Una delegación del Congreso de Intendentes, encabezada por su presidente, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera (Partido Nacional), compareció este lunes ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que está analizando el proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal elaborado por el Poder Ejecutivo.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, en primer lugar, Olivera destacó que el presupuesto incluye el acuerdo alcanzado semanas atrás entre el Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que fue el resultado de “una corta pero intensa negociación”. No obstante, el intendente nacionalista señaló que también “hay algunos artículos del proyecto de presupuesto que cambian o alteran algunas realidades que son las que hemos venido administrando en los últimos años”.

En concreto, Olivera apuntó contra los artículos 21 y 29 del proyecto. El primero introduce modificaciones en la regulación de los planes anuales de contratación de los organismos públicos. Según explicó el jefe departamental, se “incluye a las intendencias en lo que tiene que ver con la necesidad de generar planes anuales de contratación”.

El segundo artículo, en tanto, fija como monto máximo permitido para compras directas por parte de organismos públicos el valor de 375.000 pesos. Al respecto, Olivera comentó que “en algún momento los gobiernos departamentales, las intendencias, habíamos sido descolgadas del régimen general en cuanto a los topes, al punto de que hoy el tope que tenemos para las compras directas es de 987.000 pesos”, y en caso de aprobarse este artículo “pasaría a ser de 375.000 pesos”.

“Nosotros compramos desde un féretro a lo que se les ocurra”

Una vez hecha la explicación del articulado, Olivera pidió a los legisladores de la comisión que “consideren volver al régimen anterior”. Dijo que los cambios vinculados a los planes anuales de contratación conllevan “ir a un sistema de publicación más riguroso”. “Tenemos que ir a publicar la licitación”, lo cual, sostuvo, “genera distorsión” en el funcionamiento de las intendencias.

Olivera apuntó además que “absolutamente todos los procesos de contratación rigen o están regidos por el Tocaf [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado] y están auditados por quien nos tiene que auditar, que es el Tribunal de Cuentas”. En tal sentido, aseguró que para los gobiernos departamentales “no hay forma de no estar auditados por quien la Constitución establece que es quien controla nuestro accionar económico y legal”.

En cuanto a la disminución del tope para las compras directas, el presidente del Congreso de Intendentes fundamentó el mantenimiento del monto actual a partir de la amplia variedad de tareas que desarrollan los gobiernos departamentales. “Nosotros no tenemos un solo métier; de hecho, tenemos un poco de todo”, afirmó.

A modo de ejemplo, Olivera mencionó que, si bien “la seguridad está explícitamente excluida de nuestras competencias por la Constitución”, en los hechos, algunos gobiernos departamentales se involucran en la tarea; de lo contrario, “¿qué razón de ser ha tenido, por ejemplo, que el gobierno de la comuna de Canelones haya tomado la decisión, en su momento, de invertir millones de dólares en cámaras de videovigilancia?”, apuntó.

El intendente de Paysandú continuó: “Nosotros estamos en la presencia de la vida desde que la persona nace hasta que la persona muere. Cuando muere alguien de una familia que no tiene ninguna forma de hacerse cargo de los gastos del sepelio, ni siquiera con las expensas funerarias del BPS [Banco de Previsión Social], son los gobiernos departamentales, las intendencias, las que disponibilizan un féretro y una sala velatoria”. “Nosotros compramos desde un féretro a lo que se les ocurra”, enfatizó.

Por eso, el presidente del Congreso de Intendentes solicitó a los legisladores que consideren establecer “un monto superior” para las compras directas de los gobiernos departamentales. “¿Por qué? Porque si las intendencias pierden la magia de ser ejecutores inmediatos de políticas, ahí realmente empezamos a entrar en una lógica de burocracia, y la burocracia es buena en tanto y en cuanto es servil a cumplir los objetivos; [pero] ya cuando empieza a trancar, evidentemente, se desvirtúan las políticas que estamos llamados a cumplir”, manifestó Olivera.