La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Salto denunció en los últimos días que el nuevo jefe departamental, el nacionalista Albisu, anunció el “cese definitivo” de 292 funcionarios de la Intendencia de Salto. “Es una decisión difícil”, pero “la decisión está tomada” por “motivos legales y también económicos”, confirmó el secretario general del gobierno departamental, Walter Texeira, en declaraciones al Canal 4 de Salto. Según Texeira, en este tema “se le ha dado nombre de convenio colectivo a una resolución que [en realidad] es un acto de gobierno disfrazado, y por eso legalmente lo vamos a hacer caer”.

Frente a esto, el sindicato acusó a Albisu de “violar el convenio colectivo” a través del cual “los trabajadores y trabajadoras adquirieron legítimamente su estabilidad laboral”. El documento, al que tuvo acceso la diaria, fue formalizado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el 25 de junio de este año. Allí consta que “la intendencia y Adeom llevaron adelante un proceso de negociación sobre las designaciones directas efectuadas con anterioridad a julio de 2024 y arribaron a un acuerdo general que se recogió en [un] convenio colectivo suscripto el 9 de setiembre de 2024”.

Este acuerdo implica la estabilidad laboral de los funcionarios; “su cese sólo podrá disponerse por resolución fundada del intendente, previo sumario por ineptitud, omisión o delito, con las garantías del debido proceso”, establece el documento.

Sobre esa base y ante los ceses dispuestos por la comuna, Adeom se declaró en conflicto e implementó varias medidas: creó una comisión de conflicto, solicitó una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, así como con el Consejo Superior de Negociación en el Sector Público del MTSS, y anunció “paros sorpresivos, movilizaciones y concentraciones”.

El pasado viernes el gremio se manifestó frente a la Intendencia de Salto. En imágenes de la movilización divulgadas por Montevideo Portal se perciben varias pancartas, algunas de ellas con las frases “Albisu dice ‘dentro de la ley todo’, pero viola la ley de negociación”, “No a la violación de convenios colectivos” y “291 familias despedidas por revanchismo político”.

Adeom considera que existe persecución política. “Uno de los motivos por los que entienden que hay que sacar a estos trabajadores es porque son todos punteros del Frente Amplio”, afirmó el presidente del gremio, Juan Carlos Gómez, en una entrevista con la radio M24.

En una publicación del sindicato, Gómez sostuvo que Albisu “se olvidó” y “traicionó su palabra”, dado que “supo subir las escaleras de Adeom, previo a las elecciones departamentales”, con “un discurso conciliador de que con los trabajadores quería el mejor relacionamiento”. Pero “eso era por las elecciones”, porque “después hizo todo lo contrario: se cerró al diálogo y vino a tomar partido en contra de los trabajadores municipales”. “Está a tiempo, porque la gestión dura cinco años y en ese tiempo va a necesitar a las y los trabajadores municipales”, afirmó.

El convenio colectivo en el foco de la contienda

En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Colorado (PC) por Salto, Horacio de Brum, señaló que hasta ahora ninguno de los trabajadores “ha sido notificado de los ceses”, por lo que los despidos todavía no se habrían formalizado.

“Lo que hubo fue la creación de una comisión por parte del gobierno departamental, encabezada por Alejandro Secco, el coordinador de Gestión Humana de la Intendencia de Salto”, apuntó De Brum, y agregó que “la comisión ya actuó” y “ahora la resolución final está en manos del intendente”.

Por su parte, el excandidato a la Intendencia de Salto por el PC Marcelo Malaquina dijo a la diaria que en el gobierno departamental existe “una intención de dar de baja al convenio colectivo”, ya que, “según le manifiestan a Albisu los abogados de la intendencia, [el acuerdo] se llevó adelante de forma ilegal y tendría algunas condiciones que no se cumplen”.

“El intendente habría tomado la determinación de dar de baja a ese convenio colectivo que, entre otras cosas, lo que hace es dejar sin efecto la presupuestación de 292 personas”, señaló. “Se han hecho varias consultas a constitucionalistas y fue unánime la visión de que el convenio tenía muchísimas irregularidades”, añadió Malaquina.

“Acompañamos el proceso de coalición y nos hemos reunido con el intendente en varias oportunidades. Hay muchas condiciones que llevan adelante el hecho de tomar esta decisión. No es fácil, estamos hablando de familias, pero también hay una cuestión económica de la intendencia, ya que se encuentra en su peor situación financiera”, finalizó.

Fuentes del gobierno departamental dijeron a la diaria que la ilegalidad del convenio “no es un tema de interpretación”, sino que se fundamenta en “la forma en que se elaboró”. El acuerdo “es inconstitucional, viola normas y es ilegal”, aseguraron.