El colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido (Nitep) fue crítico con el desarrollo del Operativo Calle para retirar a personas que pernoctan a la intemperie, al menos circunscrito al Municipio Ch. En un escrito en redes sociales planteó que implica “barrer debajo de la alfombra y expulsar a esa gente para el Municipio B”. Este martes la diaria Radio recibió a María Rubí Márquez, una de las integrantes del colectivo, quien declaró que “todo el tiempo se padecen estas acciones” y “no es que hayan empezado ahora”, aunque se hacían sin la aplicación formal de la Ley de Faltas “en el entendido de que las personas en situación de calle molestan al vecino”.

Ahora que desde el 22 de enero se oficializó, y aunque desde la agrupación entienden que no pueden detener la aplicación de las medidas, Rubí Márquez denunció “formas muy brutales” y dijo que han presenciado “golpes, empujones y malos tratos a personas que estando en esa situación son levantadas de una forma que no corresponde; no corresponde y punto”. “Aplicar la ley de esa manera –el colectivo así lo entiende– es un poco pasar al barrer una situación que en realidad hay que repensarla y accionar en pro de su mejora”, afirmó. Indicó que en la actualidad se habla de unas 13.000 personas en situación de calle a nivel nacional y “de ahí para arriba”, número que representa “la última cifra que ha venido” al intercambiar información en el marco de su vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“No ha sido buena la gestión y sigue no siendo buena”, cuestionó. También criticó que la Ley de Faltas se aplicara “de golpe y porrazo”, porque fue “de un día para el otro”, y dijo que, en ese contexto, “las personas en situación de calle, frente a todo lo que es el Estado, estamos en falta”. Además, el hecho de identificarlo como una falta también implica que estén “mal con todo el mundo”, porque el vecino “también dice ‘no podés estar en mi puerta’ y hay toda una cuestión”.

Otro eje son las pertenencias. Aseguró que “se pierden siempre” durante los operativos y “no es algo que llegue con la persona”, aunque “esos cartones y esa ropa en mal estado y capaz que sin lavar” son las únicas pertenencias de una persona en situación de calle y “las va a querer proteger como cualquiera de nosotros”. Sobre los refugios que ofrece el Mides, aceptó como un hecho el factor de que “si vos tenés una camita, un espacio muy pequeño, y lo único que podés colgar es un bolsito”, si todos “entran con diez bolsos, es imposible”. El lunes, Presidencia informó sobre “la limpieza de unas 20 toneladas de residuos retirados de campamentos desplegados en la vía pública”.

“Nosotros queremos incidir en las formas de política. En este momento, yo creo que hay una apertura –quiero entender que hay una apertura– para que podamos arrimar algún tipo de proyecto que cambie, que establezca la diferencia, porque evidentemente no da resultado lo que han hecho hasta ahora. El Mides tiene que reconocerlo [...] y si bien estas reuniones que se hacen de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle tiene mucha conversa, ya llevamos todo un año de conversa y la situación es la misma”, condensó. Consultada sobre la situación en el interior del país, reafirmó que por las características y la naturaleza del colectivo es complejo alcanzar otros departamentos. Exhortó, con relación a personas que no necesariamente estén en situación de calle, que “deberían acercarse” y “querer ser parte del colectivo en la medida de poder realizar, de repente, esas gestiones que hicieran que Nitep tuviera una voz y un voto más jurídico”.

Aunque con algunas críticas, un modelo a cargo de “agentes comunitarios” tuvo mejores resultados

La presencia del Mides en los despliegues también es un foco nodal en el debate y su ausencia es un elemento que cuestionó Nitep. El lunes, el propio ministro Gonzalo Civila dijo a la emisora que “la vinculación directa del Mides con operativos donde interviene el uso de la fuerza no es algo procedente para el trabajo cotidiano con las personas”. Rubí Márquez informó sobre una reunión con el jerarca durante la semana pasada y, aunque todavía no cuentan con una posición colectiva, a título personal aseveró que “los ministerios no se pueden pisar a sí mismos”, sino que cada uno “tiene una función” y hacerlo “sería grave porque cada ministerio va a poner su pared”. “Creo que las partes deben conversar”, afirmó, e incluyó en el razonamiento a la Intendencia de Montevideo (IM), porque “cuando suceden estas cuestiones el territorio esencialmente es de la IM”.

“El Mides no te va a levantar un campamento, y el Mides de repente capaz que en su función sí tiene la obligación, me parece a mí, de velar por que esas personas sean tratadas de la manera más humana posible”, planteo sobre el rol de la cartera. Opinó que la “principal” cuestión de fondo, sin embargo, es que el MI no puede “dedicarse a levantar a personas en situación de calle porque su rol es combatir el delito o mantener el orden de la ciudad en la que está incluido el delito”, mientras que las personas sin hogar “no son delincuentes”.

“Nos duele. Es como ‘a estos los barremos’ y ya está todo bien, sin una explicación. Somos parte de la ciudadanía y, en esa negación de una realidad que es un problema de todos y para todos, yo creo que todos tienen que ponerse un poco la camiseta”, reflexionó.

Como contraste al Operativo Calle, aunque aún con algunas críticas vinculadas con aspectos edilicios, Rubí Márquez señaló a los protocolos de contingencia, un modelo que “implementa el Mides” e implicó salir en camionetas para levantar a personas durmiendo en la calle durante la noche con el objetivo de dirigirlas al centro de Casavalle en el marco de “un ejercicio que se hizo mayoritariamente dentro del Municipio B” y generó “el dispositivo Puertas Abiertas”, que “no está mal”. A pesar de puntualizar que muchos de esos centros finalmente cerraron y no fueron “claras ni limpias” las formas en que se establecieron los lugares, de acuerdo con la entrevistada, en uno de ellos se estaba “logrando una comunidad” y el diferencial positivo se vincula a que “se hacía entre civiles, un equipo que trabaja bajo la normativa de un acuerdo con el Mides” y “agentes comunitarios que estuvieron en calle o que viven todavía en esa situación”.