La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) emitió un comunicado en el que criticó el convenio marco firmado este martes entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para que jóvenes privados de libertad participen en instancias de formación y capacitación junto con el Ejército Nacional. El sindicato señaló que las Fuerzas Armadas (FFAA) son “una institución que tiene deudas profundas con el pueblo” y que “no cuentan ni con el conocimiento específico (formación pedagógico-didáctica) ni con la confianza del pueblo para involucrarse en la educación de menores”.

La FUM-TEP expresó su “profunda preocupación” frente a la falta de “diálogos amplios, profundos y cuidadosos con el conjunto de la sociedad” para la toma de este tipo de decisiones, “tal como está proponiendo la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”. En ese sentido, recordó que este año “se va a desarrollar el Congreso Nacional de Educación, instancia privilegiada para procesar debates y elaborar propuestas”. “Democratizar la educación supone que todas y todos los actores implicados puedan participar en la toma de decisiones”, sostuvo.

En segundo lugar, subrayó que “para la formación de niñas, niños y jóvenes existen organismos estatales encargados (ANEP, Udelar y UTEC), con la formación específica para dicha tarea, con amplia experiencia y presencia en todo el territorio nacional”, y aprovechó la oportunidad para reiterar que “desde dichos organismos hace años estamos reclamando un incremento presupuestal, el cual no se ha concretado, y es imprescindible para cumplir y mejorar las funciones de la educación pública”.

“Deudas profundas con el pueblo”

Los maestros también cuestionaron la decisión de involucrar a las FFAA en este tipo de acuerdo, en el entendido de que “se trata de una institución que tiene deudas profundas con el pueblo” porque “hay información que siguen ocultando y hay criminales que no han respondido por sus actos durante la última dictadura cívico-militar”. “Por lo tanto, no cuentan ni con el conocimiento específico (formación pedagógico-didáctica) ni con la confianza del pueblo para involucrarse en la educación de menores”, expresaron.

Por último, el sindicato consideró que esta propuesta “debe ser contextualizada a la situación de violencia a la que están sometidas las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, rango etario donde se concentran los índices más altos de pobreza”, sometidos a “contextos de injusticia, necesidades básicas sin cubrir, inseguridad alimentaria, falta de fuentes de trabajo, el incremento de la incidencia del narcotráfico en las comunidades, etcétera”. “La realidad de menores en situación de privación de libertad obliga a profundizar el análisis de las causas y no a impulsar medidas sin ningún tipo de fundamento”, advirtió.

En esa línea, la FUM-TEP insistió en la necesidad de “comenzar a tomar otras medidas, como la iniciativa de gravar al 1% más rico con una sobretasa del 1% en el impuesto al patrimonio de las personas físicas”, una propuesta impulsada por el PIT-CNT y respaldada por algunos sectores del oficialismo, con el fin de atender la “falta de políticas estatales que prioricen erradicar la desigualdad de origen”, porque “la pobreza y la marginalidad son el resultado de la acumulación ilimitada de quienes se apropian de los frutos del trabajo de otras y otros”.

“Vigilar y castigar”: Sidfe opinó que el convenio refuerza “la idea de que la mano dura es el único camino”

Bajo el rótulo “vigilar y castigar”, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) también emitió un comunicado para expresar su “profundo rechazo” al convenio, calificándolo como “un claro retroceso en las concepciones pedagógicas de nuestro país”. El colectivo exigió que las autoridades revean la medida y sostuvieron que el acuerdo refleja a un Estado que “se deslinda de las acciones educativas” con el objetivo de “vigilar y castigar a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, una decisión “más acorde al siglo XIX” que a la actualidad y que refuerza “el estigma social y la idea de que la mano dura es el único camino”, en contraposición a un enfoque integral de la enseñanza.

Consideraron “inadmisible” que desde el gobierno se ceda la formación de ese sector de la población al Ejército Nacional, una organización “cuyo cometido y lógicas de funcionamiento están claramente alejados de los principios pedagógicos y educativos”. Además, extendieron el cuestionamiento sobre la institución hacia el hecho de que “nunca hizo autocrítica sobre su papel en la última dictadura cívico-militar” y aseguraron que “mantiene la complicidad y el silencio frente a la violación de los derechos humanos”.

Por otro lado, cuestionaron la actuación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y escribieron que su “silencio y/o falta de involucramiento” preocupa al sindicato, puesto que los adolescentes que serán objeto del acuerdo deberían estar bajo su amparo. “Como formadores de docentes para todos los subsistemas reivindicamos siempre el derecho a la educación de la totalidad de los niños, niñas y adolescentes, y de una enseñanza que debe ser crítica, de calidad y enmarcada en los derechos humanos”, reivindicó la misiva.

En vínculo con el Liceo Militar General Artigas, recordaron que “sigue sin estar bajo la órbita de la ANEP” y que sus trabajadores “se contratan en función de perfiles poco claros, por fuera de los ámbitos de elección de horas del resto de los liceos públicos del país y con condiciones de trabajo que difieren de las del resto”. “El Liceo Militar es un coto privativo del MDN y sobre el cual la ANEP no tiene control sobre los conocimientos, estrategias didácticas y valores que allí se imparten”, finalizó el mensaje.