El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) firmaron este martes un convenio marco para desarrollar un plan piloto en el que, a partir de marzo, entre 20 y 30 jóvenes privados de libertad participarán de forma voluntaria en instancias de formación y capacitación junto al Ejército Nacional. La iniciativa fue suscrita en la Torre Ejecutiva por el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, entre otros jerarcas del gobierno, como el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani; el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo; y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, además de legisladores y militares.
Desde que se conoció la semana pasada, la propuesta fue cuestionada por sectores del Frente Amplio (FA), entre ellos Casa Grande. Al mismo tiempo, la Institución Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al Inisa para acceder al texto del convenio con el fin de evaluarlo, y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) emitió un comunicado este martes en el que rechaza el programa y manifiesta preocupación por su desarrollo (ver recuadro).
Acompañada en la mesa por Saavedra, el vicepresidente y el director por la oposición del Inisa, Daniel Radío y Ángel Fachinetti, y el comandante en Jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, Lazo sostuvo que, en el marco de las obligaciones para cumplir con el objetivo –suscrito por Orsi en su asunción y por ella misma– de “reconstruir una matriz de protección social que amortigüe las diferencias en la sociedad”, “amputarnos la posibilidad de poner al servicio de este fin todas, absolutamente todas las herramientas con las que contamos a nivel institucional es o sería un acto de irresponsabilidad”.
“Por supuesto que no estamos dispuestos a ser irresponsables en esta tarea que nos compete. Por eso, por el contrario, nos sumamos con gusto, con alegría, con mucho compromiso” al convenio, afirmó Lazo. La jerarca agregó que “no existe recurso estratégico más importante que el recurso humano con que cuenta nuestra sociedad”. En ese sentido, la cartera de Defensa suscribió el programa “con absoluto compromiso en el marco de la defensa de la soberanía nacional, con nuestro principal recurso a preservar, que es el recurso humano, y dentro de ellos, nuestros niñas, niños y adolescentes, sobre todo aquellos que están en situación más vulnerable”.
La ministra recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que Uruguay adhiere, “determina que la infancia es merecedora de una protección especial en sus derechos por parte de los estados”. Sin embargo, “son múltiples las causas que hacen que muchos niños no puedan disfrutar de su infancia a causa de los conflictos, de la violencia, de la pobreza extrema”.
En lo que respecta al MDN, Lazo enmarcó la pertinencia del convenio en los artículos 1 y 2 de la Ley Marco de Defensa Nacional (18.650), aprobada en 2010, que contemplan “dos conceptos fundamentales”: por un lado que “la defensa nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos” y, por otro lado, que “la defensa nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la soberanía”, citó Lazo. A su vez, el artículo 3 expresa que “la política de defensa nacional, como política pública, debe propender a través de acuerdos amplios a políticas de Estado, debe cumplir con los principios generales del derecho interno y del derecho internacional en coordinación con la política exterior del Estado y respetar especialmente los principios de autodeterminación de los pueblos”.
En ese marco, la ministra dijo que “debemos eliminar todo tipo de concepción reduccionista de que la defensa nacional se restringe exclusivamente a lo militar y, por tanto, es una preocupación exclusiva de los militares”. Por el contrario, afirmó, “hay que lograr involucrar en ese tema al conjunto de la ciudadanía, involucrar a toda la sociedad, a los trabajadores, a los estudiantes, a los intelectuales, a los empresarios, a la academia, a los partidos políticos que sustentan la democracia”.
“La defensa nacional tiene un componente militar, las Fuerzas Armadas son responsables de la ejecución de las actividades militares de la defensa nacional, pero la sociedad toda debe involucrarse en estos menesteres”, sostuvo. En ese sentido, consideró que “es primordial” promover “la participación y el compromiso de la población en áreas civiles de la defensa”.
“Era un absurdo prescindir del Ejército Nacional”
En el marco del convenio, se prevé que en marzo, en la Colonia Berro, el MDN presente “las posibilidades de capacitación que ofrece el Ejército Nacional”, desde tocar en una banda hasta carpintería y mantenimiento”, destacó Saavedra en una rueda de prensa. “Todos aquellos que estén interesados van a poder concurrir, siempre de forma voluntaria y compatibilizando esto con otras actividades y responsabilidades que los chiquilines tienen”, aclaró. El presidente del Inisa señaló que durante febrero se terminarán de definir los cupos para cada una de las actividades.
Saavedra aseguró en la ceremonia de firma que “todo el directorio del Inisa está muy comprometido con este convenio”. En el marco de la “multiplicidad de convenios que generan oportunidades de capacitación, de formación y de fortalecimiento institucional” que el Inisa ha firmado en los últimos meses, el suscrito con el MDN “nos ilusiona especialmente”, afirmó.
El presidente del Inisa señaló que el país tiene “un problema gigante en relación con la convivencia”. “Todos los días sufrimos innecesariamente un modo de convivir entre nosotros que no es bueno, que no nos hace felices”, agregó. En este contexto, el instituto “tiene que resolver una parte, que es tratar de que los chiquilines y las chiquilinas que están bajo nuestra responsabilidad y que quieren salir adelante lo puedan hacer y salgan del Inisa y no vuelvan nunca más al Inisa, porque no es un lugar donde tienen que estar los adolescentes”.
Mencionó que un censo realizado por Unicef y Equipos Consultores, que se va a presentar públicamente en marzo, arrojó que el 85% de los adolescentes del Inisa no terminaron el ciclo básico, porcentaje que se mantuvo incambiado desde el último censo, realizado en 2018. “Casi diez años, y no movimos una décima ese porcentaje. ¿Alguien puede pensar que tenemos futuro como país, que estos chiquilines tienen futuro, que sus familias tienen futuro si no logramos mover esa aguja?”, planteó.
“Para resolver ese desafío tan complejo tenemos que utilizar todos los recursos que están a disposición y todas las instituciones que están a nuestro alcance”, afirmó, y en esa línea agregó que “era un absurdo prescindir del Ejército Nacional en esta tarea”, ya que es la única institución “presente en la tierra, en el aire, en el mar y en todo el país”. “¿Nosotros nos íbamos a dar el lujo de prescindir de semejante sabiduría y experiencia acumulada”, preguntó, y remarcó que esa “sabiduría y experiencia” es disfrutada y celebrada en otras ocasiones.
Saavedra puntualizó que “si hubiera alguna cosa que corregir” del convenio, “hay una cantidad de funcionarios y funcionarias en el Inisa, muy calificados, muy comprometidos, que conocen a los gurises y que quieren a los gurises, y hay profesionales capacitadísimos en el Ministerio de Defensa” que “nos van a decir ‘che, muchachos, corrijan esto’”.
“Nosotros estamos convencidos de que esto va a funcionar, pero hay que ver la implementación que se le da”, dijo Perrone
El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone destacó este último punto planteado por Saavedra. En diálogo con la diaria, dijo que es “un mensaje interesante” reconocer que puede haber “espacio a corregir”. “Nosotros estamos convencidos de que esto va a funcionar, pero hay que ver la implementación que se le da”, advirtió, por lo que consideró positivo que se prevea hacer un seguimiento.
Perrone recordó la propuesta del líder de su partido, Guido Manini Ríos, formulada en 2016, cuando era comandante en jefe del Ejército, de poner a disposición las capacidades de la institución “para contribuir a darle una oportunidad a esa juventud que parece haber perdido toda esperanza de vida, que está sin hacer nada, a un paso de caer en malos hábitos”, según recoge una nota de El País de entonces. Con ese antecedente, sostuvo que el convenio “nos parece una medida interesante, así que nosotros vinimos a apoyarla”.
Aunque Perrone fue el único legislador de la oposición presente en el acto, otros dirigentes se manifestaron a favor. Fue el caso del senador nacionalista y exministro de Defensa Javier García, quien sostuvo que con el convenio “ganan los muchachos y la sociedad”. A su vez, apuntó que las críticas dentro del FA provienen de “prejuicios ideológicos y antimilitarismo infantil”.
Por el lado de la bancada oficialista, se hicieron presentes las senadoras Graciela Barrera y Bettiana Díaz y los diputados Víctor Aldaya, Joaquín Sequeira y Julieta Sierra. En una rueda de prensa, Díaz dijo que el convenio es “más positivo de lo que ha trascendido públicamente”. “Para despejar alarmas públicas”, señaló que el programa está vinculado a “los cursos de escuelas técnicas” y “no tiene nada que ver con introducción a la vida militar”, lo cual, “en realidad, no se puede hacer [porque] la mayoría son menores de edad y aquellos que están cumpliendo pena no pueden ingresar a la vida militar”. “Es un delirio pensar que esto tiene que ver con enlistar gurises en el ejército”, subrayó.
“Se sale a hacer alarma pública sin tener muy claro cómo es que funciona el convenio, pero no los escuché horrorizarse cuando estos cursos los dan únicamente organizaciones religiosas de cualquier tipo”, señaló Díaz. Por otro lado, apuntó que “con el último aumento de penas que hubo con la ley de urgente consideración, muchos de estos adolescentes sufren hasta diez años de pena” y “salen siendo hombres grandes que necesitan otras herramientas para insertarse en la vida”.
Comunicado de Casa Grande “contiene algunas inexactitudes que se podrían haber ahorrado si me hubieran escuchado”, dijo Saavedra
Respecto del cuestionamiento de la propuesta realizado por el sector frenteamplista Casa Grande, Saavedra dijo que lo “desacomodó”. Señaló que el lunes 19 una representante del sector se comunicó con él “manifestando ciertas inquietudes”, ante lo cual se ofreció a reunirse “para explicarles cuál es el contenido del convenio, que es un convenio de carácter de cooperación amplia, y explicarles todo lo que venimos soñando y todas las inquietudes que tenemos”.
“El jueves de tarde, sin que me contestaran ese ofrecimiento, me entero del comunicado, que contiene algunas inexactitudes que se podrían haber ahorrado si me hubieran escuchado”, afirmó el presidente del Inisa, para quien el sector “puede estar en desacuerdo”, ya que “eso es parte del quehacer, pero primero escuchame”.
Por su parte, la ministra de Defensa sostuvo que “es legítimo que haya cuestionamientos”, pero consideró que se partió del “desconocimiento de qué decía el convenio”. Además, señaló que le “llegó un comunicado antes de la consulta”. “Yo creo que falta profundizar en el diálogo. Nosotros estamos siempre abiertos porque, por más que hoy seamos representantes de toda la sociedad, el Ministerio de Defensa no es el ministerio del Frente Amplio, es el ministerio de todos los uruguayos”, afirmó.
Serpaj y Afutu rechazaron el convenio
“Nos preocupa enormemente la decisión adoptada por el actual directorio del Inisa de firmar este acuerdo; en lugar de avanzar en convenios orientados a promover el ejercicio de derechos, fortalecer la ciudadanía y la participación, y ofrecer oportunidades educativas diversas, que contemplen distintas identidades”, afirmó Serpaj en un comunicado.
“El Serpaj, como organización de defensa de los derechos humanos, manifiesta un profundo rechazo a este programa. Es grave que, desde instituciones a cargo de la restitución de derechos, en especial los vinculados a la educación, se promueva impartir una educación militar hacia los adolescentes, con participación de las Fuerzas Armadas”, afirmó.
“No es tarea de las Fuerzas Armadas la formación de adolescentes privados de libertad”, quienes requieren “herramientas favorables a su desarrollo integral”. “El Estado cuenta con instituciones específicas y especializadas en materia educativa y pedagógica, que pueden no sólo aportar conocimiento, sino promover el desarrollo de pensamiento crítico”, sostuvo Serpaj.
La organización consideró “peligroso” que se valore a las Fuerzas Armadas “como un ente de ‘capacitación e inserción social’ para adolescentes privados de libertad, obviando la necesidad de debatir profundamente dichas propuestas, que implican la problematización del rol que cumplen las Fuerzas Armadas en nuestro país”. En ese sentido, recordó ese rol “durante nuestra historia reciente, como responsables del terrorismo de Estado, y el gran debe que como institución tienen al día de hoy con nuestra democracia, mientras perpetúan su silencio sobre el paradero de las desaparecidas y desaparecidos”.
En tanto, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) manifestó "preocupación" y "alarma" por la iniciativa del Inisa a través de un comunicado emitido este martes. Catalogaron a la medida de “torpe” y “vacía de todo contenido pedagógico”. “No hace más que criminalizar jóvenes que son productos de un tejido social resquebrajado, de una situación socioeconómica que no resuelve el encierro y la represión”, expresó.
Además, se refirió a los Centros Educativos Comunitarios (CEC), donde se atendía de manera “muy efectiva y formativa” a los adolescentes infractores, que “desaparecieron” por una decisión “absolutamente mezquina” vinculada al presupuesto. En este sentido, exigió a las autoridades “prestar oído” al reclamo presupuestal de la educación “y que sean ella [la educación] y sus instituciones las que se hagan cargo de los estudiantes”.
Asimismo, Afutu cuestionó al Ejército Nacional como “institución que mantiene muchas deudas con la sociedad uruguaya que todavía no han sido saldadas”. “Los cuarteles alojan a nuestros compañeros desaparecidos; que el Ejército utilice su tiempo en su búsqueda”, concluyó.
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