmada por 21 colectivos a la Asamblea General, en la que solicitaban que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) rindiera cuentas al Parlamento sobre “los hechos graves que han sido comprobados”, en referencia a la denuncia por acoso laboral hecha por la funcionaria Mónica Giordano contra la ahora directora del organismo, Carmen Rodríguez. En esa misma nota, pidieron la destitución de la jerarca.

Dos meses antes, el Consejo Directivo de la INDDHH emitió una resolución sobre la denuncia presentada por Giordano el 11 de julio de 2024 por acoso laboral, en la que dan cuenta de que se comprobaron “conductas hostiles de la denunciada en el ámbito laboral en diversas situaciones, pudiendo ser observadas por otras personas” y que, dada la prueba, concluye en que “se han configurado elementos constitutivos del acoso laboral”.

El informe fue remitido a la Asamblea General, y desde ahí, se lo envió a la comisión bicameral creada para tratar la elección del Consejo Directivo de la INDDHH, donde los legisladores están analizando cómo seguir con el tratamiento del caso, debido a que existen dudas sobre las potestades de la comisión para hacerlo.

En ese marco, y con la realización de la XIV Asamblea Nacional de Derechos Humanos convocada por la INDDHH, que culminó este miércoles, algunas organizaciones de la sociedad civil, registradas en la INDDHH, y que habían pedido la destitución de Rodríguez, decidieron no participar. Otras lo hicieron, aunque de igual forma adhirieron al contenido del comunicado que circuló, al que accedió la diaria.

“La directora de la INDDHH, Carmen Rodríguez Núñez, es responsable de acoso laboral a una funcionaria”, comienza la misiva y hacen referencia a la resolución del Consejo Directivo del organismo de febrero de este año. Afirman que la conclusión “es irrefutable y la vía administrativa se encuentra agotada”.

Señalan que en febrero de este año ya se habían remitido actuaciones a la Asamblea General para que esta adoptara “las medidas pertinentes sobre la directora como consecuencia de la responsabilidad por acoso laboral”. “Todos los órganos del Estado, incluida la Asamblea General, tienen la obligación de adoptar medidas para sancionar la violencia y el acoso laboral (Convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo), garantizando que lo ocurrido no quede impune”, detallan.

En ese sentido, aseveran que la continuidad en el cargo de Rodríguez, quien es “responsable de acoso laboral” y está al frente de la INDDHH, “afecta aspectos esenciales de la legitimidad indispensable para su funcionamiento”. “Las organizaciones adherentes exhortamos a los legisladores a la adopción inmediata de medidas para combatir y sancionar el acoso laboral realizado” por Rodríguez.

Algunas de las organizaciones que adhirieron son Serpaj, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Cotidiano Mujer, El Paso, Familias Presentes, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mujeres de Negro y asociaciones vinculadas a la salud mental como Radio Vilardevoz.

Otra de ellas es la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo. Una de sus integrantes, Hilde Hansz, criticó, en diálogo con la diaria, que las designaciones del consejo directivo de la INDDHH hayan sido “políticas” y no propuestas por las organizaciones sociales. “Nada más alejado del espíritu de la creación de la institución, que fueron propuestas de organizaciones sociales. Hay que conocer la historia de esto”, subrayó.

En ese sentido, sostuvo que Rodríguez continúa en el consejo directivo porque “la ley de creación de la institución dice que la persona tiene que ser destituida con la misma cantidad de votos que fue instituida”, y en su caso, la votaron 120 legisladores, por lo que “ahora no se logra porque el Partido Nacional la respalda”.

El artículo 52 de la Ley 18.446, que crea a la INDDHH, establece lo que dice Hansz sobre la cantidad de votos necesarios, y también que el cese del cargo se hará cuando la persona asuma “una conducta que lo hiciere indigno de su investidura”, que actúe con “notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo”, que incurra en una falta grave a los deberes inherentes al cargo, o que exista una “incompatibilidad superviniente en caso de que no hubiera presentado renuncia o dejado sin efecto la misma”.

Dado que aún no ha habido avances a nivel parlamentario sobre el caso, y por tanto Rodríguez sigue en su cargo, Hansz adelantó que las organizaciones sociales están evaluando junto a la abogada Soledad Suárez, quien representa a Giordano en la denuncia por acoso laboral, presentar una denuncia ante dos organismos internacionales: la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Nosotros de verdad lo que queremos es una institución de derechos humanos en la que los derechos humanos sean para todos y que no haya derechos de primera y de segunda, que la actitud sea la defensa de todos los derechos para todas las personas”, resaltó.

Madres y Familiares participó de la asamblea convocada por el organismo este miércoles. No obstante, Elena Zaffaroni, una de sus integrantes, planteó en rueda de prensa que desde la última elección del directorio de la INDDHH, tuvieron “muchas dificultades en un litigio con el Parlamento” sobre “cómo han considerado las elecciones en aquel momento, el reparto partidario”.

Para Zaffaroni, se trata de “una cantidad de situaciones que, en lugar de fortalecer, independiente de las personas, se ha debilitado, la ha perforado”. Además, se refirió a que a esto “se sumó” la denuncia por acoso a la directora, “la que sigue teniendo la presidencia”. “Llegamos a una asamblea que serían las instancias de intercambio fraterno y abierto y profundo, con muchos otros temas muy irregulares y preocupantes para la supervivencia de la institución”, agregó.

Mariana Mota asumió la presidencia de la INDDHH

La ley de creación de la institución también dispone, en su artículo 53, que el presidente o presidenta estará en ese cargo por un año, y que este será de rotación obligatoria entre los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH, que es el encargado de designarlo por mayoría absoluta de votos. En ese sentido, este miércoles, en el marco de la Asamblea, la novel directora Mariana Mota asumió la presidencia, y Rodríguez pasó a ser directora.

En su intervención, Mota destacó el vínculo de la INDDHH con las organizaciones sociales registradas en la institución, número que “ha ido creciendo”, lo cual, apuntó, “es bueno que así sea”, ya que el vínculo del organismo “es principalmente y fundamentalmente con las organizaciones”.

“La institución tiene que potenciar ese vínculo, tiene que ser esa escucha atenta, y tiene que hacer el seguimiento del trabajo que se ha demostrado en esta asamblea, y que es bueno que así sea y que se profundice”, remarcó.