Este miércoles, en el turno matutino de trabajo de la comisión especial que tiene a estudio el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), concurrieron las delegaciones de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y el PIT-CNT para exponer su punto de vista sobre el tratado, que se prevé que sea aprobado por el Senado el próximo miércoles 25.
Los representantes arroceros e industriales mantienen una postura a favor del acuerdo, a diferencia de la central sindical, que considera que se debe profundizar en las “distintas aristas” del tratado, dijo a la prensa el secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, José Olivera, quien concurrió junto con el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Danilo Dárdano, y la secretaria técnica de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, Viviana Rumbo.
El presidente de la ACA, Guillermo O’Brien, destacó en una rueda de prensa que el acuerdo significará un aumento de ingresos para el sector, ya que se dejaría de pagar aranceles que están en el entorno de los 10 a 15 millones de dólares para los productos de baja elaboración, como el arroz cargo. A su vez, señaló que, a diferencia de otros sectores como el lácteo, la industria arrocera no prevé que aumente la competencia dentro del Mercosur por el ingreso preferencial de la producción europea. “No es muy probable que puedan ingresar arroces de Europa, con lo cual, bienvenido para el sector”, afirmó.
La exportación de arroz uruguayo de mínima elaboración, que sirve como insumo de molinos europeos, se ubicó en el 25% en el último año. La cuota de exportación sin arancel del Mercosur a la UE es de 60.000 toneladas anuales para el arroz elaborado, “que es lo que no se vende hasta ahora”, indicó O’Brien. De cara a ingresar al mercado europeo con arroz elaborado, señaló que “Uruguay se tiene que seguir emprolijando” para cumplir, por ejemplo, con “las exigencias en la certificación del origen de los productos alimenticios”, aunque hay un “camino ya allanado”, sostuvo.
Por otro lado, respecto de la negociación de las cuotas de exportación dentro del Mercosur, el gremialista arrocero señaló que en los próximos días se reunirán con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, para “ver cómo procedemos”. “Es importante recalcar que, en el Mercosur, Uruguay es el hermano menor, pero, en el caso del arroz, es quien tiene tradición de exportación a Europa, con lo cual debemos defender ese reparto, y en eso vamos a trabajar en conjunto con la cancillería”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la comisión de comercio exterior de la CIU, Washington Durán, dijo a la prensa que la cámara siempre ha “trabajado en pro del acuerdo”, pero “con un apoyo crítico, planteando cuestiones en las que entendíamos que había sensibilidades para la industria nacional”. Señaló también que la implementación beneficiosa del acuerdo dependerá “de cómo el país se adecue, sobre todo desde el punto de vista de los costos de producción, para que podamos ser competitivos y podamos vender en Europa”.
PIT-CNT: “críticos del acuerdo”, pero con voluntad de reducir los impactos negativos
Olivera consideró que “hay que salir de la falsa dicotomía de discusiones en términos de bueno o malo”, ya que este tipo de acuerdo “tiene enormes implicancias para la vida de un país”. Un eje central del planteo del PIT-CNT es la necesidad de discutir una estrategia nacional de desarrollo. “La discusión es mucho más profunda que si son 5 kilos de arroz más o 5 kilos de arroz menos; la discusión es cuál es la estrategia de desarrollo que Uruguay va a implementar en términos productivos y cómo esto va a ser incluido en esa estrategia”, señaló.
“Somos críticos del acuerdo, pero la voluntad política de la central, y en especial de los sindicatos industriales, es trabajar en conjunto para resolver y traer lo más abajo posible los impactos negativos”, dijo Dárdano a la diaria.
Si bien saludan que “el Parlamento haya convocado actores sociales” para conocer su visión –a diferencia de los otros cuerpos legislativos del Mercosur–, el PIT-CNT cuestionó que el acuerdo haya ingresado al Parlamento “sin que el país cuente, hasta el momento, con estudios de impacto que permitan evaluar de manera rigurosa sus efectos sobre la industria nacional, el empleo, la estructura productiva, las finanzas públicas y el desarrollo sostenible”, sostiene el documento que la central presentó a los legisladores y al que accedió la diaria.
Para el PIT-CNT, “la ausencia de análisis sectoriales y prospectivos limita la posibilidad de un debate informado”. La incertidumbre es mayor, entienden, ya que no se ha negociado la distribución de cuotas dentro del Mercosur ni los estados miembro han “abordado de forma sistemática los eventuales efectos que la competencia europea podría generar”.
Este martes, en la comisión, Csukasi señaló que la intención de contar con el estudio de impacto que se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) este enero “se vio un poco trancada cuando recibimos una primera versión que tenía algunas equivocaciones en cuanto a la comprensión, sobre todo de elementos fundamentales como la implementación de las cuotas”, según consta en la versión taquigráfica. Por lo tanto, el BID está actualizando el documento y se espera “que esté pronto para poder ser presentado quizás la próxima quincena”, dijo la vicecanciller. Además, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe “está haciendo un trabajo parecido”. A su vez, para los sectores que podrían verse afectados, “el BID va a hacer un trabajo sectorial para determinar cuáles son los impactos reales, dónde están las pérdidas de competitividad con Brasil y qué capacidad tiene Europa, realmente, de entrar más y sacarnos de cierto espacio”.
En una rueda de prensa, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian sostuvo que “la cancillería es la primera interesada en tener ese informe completo”, porque pretenden salir a recorrer el país. En la comisión, Csukasi planteó que tienen previsto “un esquema de reuniones desde ahora a los próximos dos meses en Montevideo, pero sobre todo en el interior del país”.
Olivera señaló que los estudios de impacto son “clave” para “poder instalar mesas intersectoriales” para analizar el acuerdo. En ese sentido, en el documento la central plantea que es necesario “avanzar en la conformación de comités sectoriales específicos para el estudio, monitoreo y seguimiento del acuerdo”, los cuales deberían contar con representación del gobierno, de los trabajadores, del sector empresarial y del ámbito académico, “con el objetivo de evaluar periódicamente los impactos en cada rama de actividad, formular recomendaciones de política y garantizar un control democrático efectivo sobre la implementación del tratado”.
En suma, el PIT-CNT considera que “el impacto final del acuerdo dependerá en gran medida de la estrategia nacional adoptada”. Uno de los principales riesgos que señala el movimiento sindical es la “consolidación de un patrón primario-exportador”. Menciona a los sectores lácteo, manufacturero y automotor como posibles afectados por la apertura al mercado europeo.
Por otro lado, sostiene que el avance en la aplicación del Acuerdo Interino de Comercio, y no del Acuerdo de Asociación, “altera el equilibrio original del acuerdo”, que, aunque “desigual”, “buscaba articular la apertura comercial con cooperación, diálogo político y compromisos de desarrollo sostenible”. “La aplicación parcial rompe esa lógica y reduce el instrumento a su dimensión estrictamente mercantil, debilitando los componentes que podrían contribuir a mitigar las asimetrías estructurales entre ambos bloques”, añade.
Aun así, la central sindical advierte que “el acuerdo excede ampliamente la mera reducción arancelaria”, ya que incluye compromisos en materia de liberalización del comercio de bienes, acceso a mercados de servicios, compras públicas, normas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, entre otros. “Desde esta perspectiva, el debate no debería circunscribirse a los eventuales beneficios comerciales de corto plazo (de haberlos), sino considerar los efectos estructurales de largo plazo sobre el empleo, la diversificación productiva, la soberanía regulatoria y alimenticia, y las capacidades estatales para promover un desarrollo inclusivo y sostenible”, afirma.
La diputada frenteamplista Tatiana Antúnez dijo a la diaria que, en general, el planteo del PIT-CNT tuvo “buena receptividad” entre los legisladores. Consideró que es un insumo para “seguir activando el diálogo” y “seguir haciéndonos las preguntas que hay que hacerse en relación con estos temas, porque acá se juega un modelo de desarrollo, una estrategia en términos de país, no solo en los vínculos comerciales”.