Milton Romani, exembajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), fue seleccionado para integrar un grupo de expertos independientes de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND, por sus siglas en inglés), que tiene el mandato de fortalecer el sistema internacional de fiscalización de drogas.

La función del grupo nace “cuestionada”, en tanto los organismos multilaterales que lo acogen “han guardado un silencio brutal” respecto de la violación de Estados Unidos al derecho internacional, dijo Romani a la diaria. Además, enfrenta problemas de financiación y, a diez meses de su creación, aún quedan las vacantes de los representantes de Europa Oriental y Europa Occidental, las cuales deberán ser ocupadas durante el 69º período ordinario de sesiones de la CND, que se celebrará en marzo de 2026.

Para Romani, el grupo “atraviesa un boicot” por parte de los países que no apoyaron su conformación y tienen otra visión sobre las políticas de drogas. No obstante, reconoció que, como “un gran foro de debate”, podrá abordar la “tensión política, social y humanitaria” actual. “Se quiera o no se quiera, va a haber un balance de lo que ha sido el desastre de la guerra contra las drogas y las consecuencias muy malas que ha traído este enfoque”, afirmó.

¿Qué motivó la creación del panel de expertos independientes?

La Comisión de Estupefacientes es un órgano de Naciones Unidas, más concretamente de lo que se llama el Ecosoc [Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas], que está integrado por 53 estados que se reúnen anualmente en Viena y que toma las decisiones de las políticas de drogas a nivel global. Uruguay ha tenido una trayectoria en la Comisión de Estupefacientes, porque ingresó en 2008 presentando una declaración junto con la sociedad civil que proponía la debida adecuación de los órganos y de los instrumentos de derechos humanos a las políticas de drogas. Ese fue un tema muy resistido, con mucha oposición de varios estados que tienen una visión punitiva y prohibicionista.

Tenemos la CND, tenemos una oficina ejecutiva que es la ONUDD [Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito] y tenemos la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes [JIFE], que es un organismo cuasi jurisdiccional que vela por el apego a las convenciones. En el último período [de sesiones de la CND], el 68°, que fue el 14 de marzo de 2025, Colombia, bajo la dirección de la embajadora Laura Gil, impulsó una crítica al sistema de fiscalización y la necesidad de crear un grupo de expertos independientes que revisara el sistema internacional y propusiera reformas para fortalecerlo. Insólitamente, Estados Unidos pidió que se votara. En Viena existe lo que se llama ‘el mito del consenso de Viena’, por lo cual no está muy bien visto pedir votaciones. En este caso, el Estados Unidos de [Donald] Trump dijo ‘vamos a votar’, y Colombia cosechó 30 votos a favor de la declaración, 18 abstenciones y 3 en contra: Estados Unidos, Rusia y la Argentina de [Javier] Milei.

¿Qué características tiene su conformación?

El grupo de expertos internacionales no representa a sus estados. Son independientes y pueden decir lo que quieran. Ya, de movida, me estoy protegiendo [risas]. Yo en el grupo de expertos puedo tener mis opiniones, que no necesariamente van a coincidir con el gobierno o con el Estado de Uruguay. Son 19 expertos. Diez corresponden a dos por cada región: América Latina y el Caribe, África, Asia, Europa Oriental y Europa Occidental. Cinco ya fueron designados por el secretario general [de la ONU], António Guterres, tres por JIFE y uno por la Organización Mundial de la Salud. La Junta Nacional de Drogas y la cancillería propusieron mi nombre, porque hay que nominar, y dentro del grupo de América Latina y el Caribe hubo consenso en que yo fuera uno de los expertos de la región junto con un colega ecuatoriano.

Este grupo no tiene suficiente financiación. La ONU atraviesa una crisis financiera brutal, pero [este grupo] también atraviesa un boicot y un ataque de aquellos que perdieron y de aquellos que tienen otra visión porque sospechan que este grupo de expertos puede tener avances importantes en el sentido de la regulación, de nuevas regulaciones.

¿Cómo debe pararse el panel frente a esta coyuntura?

En lo que tiene que ponerse de acuerdo este grupo de expertos es en una declaración política previa –yo te adelanto lo que voy a plantear– para exigir a los estados miembros de la Comisión de Estupefacientes un apego al derecho internacional. Porque si vamos a reformar el sistema internacional de fiscalización y vamos a tener que soportar que haya un país que esté bombardeando y ejecutando extrajudicialmente… Estados Unidos desplegó una flota con un portaaviones, tres cruceros, un submarino nuclear, 87 aviones y ejecutó a 85 personas, supuestamente narcotraficantes. Eso está fuera de todo el sistema. Y llama la atención que la Comisión de Estupefacientes y la JIFE han guardado un silencio brutal. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Si Estados Unidos es el que va a marcar la guerra de las drogas 3.0, bueno, nosotros no tenemos nada que hacer acá.

En principio, está cuestionada la labor de este grupo de expertos, en el sentido de que hay una realidad por la cual hay un Estado miembro que se arroga las potestades de implantar y de llevar adelante la pena de muerte. Eso es inadmisible.

¿Qué rescatás de espacios multilaterales como la comisión de expertos, teniendo en cuenta esa realidad?

Yo creo que es la constitución de un gran foro de debate. Hay una tensión política, social y humanitaria importante. Y yo creo que allí, se quiera o no se quiera, va a haber un balance de lo que ha sido el desastre de la guerra contra las drogas y las consecuencias muy malas que ha traído este enfoque de pretender prohibir, y, por lo tanto, resolver el problema. No hemos resuelto el problema. No es una cuestión a resolver. Es un problema al que hay que acercarse, hay que convencer y hay que mostrar evidencia científica.

Entonces, hay una tensión y un debate en curso, y yo creo que este grupo, que además ha sido una conquista diplomática, es un buen lugar para continuar y avanzar en ese debate.

¿Se aceptaría una declaración que emplee el concepto de narcoterrorismo?

No, eso no. El terrorismo no es un fenómeno comparable al tráfico de drogas, que es lo que está en cuestión. Es crimen organizado, en realidad, que se dedica al tráfico de sustancias, también al lavado de dinero. El crimen organizado gira en varios rubros, no solamente en drogas, en trata de personas, en comercio de armas. El terrorismo es un fenómeno que no tiene absolutamente nada que ver, aunque quieran forzar, como este papelón del Cártel de los Soles.

El crimen organizado es más parecido a los empresarios capitalistas que buscan maximizar su ganancia que al terrorismo, que es un fenómeno de carácter criminal, un problema político, religioso, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Hay una deliberada intención de, con esa palabrita, mandar misiles y no darle cuenta a nadie.

Mirando experiencias recientes de la región, ¿qué avances o iniciativas destacás como aportes relevantes sobre nuevas políticas de drogas?

Ha habido intentos muy parciales. En primer lugar, Canadá, que convirtió en jurisdicción nacional [la legalización de la marihuana], y algunas experiencias en Colombia; algunas experiencias, incluso, en Argentina, en Bolivia. Debo decir que las iniciativas de reforma de las políticas de drogas han sido pobres. Yo creo que el argumento de que dependés de la situación global o internacional es falso, y Uruguay lo demostró. Es cuestión de tener la autodeterminación de decir “voy a hacer esto”. Y Uruguay lo hizo. Uruguay hoy tiene ya 12 años de regulación del cannabis y tiene institucionalidad. Además, hoy en día está integrado un poco a la cultura cívica.

¿Hay alguna experiencia que Uruguay debería estar analizando?

Sí, la de Suiza, sin lugar a duda. Suiza tiene un programa médico de dispensación legal de heroína. Es decir, [para] aquellas personas que no han asumido, no han encajado en la sustitución de opioides, en sustituir por metadona, el ciudadano va allí y el Estado le da la heroína. Son muy pocos, es un programa médico, tenés que ingresar, pero es legal la heroína en Suiza.

Suiza es uno de los líderes en materia de reformas de políticas de drogas. En materia de legalización de la marihuana, ellos están haciendo dos o tres programas distintos en distintos lugares para ver cómo les va. Se trata de una experiencia médica, y los suizos avanzan en esa materia como avanzaron con la heroína.

Me parece que Uruguay podría aprender mucho de estas cosas que son [para] reducir daños. Si nosotros tenemos adictos severos a los opioides, bueno, habría que ensayar un lugar, un espacio específico bajo control médico para dispensar eso. Y no sé si no tendríamos que tener un sistema igual para la pasta base.

Atacar el narcomenudeo por sí solo “es un desgaste de la fuerza del Estado y una intensificación de la violencia”

¿Cómo ves la estrategia de control del narcotráfico que lleva adelante el gobierno? El Ministerio del Interior ha desarrollado una política de “disuasión focalizada” centrándose en los líderes de las bandas de narcotraficantes locales. ¿Qué opinás?

Si hay conciencia de que eso no nos resuelve el problema… Hay que actuar, de todas maneras, porque las bandas de narcomenudeo, además de traficar drogas, generan inseguridad en los barrios. Ahora, yo soy un convencido de que hay dos temas que son prioritarios y que si seguimos atacando el narcomenudeo por sí solo, es al pedo, es un desgaste de la fuerza del Estado y una intensificación de la violencia. Hay dos piedras que hay que mover. La corrupción a todo nivel; en el nivel ciudadano, pero sabemos que hay niveles de corrupción a nivel de las aduanas, de la Policía y de los gobernantes. Y después, la ruta del dinero.

Independientemente de que es inevitable combatir el narcomenudeo, [hay que hacerlo] a conciencia de que eso resuelve un aspecto del problema, pero no resuelve el problema del tráfico de drogas, al que hay que atacar de otra manera. Las rutas o los mecanismos y los elementos para el gran transporte o el pequeño transporte son múltiples. Es imposible abarcarlos todos. Nos han hecho creer que la reducción de la oferta y la punitividad salvan el problema.

Uruguay hace tiempo que pasó de ser un país de acopio a uno de tránsito de droga. ¿Qué implica este cambio? ¿Qué desafío supone para una estrategia de control?

El problema que tiene Uruguay, además, es que han empezado a crecer los niveles de consumo de cocaína, por ejemplo. El problema es que estamos siempre en lo mismo. Se quejan en Bruselas de que agarran un contenedor con cuatro toneladas, pero no es que la oferta induce, es la demanda que genera el tráfico. Por supuesto que ahí hay una alerta, porque el acopio significa otro tipo de personal que cuida el acopio, pero yo no creo que cambie sustancialmente el problema. La hidrovía sigue siendo una vía de salida.

Sobre la JND, hace un par de años propusiste una reconfiguración de su diseño hacia una Junta de Convivencia y Seguridad. ¿Lo mantenés?

No lo mantengo porque, bueno, se ha resuelto de otra manera. A mí me parecía que era un organismo multiagencia que podía abarcar otros aspectos, que no fuera solamente [sobre] el tema de política de drogas. Pero perdí con todo éxito en esa idea.

¿Qué cambio le harías a la JND?

La Junta Nacional de Drogas es una piedra preciosa en la institucionalidad uruguaya. Por lo tanto, hay quienes me dijeron “no la toques”, porque es un organismo integrado por nueve subsecretarios, tiene una secretaría ejecutiva, está a alto nivel y ha respondido muy bien. Se ha demostrado que la junta funciona. Tiene iniciativas. A mí lo que me parecía es que aprovechar esa institucionalidad para abarcar los temas de seguridad y convivencia podía ser una salida interesante, partiendo de la premisa de que la seguridad no es un tema ni de la Policía solamente, ni del Ministerio del Interior solamente.

A casi 13 años de la regularización del cannabis, ¿qué balance hacés y qué ajustes identificás que debería tener la normativa?

Yo creo que la experiencia ha sido positiva. Hay que ampliar el número de socios de los clubes, hay que permitir las alianzas, hay que rever el registro previo, porque eso limita a quienes consumen. Lo otro que escuché que van a instrumentar es la venta para turistas. ¿Por qué no? Creo que hay que ampliar el mercado, hay que seguir disputándolo con el prensado paraguayo. Ya estamos en un nivel interesante; hay que profundizar. Y creo que hay que hacer ensayos con otras sustancias. ¿Con la cocaína, por qué no? Yo creo que no es lo mismo, pero podríamos.