El secretario general de la Intendencia Departamental de Canelones (IDC), Pedro Irigoin, habló en la diaria Radio sobre los planes de gestión de la comuna canaria, el plan de impulsar un fideicomiso para obras de saneamiento en el departamento, la negociación con la oposición departamental y los problemas vinculados a la movilidad.
La IDC aspira a ingresar en diciembre el proyecto del fideicomiso, junto con el presupuesto departamental y los municipales, a la Junta, donde necesitará tres votos de la oposición para alcanzar la mayoría necesaria para su aprobación. Irigoin señaló que la necesidad de endeudamiento para hacer determinadas obras estuvo presente en la campaña departamental “y fue una coincidencia que se conversó con todos los candidatos”. El secretario acotó que el problema de saneamiento, en particular en el balneario Atlántida, estuvo presente en los planteos de todos los partidos, y ese proyecto requiere “un endeudamiento porque con fondos propios es imposible”, aseguró.
“Eso hizo que hubiera un acuerdo tácito de que quien ganara básicamente se iba a endeudar para generar el fideicomiso para el saneamiento e iba a ser apoyado por el resto”, afirmó. Irigoin apuntó que la IDC está elaborando el proyecto “en conjunto, porque además de las obras afectadas directamente a Atlántida, la intención es hacer un conjunto de obras de infraestructura que precisa cada uno de los municipios”. Por eso, parte del diálogo refiere a qué se prioriza y también a cuándo se interviene en cada uno de los territorios.
Acerca de las obras de saneamiento en Atlántida, señaló que abarcan el “casco más urbanizado, con mayores servicios vinculados al turismo” de ese municipio, donde viven aproximadamente 16.000 personas, y que se prevé que, a partir del saneamiento, se convierta en “la zona de mayor crecimiento en cuanto a vivienda”. “Tenemos muchos proyectos de emprendimiento que tienen obviamente una instalación en ese lugar, que están detenidos por no contar con ese saneamiento. Eso nos indica que aprobado este proceso, encaminado, hay una serie de edificios –pero también distintos tipos de residencias y también servicios– que estarían desembarcando”, explicó el secretario general.
En ese marco, la IDC plantea un endeudamiento a pagar a 20 años y negocia “un acuerdo para que la tasa también sea parte de la financiación de ese proyecto”. Además, afirmó que favorecerá las arcas departamentales por la “serie de inversiones que aterricen en el territorio”. El monto del fideicomiso no está cerrado, pero Irigoin dijo que los primeros números que han analizado con OSE indican que estaría en el entorno de 40 millones de dólares para costear “la obra gruesa”. En tanto, “cerca de una decena de millones” deberían destinarse a obras posteriores “para que esa obra de saneamiento tenga el servicio total”.
“Estamos hablando de dos cifras que son muy grandes, que son alrededor de 50 millones de dólares, [por lo] que el gobierno departamental no tiene posibilidades de invertirlo de sus fondos propios. Pero sí tiene esta gran posibilidad de abrir una puerta con OSE, que sería la primera experiencia en la que un gobierno departamental se endeuda o invierte para que el saneamiento llegue a una localidad”, destacó Irigoin.
“Lo que viene sucediendo es un diálogo permanente con el gobierno nacional”
Hace dos semanas había incertidumbre sobre el acuerdo entre el gobierno y las intendencias en relación con las transferencias económicas que el gobierno nacional otorgará a las 19 intendencias del país durante los próximos cinco años. Sin embargo, se llegó a un acuerdo y, para Irigoin, lo pactado “impacta positivamente” en su departamento. Lo evalúa de esta manera “comparándonos con nosotros mismos en otros períodos, comparándonos con el último período de gobierno, en el que no tuvimos algunos fondos que hoy sí tenemos y pudimos llegar a esos acuerdos”, expresó. No obstante, reconoció que el monto actual “va a quedar por debajo” de cuando funcionó el Fondo Metropolitano, en la última presidencia de Tabaré Vázquez, una herramienta que fue suprimida por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
El acuerdo estableció la creación del Fondo de Inversiones Estratégicas, que contará con 80 millones de dólares para destinar a obras públicas. Unos 45 millones de este fondo, a implementarse entre 2027 y 2029, serán asignados a las intendencias de Montevideo y Canelones; los restantes 35 millones se repartirán entre las otras 17 intendencias. Además, creció la participación de los gobiernos departamentales en la administración del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que gestiona la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y las intendencias ejecutan por proyecto.
“Lo que viene sucediendo es un diálogo permanente con el gobierno nacional”, destacó Irigoin, y aclaró que, si bien es cierto que el gobierno de Canelones es del mismo signo político que el nacional, “nosotros tuvimos muchísima apertura para el diálogo en el período pasado, con algunos resultados magros”. Consideró que en el escenario actual los “ministerios abren las puertas a las intendencias para hacer acuerdos específicos sobre desarrollo territorial. Eso es importante porque genera una planificación, genera un mejor ordenamiento del gasto, una mejor ejecución y es un escenario en el que los gobiernos departamentales tienen un panorama para los próximos cinco años”, afirmó.
Mencionó que la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, visitará el departamento a mitad de mes “para conversar sobre su presupuesto”, como lo hizo el Ministerio de Turismo y como está previsto que haga el ministro del Interior, Carlos Negro. El secretario general de la IDC reafirmó que “las instancias en las que el gobierno nacional se acerca al departamento resultan de mucha importancia”, porque el trabajo de las intendencias incluye cada vez más “cosas que no son de su competencia directa”. “Como no somos los gobiernos departamentales responsables de esos procesos, necesitamos que el gobierno nacional dialogue, que abra su proyecto de presupuesto y que sepamos con certeza qué es lo que va a pasar en los próximos cuatro años y medio”, explicó.
Irigoin acotó que, más allá del monto de las transferencias, “el proceso institucional que se hace para acompañar entre el gobierno nacional y el departamental la realización de obras, la ejecución de esos fondos está blindada en un trabajo bastante más serio que el que tuvimos en otro momento. Eso también se valora”.