A pocas horas de que comience formalmente la discusión del presupuesto, con la comparecencia ante el Parlamento del equipo económico, la inconformidad se va manifestando en no pocos organismos públicos, sobre todo, debido a la comparación entre lo solicitado y los recursos finalmente asignados por el Poder Ejecutivo. En tal sentido, la situación de la Universidad de la República no es muy diferente de la del ámbito judicial.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, se reunió el miércoles con un grupo de diputados del Frente Amplio (FA) para conversar sobre el tema. El 21 de agosto, una semana antes de que el gobierno enviara el proyecto de ley, el Poder Judicial presentó su propio proyecto quinquenal, con sus respectivas proyecciones.
En ese documento se señalaba que el monto adjudicado al Poder Judicial “no ha experimentado un crecimiento real respecto al PIB en los últimos 30 años” y, a modo de ejemplo, se apuntaba que de cada 100 pesos presupuestados, sólo un peso le corresponde al Poder Judicial. A pesar de que estos recursos se ejecutan “casi al 100%”, el Poder Judicial advertía que no le es posible “seguir sosteniendo su misión con recursos congelados”.
En la reunión con los legisladores del oficialismo, Pérez resaltó que “históricamente el Poder Judicial ha sido relegado en materia presupuestal” y sostuvo que “hoy resulta imprescindible contar con los recursos adecuados para fortalecer el acceso a la justicia, agilizar los procesos y desburocratizar el sistema”, según consignó la página web del Poder Judicial.
El diputado del FA Alejandro Zavala, uno de los participantes del encuentro, dijo a la diaria que Pérez transmitió cuáles son las principales necesidades del Poder Judicial y el oficialismo tomó nota. “Ellos tienen planteos desde readecuación salarial hasta la creación de juzgados de violencia doméstica”, señaló.
Aunque apuntó que, en el marco del debate presupuestal, “todo el mundo siempre quiere algo más”, Zavala destacó que el presupuesto elaborado por el gobierno recoge algunos de los planteos que hizo el Poder Judicial. “Hay una parte de su pedido presupuestal que viene en el mensaje”, afirmó.
De los 714 artículos que tiene el proyecto, 11 comprenden al Poder Judicial. Uno de ellos dispone la creación de 50 cargos para juzgados letrados en Ciudad del Plata, San José. En el documento del Poder Judicial se señalaba que, con casi 40.000 habitantes -una cifra comparable a la de varias capitales departamentales- Ciudad del Plata tiene actualmente un solo juzgado de paz y “requiere con urgencia juzgados letrados acordes a su escala demográfica y conflictividad social demandante”.
Asimismo, el presupuesto prevé la creación en el interior de dos juzgados especializados en violencia hacia las mujeres basada en género. En su documento, el Poder Judicial había solicitado la instalación de 24 juzgados especializados en violencia basada en género, seis de ellos en Montevideo y 18 en el interior.
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En la exposición de motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo remarcó que el punto de partida del presupuesto es el déficit fiscal “más elevado que un gobierno enfrenta en su primer año de gestión en las últimas tres décadas”.
Zavala afirmó que en el oficialismo existe “disposición de revisar” el contenido del presupuesto, aunque siempre sobre la premisa de que “el mensaje del Poder Ejecutivo es nuestro mensaje”, porque “fue nuestro Poder Ejecutivo el que hizo las prioridades”. “Después vendrán obviamente los intereses de los legisladores y la negociación, porque hay que tener en cuenta que a nosotros nos faltan dos votos”, señaló.
La mayoría de los planteos de la Fiscalía fueron desestimados
La Fiscalía General de la Nación recibió una menor cantidad de artículos que el Poder Judicial: ocho. El presupuesto contempló solamente cuatro -una de ellas de manera parcial- de las 19 peticiones que, al igual que el Poder Judicial, la Fiscalía plasmó en un documento previo.
El proyecto del gobierno dispone la creación de una Escuela de Fiscales, que tendrá como propósito “la formación inicial de aquellos aspirantes a ingresar a la función fiscal”, así como “la formación permanente de los fiscales”. También incluye la creación de seis cargos para la fiscalía departamental de Ciudad del Plata y la instalación de una fiscalía de violencia doméstica y violencia basada en género en Montevideo a partir de 2027. Se trata de tres planteos que había hecho la Fiscalía.
Asimismo, el presupuesto establece la creación de una fiscalía especializada en cibercrimen, si bien la Fiscalía había solicitado recursos suficientes para la instalación de dos fiscalías de este tipo.
Por fuera del presupuesto del gobierno quedaron varios pedidos de la Fiscalía, como, por ejemplo, la creación de un equipo de apoyo de ocho fiscales adscriptos, que estarían disponibles para reforzar determinadas investigaciones, o un incremento de personal para mejorar la recepción de denuncias y la atención al público.
También fue desestimada la solicitud de crear dos fiscalías especializadas en estafas. En el documento de la Fiscalía se alertaba sobre el crecimiento constante que han experimentado las denuncias por estafas en los últimos años: entre 2018 y 2024 el promedio mensual de denuncias aumentó de 500 a 2.500. En caso de no contemplarse este reclamo, la Fiscalía advertía sobre el efecto negativo de “continuar con la caída importante de la eficacia en la imputación para las denuncias de estafas que comenzó a partir del año 2021”.
Willian Rosa: “Ya es hora de dejar de fingir demencia”
En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, sostuvo que la no creación de las fiscalías especializadas en estafas tendrá “un efecto directo en impunidad”. Señaló que estos delitos tienen un “gran impacto”, “no sólo en las personas que un fondo de inversión les birló los ahorros de toda su vida”, sino también en “las personas comunes y corrientes que hacen una compra” de manera virtual. “Hoy todas las compras prácticamente son en el ámbito virtual, y en el ámbito virtual se cometen decenas y miles de estafas”, apuntó.
Sobre los recursos asignados a la Fiscalía, Rosa explicó que el organismo tiene un presupuesto anual de 52 millones de dólares y había solicitado un refuerzo de 17 millones de dólares. El aumento del Poder Ejecutivo se sitúa en el entorno de un millón de dólares en 2026. “Si bien es menos de 10% de lo que solicitó la Fiscalía [alrededor de 6%], en el marco del presupuesto total que tiene la institución es un 2%” de incremento, señaló el presidente del gremio de fiscales.
Para Rosa, esto demuestra que la Fiscalía “es un organismo postergado totalmente por el sistema político”. Lo cual, a su entender, resulta “paradójico”, dado el espacio que habitualmente ocupa la Fiscalía “en la conversación pública de los propios integrantes del sistema político”, quienes “parecieran estar muy preocupados por que la institución tenga la capacidad de llevar adelante la persecución penal en los delitos que consideran que son importantes”.
“Pero eso hay que materializarlo con acciones positivas, y a la hora de esas acciones positivas, lo que demuestran es que no les interesa en absoluto fortalecer a la Fiscalía”, afirmó Rosa. El presidente del gremio de fiscales sostuvo que en este momento “nadie se puede hacer el distraído”. “Creo que ya es hora de dejar de fingir demencia y de que no se acuerden de la fiscalía sólo cuando pasa algo”, expresó.
Consultado sobre el debate del presupuesto en el Parlamento, manifestó: “Vamos a poner todas las energías en convencer a quienes tienen que tomar las decisiones de que es necesario este reforzamiento”.