De las 19 solicitudes presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo contempló, en líneas generales, sólo cuatro. Entrevistado por la diaria Radio, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, sostuvo que, a diferencia de otros organismos o instituciones cuyas necesidades presupuestales quizás fueron mejor atendidas en anteriores gobiernos, el sistema de justicia ha sido históricamente rezagado. En el caso concreto de la Fiscalía, desde su creación como servicio descentralizado en 2015, “jamás recibió el incremento presupuestal que sus autoridades hayan solicitado”, señaló.
La Fiscalía pidió un incremento presupuestal del 30%, pero se le asignó solamente un 2%. “Es muy difícil pensar en un fortalecimiento institucional con ese presupuesto que se le ha asignado a la institución como refuerzo”, afirmó Rosa.
El Poder Ejecutivo también incluyó la creación de seis cargos para la fiscalía departamental de Ciudad del Plata y la instalación de una fiscalía especializada en cibercrimen y una fiscalía de violencia doméstica y violencia basada en género en Montevideo a partir de 2027. Sin embargo, la Fiscalía había solicitado la creación de diez fiscalías en el interior del país para reforzar las sedes de turnos únicos, así como “refuerzos presupuestales y equipos de apoyo para el interior del país”, indicó Rosa. El proyecto del gobierno también desestimó la solicitud de crear dos fiscalías especializadas en estafas, “un delito que ha crecido exponencialmente” en el último tiempo y que la Fiscalía “no puede afrontar porque no tiene los recursos”, afirmó Rosa.
Con respecto al salario, Rosa dijo que existen inequidades entre los fiscales y los funcionarios judiciales. “Los jueces perciben hoy día un salario un 4,7% más que los fiscales, cuando en realidad la ley establece que lo mismo que cobra un juez debería cobrar un fiscal”, indicó. Asimismo, mencionó que los fiscales adscritos primeros reciben un salario aproximadamente 20% mayor que los fiscales adjuntos, pese a que realizan las mismas tareas.
Para Rosa, una Fiscalía desatendida presupuestalmente “parece una herramienta que le sirve al sistema político”, ya que si los actores políticos pensaran que “‘a la Fiscalía hay que dejarla trabajar en paz’, por lo que se preocuparían es en fortalecerla”. El presidente del gremio de fiscales consideró como “una posibilidad” que la falta de presupuesto radique en que “los políticos no se ven tentados a darle plata a la fiscalía”, que es el organismo “encargado de controlarlos”.
“Es muy fácil desatender lo que pide la Fiscalía” si no “sale nadie de la Fiscalía” a hablar sobre las necesidades presupuestales
La falta de acuerdos políticos para designar a un fiscal general de la Nación se ha extendido durante los últimos cuatro años, desde que el entonces fiscal de Corte –hoy prosecretario de Presidencia–, Jorge Díaz, renunció a su cargo. Consultado al respecto, Rosa consideró que “es más fácil para el sistema político desoír las propuestas presupuestales de un fiscal general al que no han designado, que es subrogante”, en referencia a Ferrero. A su entender, la elección de un nuevo fiscal de Corte está “obturada” porque “nadie en el sistema político quiere aportar los votos, con las mayorías que se necesitan, para un fiscal que sea propuesto por otro sector político” y que permanecería en el cargo durante diez años.
En ese sentido, una de las propuestas de los fiscales para facilitar los acuerdos políticos es modificar la normativa vigente para reducir el plazo de duración del mandato del fiscal general. “Los diez años de nuestro país son de los más largos a nivel regional; hay plazos de dos años, que también tienen sus inconvenientes, hay plazos de cuatro años y hay plazos de seis años”, explicó. Este último plazo, añadió, posibilitaría “una mejor predisposición de un sector político a dar sus votos a alguien propuesto por otro sector político”, y no sería tan acotado a la duración de un período de gobierno, lo que “también independiza la gestión del fiscal general”.
En entrevista con la diaria, el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, dijo que en este tema “se ha generado una bola de dramatización injustificada con que casi que es una emergencia nacional tener un fiscal de Corte subrogante”. Afirmó, además, que “en lo que va de este año y el otro o lo que sea, no parece haber un ambiente claro como para cambiar”, y señaló que la oposición podría garantizar que Ferrero se quede “los cinco años simplemente no votando” otro nombre.
Consultado al respecto, Rosa expresó que, si Ojeda piensa eso, “lo que tiene que hacer es proponerle al presidente de la República que la doctora Ferrero sea la fiscal general definitiva”. “No puede alguien creer que un organismo que tiene una situación indebida de acefalía, de subrogación, de subrogante de subrogante, está en una posición confortable”, afirmó, y negó que una fiscal subrogante tenga las mismas potestades que un fiscal de Corte titular.
Sobre el vínculo del gremio con Ferrero, Rosa dijo que actualmente es “distante y derivado de las acciones que ha tomado la doctora Ferrero”. El gremio se declaró en conflicto, en abril, por la falta de un ámbito de diálogo sobre las licencias por cuidados y medio horario para la lactancia. Esa situación continúa, pese a que “hoy en día nosotros como colectivo estamos en una situación de coyuntura –que es el presupuesto quinquenal– en donde tenemos que coadyuvar con la Fiscalía”, ya que “no sale nadie de la Fiscalía” a hablar sobre las necesidades presupuestales, señaló.