Este jueves, Yamandú Orsi asistió a la presentación del Permiso Nacional de Conducir por Puntos, aprobó el Congreso de Intendentes y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), decretada por el Poder Ejecutivo.

Estuvieron presentes los intendentes de Montevideo y Canelones, Mario Bergara y Francisco Legnani, respectivamente, así como el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera; la fiscal de Corte, Mónica Ferrero; la secretaria general de la Dirección General de Tráfico (DGT) de España, María Lidón Lozano Pérez, y la vocal asesora de la Unidad de Apoyo al Director General, también española, Susana Estévez Gómez, en representación del modelo europeo que funcionó como base para las autoridades uruguayas.

El mecanismo consiste en un sistema de premios y castigos que implica la suma o resta de puntos para los conductores, quiénes en su amplia mayoría partirán con un saldo de ocho puntos. A su vez, las quitas son diferenciales de acuerdo con el tipo de infracción cometida y, de llegar a la suspensión del permiso o tener un magro saldo restante, la medida también prevé mecanismos de recuperación por tiempo transcurrido sin faltas o a través de un Programa de Recuperación de Puntos.

“En términos globales, en promedio la aplicación del permiso por puntos en distintos países bajó un 10% los fallecidos, un 9% los lesionados y un 21% los siniestros de tránsito”, aseguró Metediera, pero alertó que forma parte de un entramado de medidas más amplio que proyectan desde la institución.

En ese sentido, se refirió a la cifra de fallecidos y lesionados graves producto de siniestros de tránsito, una “tendencia de aumento permanente” que generó la necesidad de elaborar un plan de acción con líneas estratégicas para aplicar en conjunto: el rol de liderazgo de la Unasev, incorporar la seguridad vial en la educación –para lo que vienen “conversando con Secundaria para incluirlo de manera curricular”–, la fiscalización, la participación social, la propia implantación del permiso por puntos y el rol de la Justicia por medio de la Ley de Faltas.

“La Justicia no tiene la capacidad suficiente para llevar adelante los temas de [la Ley de] Faltas. Para nosotros es muy importante poder trabajar eso desde el presupuesto”, mencionó, y agregó que “Uruguay tiene 37 fiscalías y en el interior los temas de tránsito van a los juzgados de Paz, que están desbordados con otros temas”.

En relación con la incorporación de la medida, está planificada para el primer semestre del año que viene y aseguró que será paulatina y fiscalizará, en un principio, solamente las infracciones graves que suspenden el permiso, como participar en picadas.

Una vez que su aplicación sea plena y “si logramos generar un punto de estabilidad”, según Metediera, se podrá “empezar a pensar otra política de seguridad vial” y “capaz que los valores de las multas pueden ser diferenciados si se estuvo determinada cantidad de tiempo con el máximo de puntos” o “quizá los seguros te pueden llegar a salir más baratos”. “Si logramos incorporar todas estas cosas, podemos pensar otro modelo de tránsito para el país”, concluyó.

La experiencia en España

Según María Lozano, el modelo español se inspiró, a su vez, en el que incorporaron otros países de la Unión Europea (UE). Si bien nombró a Francia como modelo de inspiración principal, puntualizó que el sistema comenzó en Alemania en 1974.

Según dijo, en España fallecieron 9.344 personas por siniestros de tránsito en 1989 y, en 2024, hubo 1.785 fallecidos. El país tiene un “parque de vehículos de 36 millones en circulación”, y el pico de fallecimientos representó un “punto de inflexión para que se pensara en cambiar la normativa y apostar por una primera ley de tráfico”, proceso que se inició en 1992, hasta que el permiso por puntos se implementó en 2006.

Hoy en día, la agenda de la seguridad vial en Europa se centra en lo que llamó “la Visión Cero”, que consiste en intentar alcanzar “cero fallecidos en carreteras”. “Animo a que la implementen en Uruguay; en España intentamos lograrlo para 2050”, mencionó.

Así, en el viejo continente, la implementación del permiso por puntos también formó parte de una batería de medidas más amplia: “un plan de radares, más efectivos en la policía de tránsito, la creación de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial como propuso Metediera, mejoras en infraestructura, a nivel de vehículos, en normativas, en controles de alcoholemia, y campañas educativas”.

Además, los europeos apostaron por “incorporar el tema en la agenda política, crear una Comisión de Seguridad Vial en el Congreso y conseguir el apoyo de los medios”, elementos que propiciaron el descenso, según enumeró.

También se implementó de forma paulatina, fruto de “mucho esfuerzo por ir armonizando las herramientas y los mecanismos del sistema, porque el permiso por puntos no es un aparato mágico”. Un elemento importante a trasladar a la sociedad española fue la idea de que el permiso de conducir “no es un derecho”: “El permiso de conducir es un crédito y una confianza que la sociedad y el Estado otorgan a los ciudadanos; apelamos a la autorresponsabilidad”, finalizó.