Este jueves hubo novedades enmarcadas en el conflicto entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama, a cargo de la construcción de dos OPV (Offshore Patrol Vessel) por un monto que supera los 80 millones de euros. El gobierno decidió comenzar el proceso para rescindir el contrato en octubre tras constatar irregularidades en el proceso vinculadas a la garantía de fiel cumplimiento que emitió la británica Eurocommerce, aunque la denuncia recibió ampliaciones a posteriori.

El periódico Faro de Vigo informó este jueves que la empresa de Mario Cardama “enfila” la segunda embarcación a pesar de que ya transcurrieron más de tres meses desde que el presidente de la República, Yamandú Orsi, hizo pública la decisión. En concreto, el medio vigués indicó que el avance se materializó en más bloques para el primer barco y la colocación de la quilla del segundo, dispuesto en la vía contigua, un hito que implicaría una erogación, según el diario, de 12 millones de euros, aunque la administración, encarnada en la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, anunció en diciembre que no estaban dispuestos a realizar más pagos.

“Se trata de un bloque facturado y situado en el astillero en diciembre, que contó con la validación de la clasificadora Lloyd's Register y que ahora ha sido colocado en la vía 5 para enfilar la obra de esta segunda unidad”, informó el diario sobre la segunda quilla. Lo anterior ocurre a pocos días de que finalice la feria judicial y, según el citado medio, también a pocos días de que el gobierno deba abrir la carta de crédito de 2026, plazo que estará vigente hasta el 15 de febrero y que desbloquearía nuevos pagos.

En noviembre, el presidente del Banco República (BROU), Álvaro García, dijo que quedaba “un hito más” y que “la carta de crédito solicitada es irrevocable”, por lo que “el pago hay que enfrentarlo porque es una obligación del banco con el banco corresponsal”. Al mismo tiempo, aportó más detalles al respecto durante una entrevista con Radio Carve el 26 de enero al decir que, tal como adelantó la propia Lazo, el último hito de la carta de crédito de 2025 “no se presentó, no se cumplió con el hito, como así había sucedido en instancias anteriores, y por lo tanto no se produjo el pago”.

“La carta de crédito está terminada, así que nosotros estaremos aguardando las instrucciones de nuestro cliente –que en este caso es el Ministerio de Defensa Nacional– de qué es lo que necesita, y poniendo el banco a disposición con sus herramientas habituales para lo que se defina”, aseveró en la emisora. Tras una segunda ampliación de la denuncia, está prevista una visita de conciliación para marzo.

También hay dudas sobre el segundo aval

Más allá de la garantía que emitió Eurocommerce, el semanario Búsqueda informó este jueves que el martes 27 el Ministerio de Defensa Nacional notificó a la empresa europea sobre un “grave incumplimiento adicional de sus obligaciones esenciales” relacionado al segundo aval, la garantía de reembolso, que se aceptó a nivel ministerial en noviembre de 2024 y emitió la aseguradora Readbridge Insurance Company por un monto equivalente al 10% del precio de cada buque, además de que debía estar vigente hasta la entrega.

El gobierno, según el medio, consideró que el documento “no constituye una garantía válida” y empeora la situación “de manera significativa”, mientras que los representantes de Readbridge Insurance Company confirmaron a los jerarcas públicos que “no es una póliza de anticipo financiero”, sino un documento de “términos y condiciones”.

En este contexto, la cartera lo calificó como una “grave negligencia” y barajó la posibilidad de que se trate de “una actuación deliberadamente orientada a crear la apariencia de cumplimiento de obligaciones esenciales requeridas por el contrato cuando ese cumplimiento no existe en realidad”, por lo que se reservó el derecho de cancelar el contrato, buscar una devolución de los millones que ya se pagaron y reclamar una indemnización.