La última vez que se trató el proyecto de ley que busca crear el cargo de comisionado parlamentario para infancias y adolescencias, que presentó la senadora del Frente Amplio (FA) Blanca Rodríguez, fue el 6 de agosto, cuando la legisladora visitó a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la cámara alta para hablar sobre la iniciativa.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, los senadores acordaron priorizar el análisis del proyecto y, en consecuencia, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian propuso hacer un listado de instituciones a convocar para que aporten su opinión. En ese sentido, en principio, sugirieron que las primeras que debían acudir son el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Unicef y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

En línea con esto, este miércoles las autoridades del INAU fueron a la comisión y, según dijo a la diaria la presidenta del organismo, Claudia Romero, entre los integrantes del directorio pertenecientes al oficialismo y a la oposición hay unanimidad para apoyar la iniciativa presentada por Rodríguez. “Todo lo que mire de cerca y acompañe la trayectoria de los gurises y que sea garante de derechos siempre va a tener nuestro apoyo”, expresó.

Señaló que “no hay una figura como esa en estos momentos porque es una figura con autonomía: autonomía política y presupuestal”, con presupuesto del Poder Legislativo. “Todo lo que transmita transparencia, además [de que] permite monitorear, evaluar y sugerir algunos cambios en las políticas públicas o diferentes acciones que pongan en el centro los derechos de los gurises, nosotros lo vamos a ver con muy buenos ojos”, aseguró.

El proyecto de ley plantea que el comisionado tendrá como tareas promover el respeto y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, recibir denuncias o quejas sobre eventuales violaciones de sus derechos, solicitar información a las autoridades de las instituciones públicas y privadas encargadas de la protección, atención y cuidado, realizar inspecciones en los establecimientos correspondientes, formular recomendaciones, rendir anualmente un informe ante la Asamblea General sobre el estado de situación de la niñez y la adolescencia en Uruguay, entre otras.

Romero dijo que hicieron sugerencias para la redacción, por ejemplo, que se incluya la creación de un consejo consultivo, integrado por niños, niñas y adolescentes, que se encargue de asesorar al comisionado y que tenga dos reuniones anuales. “Nos parece que en todas las estrategias que se están vinculando a la infancia y adolescencia, tener un espacio de participación de las voces de los propios gurises también es garante de sus derechos”, planteó.

En relación con la competencia del comisionado de poder visitar lugares donde transitan las infancias y las adolescencias, desde el INAU sugirieron que esté eximido de anunciar la visita. “No es lo mismo que vos vayas a un centro, por ejemplo, del INAU de 24 horas avisando que lo hacés que no avisando”, comentó.

Reglamentación de la ley de garantías

Cuando se trató este tema en comisión el 6 de agosto, surgieron opiniones contrarias sobre la iniciativa. De acuerdo con la versión taquigráfica, el senador del Partido Nacional (PN) Martín Lema advirtió que si bien comparte “la buena intención y las aspiraciones” de la iniciativa, discrepa con el instrumento. “Creo que muchas veces, cuando uno diagnostica y no da un curso de tiempo para llevar adelante un plan de acción y lo interrumpe con nuevas acciones, se da un embotellamiento de herramientas”, planteó, y agregó que “puede haber herramientas útiles, pero si confrontan con otras que también lo son”, la discusión queda “en las buenas intenciones y en la interposición de herramientas que no llegan a transformar la realidad”.

Lema se refería a la ley de garantías para infancias y adolescencias impulsada por el FA y aprobada en setiembre de 2024, que no fue reglamentada por la administración de Luis Lacalle Pou, algo que el actual Poder Ejecutivo tampoco ha hecho y que es necesario para que se empiece a implementar. “Muchas de las frases que acaba de mencionar la senadora Blanca Rodríguez ya formaban parte del espíritu del proyecto de ley sobre garantías para la infancia y adolescencia”, dijo el senador en la comisión.

Por su parte, el senador del FA Gustavo González aclaró a la diaria que la iniciativa de Rodríguez y la ley aprobada el año pasado “son dos cosas distintas y dos cosas valiosas”. “Lo de [Cristina] Lustemberg [quien impulsó la iniciativa] tiene que ver con la articulación de una cantidad de organismos, es mucho más amplio. Esto es muy puntual: el ombudsman de los niños es la persona que está permanentemente en el tema, denunciando las cosas y haciendo propuestas”, describió. González considera que “no son comparables” y que el proyecto de ley del comisionado “hay que aprobarlo”.

Consultada sobre la reglamentación de la ley ya aprobada, la presidenta del INAU dijo que ese proceso “se está dando” y que cree que está “en sus tramos finales”. Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a cargo de la reglamentación, dijeron a la diaria que “se está trabajando en ello”.

“Nosotros no podemos perder más tiempo [en lo que tiene que ver] con las infancias y las adolescencias, y si hay herramientas que suman, las tenemos que empezar a ejecutar en paralelo”, afirmó Romero, quien comparte con González que ambos instrumentos no se contraponen.

El senador del Partido Colorado Robert Silva dijo a la diaria que aún no tiene una opinión ni a favor ni en contra del proyecto. Contó, además, que consultó al INAU cuál es el vínculo que la nueva figura tendría con la INDDHH, la planificación que tienen y el abordaje de “distintas temáticas”. Asimismo, quiso saber si existen “sistemas de verificación y de control interno para el cumplimiento de parte de las cosas que tiene como propósito el comisionado parlamentario”. “Para no caer en aquello de que siempre en Uruguay estamos esperando que para que las cosas funcionen tiene que venir otra entidad que controle, que funcione, que haga las cosas y que tiene que hacerlas”, destacó.

En este sentido, Silva considera que hay competencias que “se superponen” con la INDDHH, algo que “ya pasa” en el caso del comisionado parlamentario penitenciario con el tema de la tortura. “Yo creo que tiene que haber una verificación de todos esos extremos, para después resolver qué es lo mejor”, consideró.

“A mí lo que me desespera es que nosotros tenemos instrumentos, tenemos herramientas, tenemos institucionalidad, tenemos recursos asignados, y nos pasa lo que nos pasa. Entonces, mi duda es si la creación de una institucionalidad aparte nos va a traer luz y soluciones a un problema que a todos nos amarga”, añadió.

La comisión recibirá en su próxima sesión a una delegación de Unicef y luego a la INDDHH, una vez que Juan Miguel Petit asuma como director.