Este martes era el turno del Ministerio de Salud Pública (MSP) en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda. La cuestión presupuestal, sin embargo, se vio algo opacada desde temprano en la mañana cuando se hizo público un informe solicitado por diputados del Partido Nacional sobre eventuales incompatibilidades del desempeño laboral privado del presidente de ASSE, Álvaro Danza, con su función pública. Este planteo reavivó el debate que se abrió el mes pasado, cuando se conoció que el médico, además de dirigir el prestador público de salud, tenía horas de consulta en tres mutualistas.

El nuevo informe, de autoría del abogado Augusto Durán Martínez, concluye que existe por parte de Danza una “violación de la Constitución de la República, de varias leyes y de un reglamento del Poder Ejecutivo”. El documento fue presentado por los diputados Amin Niffouri y José Luis Satdjian a la comisión de Salud de la cámara baja.

Asimismo, junto con el informe, se hizo llegar una nota en la que se planteó la necesidad de un informe complementario del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar). En el escrito también se planteó la solicitud de un informe a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), una vez tenga su integración definitiva (aún falta el director por la oposición).

El informe

El nuevo informe, en principio, detalla que, al ser presidente de ASSE y ejercer su profesión en Médica Uruguaya, Asociación Española y CAMS, viola el artículo 200 de la Constitución. Esto tiene que ver con el fragmento en el que se establece que “los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados” no podrán “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”.

Más allá de esta presunta violación constitucional, se señala que también se viola el artículo 9 de la Ley 18.161, en el que se deja claro que los miembros del directorio de ASSE no “podrán ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con ASSE”. También se apunta al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 30/003, que establece la prohibición de que los funcionarios públicos puedan “ejercer su función con relación a las actividades privadas a las que se encuentren vinculados”.

Por último, se menciona el artículo 31 de la Ley 19.823, en el que se establece la prohibición de que los funcionarios públicos puedan “ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente, o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado”.

Si bien la incompatibilidad con el trabajo en las mutualistas había sido lo más mencionado en los primeros cuestionamientos, el nuevo informe también menciona la incompatibilidad del ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño de Danza como director de la Revista Médica del Uruguay del Sindicato Médico del Uruguay. También se entiende violatorio el desempeño del médico como profesor titular de la Facultad de Medicina en forma rentada y profesor titular de la Facultad de Medicina en el hospital Pasteur.

En estos tres casos se menciona lo previsto en el artículo 9 de la Ley 18.161, donde se deja claro que los miembros del directorio de ASSE no “podrán ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con ASSE”.

El informe y la defensa

El primero en salir a responder sobre el tema desde el oficialismo fue el diputado Federico Preve. El legislador aseguró que el nuevo informe “se va a analizar”, pero recordó que ya hay informes que respaldan la continuidad de Danza. Uno de ellos, solicitado por el propio presidente de ASSE antes de asumir el cargo, elaborado por el estudio jurídico Delpiazzo Abogados; el otro, responsabilidad de los Servicios Jurídicos del MSP.

“Hay aparentemente dos bibliotecas, es razonable estudiarlos, pero acá hay una definición política clara; el presidente de la República, la ministra de Salud Pública y diputados y senadores respaldamos al doctor Danza”, aseguró Preve. Asimismo, el diputado comentó que a nivel personal entiende que hay “una persecución política” contra el presidente de ASSE. “Lo que se quiere hacer es defender a un empresario médico que en la gestión anterior derivó más de 60 millones de dólares desde la empresa en la que trabajo, el Círculo Católico”, agregó, en referencia al expresidente de ASSE Leonardo Cipriani.

Lustemberg, luego de su comparecencia ante la comisión, también se refirió al tema. Marcó el hecho de que “llamativamente” se haya hecho pública nuevamente la “inquietud” el día en que el MSP trataría en el Parlamento su presupuesto. “Tenemos que estar discutiendo los tiempos de espera, el acceso a los medicamentos, qué vamos a hacer con la distribución de recursos humanos, qué vamos a hacer para tener una salud mucho más accesible”, remarcó.

La ministra, antes de referirse al fondo del asunto, dejó en claro que los informes con los que cuenta el MSP son “terminantes” sobre el tema. También hizo referencia al “currículum y publicaciones” de Danza, quien, según la jefa de la cartera, atiende en una “carga [horaria] totalmente reducida”. Asimismo remarcó que “no tiene ningún tipo de conflicto de intereses con su responsabilidad” en ASSE.

Con los informes sobre la mesa –Delpiazzo y Servicios Jurídicos del MSP– y citando algunos de sus pasajes, Lustemberg enfatizó que Danza “tiene todo el respaldo político”. Dejó claro que lo importante es que tiene “una dedicación casi full time” para resolver la situación de los 421.000 usuarios de ASSE en lista de espera, así como también para trabajar en “la descentralización” del prestador de salud, entre otros aspectos. Sin perjuicio de eso, la ministra comentó que se seguirá con atención “cualquier observación que se pueda hacer” sobre la situación del jerarca.

La visión de la oposición

Niffouri comentó en rueda de prensa que los informes a los que hizo referencia el oficialismo dejan “enormes dudas”. “Nosotros como legisladores lo primero que tenemos que pedir es que se cumpla la Constitución y la ley”, subrayó el diputado. “También hay un tema ético; no puede el presidente de ASSE, el principal prestador de salud del país, que atiende 1.500.000 usuarios, trabajar en cinco lados a la vez”, agregó.

El legislador blanco también recordó que Danza decidió subir el sueldo de los gerentes generales “para que sean full time”; en cambio, él seguirá siendo “part time”. “Nos sigue llenando de dudas este respaldo por parte de la ministra”, puntualizó Niffouri. Agregó que el tema se está “trabajando responsablemente”, por lo que, cuando lleguen los informes solicitados a la Facultad de Derecho y a la Jutep, se evaluará llevar adelante otras acciones.