El sociólogo Emiliano Rojido, asesor del Ministerio del Interior (MI) y coordinador del proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, conversó con la diaria Radio sobre los principales ejes de trabajo y los planes del gobierno en materia de seguridad.
Tras una primera fase de diagnóstico, el MI lanzó en julio los Encuentros por Seguridad, la segunda etapa dirigida al diálogo con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática y con los partidos políticos. Durante el proceso, la cartera ha recibido algunos cuestionamientos, principalmente del Partido Nacional (PN), que volvió a exigir este lunes “medidas concretas”.
Consultado sobre las declaraciones del presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, Rojido rechazó la idea de que “los problemas de seguridad están sobrediagnosticados”. “Tenemos una noción a veces un poco equivocada del diagnóstico”, afirmó, y apuntó que su significado es “a través del conocimiento”. Justamente, continuó, de esa forma “nos dimos cuenta, por ejemplo, a partir de marzo, de que las estafas son el tercer delito más denunciado en nuestro país”, situación de la que no se tenía conocimiento porque “no se reportaba tradicionalmente en el gobierno anterior y en otros gobiernos previos”. Incluso, explicó que la disminución en las denuncias de rapiñas y de hurtos en los últimos años “fueron más que compensadas por el aumento de las estafas, que también es producto de un cambio de las oportunidades criminales que se vio en el marco de la pandemia”.
“Sin datos no hay debate público y no hay políticas públicas; no tocamos la realidad, no la vemos”, expresó Rojido, para quien, el “diagnóstico robusto” trabajado en esta gestión “echa luz sobre los problemas” y les da a las autoridades “un sentido de realidad, los pies en el piso para ponernos a trabajar”. En el caso del indicador sobre las estafas, destacó que el daño patrimonial que genera ese delito “es mucho mayor al que tienen tradicionalmente las rapiñas y los hurtos”.
Con respecto al pedido del PN de que el ministro Carlos Negro –u otra autoridad del MI– esté presente en las reuniones interpartidarias, Rojido sostuvo que en ningún momento se comprometió la presencia de la autoridad ministerial, y acotó que la convocatoria fue a representantes de los partidos “con un perfil técnico”. Rojido aseguró que la intención del gobierno es ubicar el tema de la seguridad pública fuera del lugar que se le ha dado tradicionalmente, esto es, “el del embate político, el del boicot con fines electorales o el tema llave para la transición de los partidos en el gobierno”.
El sociólogo consideró que la seguridad pública “es una causa nacional” no sólo porque es la principal preocupación de la población “y porque tenemos desafíos estructurales importantes”, sino porque también compromete lo más preciado: el Estado de Derecho, la fortaleza de las instituciones, el desarrollo económico y la cohesión social, mencionó.
En ese sentido, dijo que con los Encuentros por Seguridad se busca “propiciar las condiciones para que esas contribuciones que –estamos seguros– muchas fuerzas vivas de la sociedad tienen para hacer, tengan como hacerlas”. Otro de los objetivos, acotó, es “tratar de monitorear o entender las expectativas que hay”, con el fin de “gobernar las expectativas y no vender espejitos de colores ni ser irresponsables con las expectativas que estamos generando”.
Objetivos estratégicos: homicidios, armas, violencia basada en género, estafas y narcotráfico
Hasta diciembre, el trabajo relacionado con el Plan se centrará en los objetivos estratégicos que le darán estructura, por ejemplo, las estafas y la reducción de homicidios. “La idea es, una vez definido el problema, tratar de entender sus causas, tratar de entender cómo podemos intervenir sobre las causas y perfilar instrumentos de política para justamente revertir la situación de los homicidios”, explicó Rojido. Un tercer objetivo es el control de armas de fuego y municiones, el cual está asociado a muchos delitos, más allá de los homicidios, señaló.
El asesor advirtió que “no tenemos cosas básicas como una trazabilidad de las municiones”. Para ejemplificar sobre la gravedad de esa carencia, sostuvo: “En un contexto en el que estamos preocupados por la penetración del crimen organizado, podríamos estar financiando con recursos públicos municiones que terminan en manos del crimen organizado, por no tener una adecuada trazabilidad; es una locura”. Rojido consideró que el debate sobre la tenencia de armas “muchas veces se estanca cuando se piensa ‘ah, quieren desarmar a la población’”. Sin embargo, acotó, “lo cierto es que en el medio hay millones de cosas para hacer que son de orden”, como la trazabilidad.
El cuarto objetivo estratégico es la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes. A propósito de esto, Rojido sostuvo que Uruguay tiene “niveles preocupantes y crecientes, en los últimos años”, de violencia doméstica y de delitos sexuales: estos últimos “crecieron 65% en la última década”, afirmó. Además, se refirió a los casos de violencia vicaria y al riesgo de cooptación de menores por parte de grupos de crimen organizado.
En tanto, un quinto eje está vinculado al narcotráfico. Al respecto, consideró que “hablar de crimen organizado tiene de pronto más sex appeal, pero es un concepto mucho más amplio y mucho más vago”. En cambio, a la hora de pensar políticas públicas, sostuvo que lo adecuado es “pensar en mercados ilícitos específicos para abordarlos”.
En relación con el narcotráfico, Rojido señaló que “tenemos un aumento muy importante de delitos vinculados a estupefacientes” y existe “la preocupación de que Uruguay dejó de ser solamente una ruta de tránsito para convertirse en un espacio relevante de acopio, de distribución y de consumo, lo que cambiaría el estatus de Uruguay en una cadena de valor internacional vinculada al tráfico de las drogas”. Además, llaman la atención otros problemas conexos, con base en experiencias regionales, como el de “la corrupción política, la corrupción policial, y el riesgo de que se consoliden grupos criminales vinculados a la rentabilidad que este mercado tiene”.
El asesor del MI señaló que estos cinco ejes están complementados por otros dos vinculados con capacidades institucionales: la necesidad de articular el sistema de justicia criminal y la creación de un sistema de prevención del delito y de la violencia, que “funcionaría articulando un conjunto de esfuerzos e intervenciones que distintas agencias del Estado tienen para hacer para prevenir los delitos”.
Insistió con que “hay esfuerzos que no están articulados”. Puso como ejemplo el rol que podrían jugar las intendencias. Consideró que, sin sumar atribuciones diferentes a las que ya tienen, las comunas podrían incorporar una visión sobre la seguridad en la gestión de la iluminación pública y el cuidado de los espacios públicos.
En esa línea, el Ministerio de Desarrollo Social, también “podría incluir algunos instrumentos de política orientadas a la prevención de jóvenes en riesgo de vincularse como víctimas o como agresores de la violencia y del delito”, o, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, pensar instrumentos para la exoneración tributaria de pequeños comercios en zonas conflictivas, “tratando de que así surjan oportunidades de trabajo para los jóvenes, abran pequeños comercios, se ocupe el espacio público”, entre otras iniciativas de articulación de los esfuerzos en seguridad mencionadas por Rojido.